El plan de ajuste económico del Gobierno ha ido añadiendo, a cuentagotas, nuevas medidas. Una de las últimas aludió a la banca y desató un polvorín que ameritó días para ser aplacado, pues si bien el contenido de la resolución sobre el encaje legal a la postre aclaró el alcance de la decisión, las declaraciones contradictorias de las autoridades generaron dudas e incertidumbre.
El encaje bancario sobre el que se dictó una nueva estipulación es el porcentaje de los depósitos totales que el sistema financiero debe mantener como reserva líquida -en este caso en el Banco Central de Venezuela (BCV)- y no puede ser utilizada para invertir o hacer préstamos. Desde 2014, la cantidad “congelada” en manos del instituto emisor oscilaba entre 21,5% o 31%.
Sobre esta porción de recursos fue que se pronunciaron el presidente del BCV, Calixto Ortega Sánchez; y el vicepresidente del área económica, Tareck El Aissami, y posteriormente se publicó la resolución N° 18-08-01 en Gaceta Oficial 43.040.
El cambio del importe del encaje suele ser una medida técnica que no reviste mayor complicación, pero en este caso, Ortega Sánchez dijo que llevarían la reserva “al 100% de los depósitos que comenzaron a ser recibidos desde el 1° de septiembre”. Mientras que el segundo anunció que se restringiría el manejo de las captaciones públicas para que “el sistema bancario no utilice ese dinero para reciclarlo o inyectarlo a otros destinos como créditos comerciales”.
En ambas versiones prácticamente se sentenciaba a la banca, pues como lo dijo el director de Econométrica, Henkel García, lo dicho hubiera implicado “una restricción drástica del crédito bancario”, ya que cada bolívar de aumento en depósitos a partir de este mes debía mantenerse en la cuentas de BCV sin poder utilizarse, con lo cual la banca habría tenido serias limitaciones para otorgar préstamos.
Este escenario fue el que generó preocupación, pero la resolución del BCV, echó por tierra lo dicho por ambas autoridades, y ante lo cual García enfatizó que “si hay una institución que debe ser cuidadosa con sus declaraciones es el banco central del país”.
No aclaren...
Lejos de lo expresado por los voceros gubernamentales, en torno a la paralización del crédito, en la normativa se ordenó a las entidades financieras “mantener un encaje especial, adicional al encaje ordinario (…) igual al 100% sobre el incremento de las reservas bancarias excedentes al cierre del 31 de agosto de 2018”.
En otras palabras, el BCV no limitó el acceso al crédito bancario, sino que impuso un encaje a las reservas excedentarias, que son los recursos adicionales al encaje ordinario, o el dinero ocioso de la banca, de manera que 100% de ese dinero, de no ser prestado, tendrá que ser depositado en el BCV.
Basado en lo establecido por la norma, el director de Econométrica indica que la medida se traduce en todo lo contrario a lo dicho por Ortega Sánchez y El Aissami, ya que “los bancos estarán interesados en acelerar el crecimiento del crédito”, pues todos los recursos extras que no presten tendrán que ser depositados en el BCV, en lugar de ganar algún tipo de interés.
Su estimación es que el “crédito bancario sí se podrá expandir”. Algunos analistas además anticipan que la acción busca principalmente que la banca le preste esos recursos ociosos al Gobierno comprando títulos de deuda públicos, pues los préstamos tradicionales están rezagados por la recesión, el análisis de riesgo y topes legales.
Caracas / Andreína Vargas
