La reactivación de la Mesa de Diálogo -suspendida en octubre de 2021 luego de la extradición del empresario Alex Saab a EE. UU.-, ha estado supeditada por 12 meses al interés del Gobierno en lo que la oposición estuviera dispuesta a ofrecer.
De hecho, se daba por descontado el poder en negociación del antichavismo -respaldado por la comunidad internacional-, y la ventaja que tenía si jugaba bien las cartas a su favor. Una baza nada desdeñable que incluía, principalmente, abogar por la flexibilización de las sanciones económicas impuestas por la Casa Blanca desde 2017, pero también, permitir la revisión de casos judiciales que cursaban en el exterior -como el del propio Saab.
A cambio, la Plataforma Unitaria buscaría conseguir desde mejores condiciones electorales -de cara las presidenciales de 2024-, hasta la liberación de presos políticos.
Sin embargo, en las últimas semanas, esa ventaja que tenía la oposición en sus manos parece comenzar a escaparse entre los dedos, al menos así lo apuntan algunos analistas y activistas políticos.
“Para algunos analistas, el asunto no es que EE. UU. esté debilitando las negociaciones de la oposición al lograr acuerdos directos con Maduro: el problema es que la propia debilidad de la oposición está dinamitando la posibilidad de acuerdos reales”.
Un ejemplo de ello fue la liberación de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores, condenados en diciembre de 2017 en Nueva York a 18 años de cárcel por narcotráfico, la cual tomó por sorpresa a más de un dirigente de la Unidad. En un acto de pragmatismo, la administración del presidente Joe Biden, había canjeado a los sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, por siete ciudadanos estadounidenses -presos en Venezuela- incluyendo cinco ejecutivos de Citgo, filial de la petrolera estatal.
Se trataba de una negociación directa, que daba la impresión de pasar por alto y excluir al antichavismo en sus deliberaciones y acuerdos.
Y eso no es todo. La semana pasada el diario The Wall Street Journal, aseguró que Biden estaría evaluando flexibilizar sanciones petroleras a Venezuela, para permitir a la empresa Chevron reanudar sus operaciones y activar la producción de crudo en territorio nacional, allanado así el camino para la reapertura del comercio con EE. UU. y Europa. Con ello, se abriría el candado a las restricciones impuestas desde 2019, dando, de paso, oxígeno a las finanzas nacionales.
“Maduro sin negociaciones en México ha logrado todo lo que plantea. Liberación de narcosobrinos, eliminación de sanciones a Malpica Flores, licencia renovada y de mayor calado a Chevron, recursos liberados, ignoran crímenes de lesa humanidad. Todo a cambio de nada. ¿Negociación?”, escribió el dirigente de la Causa R, Andrés Velásquez la semana pasada, dando por descontado que el barco del diálogo con la oposición comenzaba a hacer agua.
Al respecto, el consultor político y abogado, Aldo De Santis, advierte que las negociaciones entre el gobierno nacional y la administración Biden -que incluyeron el canje de siete estadounidenses por los sobrinos Flores-, forma parte de un juego mucho más grande de lo que aparenta.
“Sería ingenuo de nuestra parte pensar que estas negociaciones unilaterales no forman también parte de la generación de un entorno, de un ambiente menos hostil entre los actores interesados, para luego también promover todo lo que esté relacionado con el tema electoral”, explicó De Santis a El Tiempo.
El experto advierte que “creer que las negociaciones entre el gobierno de Biden y el régimen de Nicolás Maduro son absolutamente independientes y que nada tiene que ver la oposición”, no sería coherente con la política de Estados Unidos que, por ejemplo, recientemente respaldó la permanencia de Gustavo Tarre Briceño como embajador del gobierno interino de Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos (OEA); al igual que ha votado por la condena a la violación a los derechos humanos por parte del madurismo, de acuerdo a lo establecido por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“Entonces, todo esto se encuentra dentro de un juego mucho más amplio. Sin duda, más que negociar condiciones electorales, que todos sabemos que van a ser adversas, de lo que se trata ahora es de lograr acuerdos mínimos. Creo que ya llegó un punto donde debemos tener claro que hay que llegar a unos acuerdos mínimos de cara a las elecciones del 2024, donde ya todos los actores han dicho públicamente que van a participar”, precisó De Santis.
Así, pretender condiciones amplias que logren evitar completamente los ventajismos electorales y satisfacer todas las exigencias de transparencia de los opositores, estarían fuera de la realidad en el actual escenario.
Al menos desde el punto de vista mediático y de lo que se ventila abiertamente ante la opinión pública, pareciera que la Casa Blanca no tiene interés en dar una imagen de cambio de política o de debilidad frente al gobierno de Maduro.
El pasado 6 de octubre durante una charla con periodistas, el mandatario estadounidense fue consultado sobre qué debía hacer el jefe de Estado venezolano para que la sanciones se relajaran. “Mucho”, respondió Biden, y agregó “hay muchas alternativas, todavía no nos hemos decidido”.
Por su parte, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, apuntó que la política de sanciones a Venezuela se mantenía “sin cambios”.
Más específico fue el ex encargado especial del gobierno de EE.UU. para los asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, quien justificó el canje de los sobrinos de la primera dama. “Esos narcosobrinos no tienen nada útil que decir a EE.UU. hoy, pero Alex Saab sí que tiene cosas útiles que decir sobre Maduro y Cilia Flores”, agregó Abrams.
Para algunos analistas, el asunto no es que EE.UU. esté debilitando las negociaciones de la oposición al lograr acuerdos directos con Maduro: el problema es que la propia debilidad de la oposición está dinamitando la posibilidad de acuerdos reales.
El politólogo Daniel Santolo advierte que el jefe de Estado ha superado las crisis políticas internas y se ha fortalecido en los últimos años -habitualmente los mecanismos de diálogo de años anteriores, han surgido en el contexto de escaladas de violencia de calle, algo que no ocurre en este momento. Agrega que el madurismo ha logrado también, en cierta medida, sortear el problema de las sanciones.
“Maduro ha aguantado y ha logrado negociar algunas cosas directamente con el gobierno de los Estados Unidos, ‘baipaseando’ lo que son los diálogos de la Mesa que se habían propuesto en México”, dijo Santolo.
No obstante, desde su punto de vista, el antichavismo es el que se encuentra a la deriva. “Hay sectores de oposición que siguen esperando una negociación, para solicitar, presumo, condiciones electorales en una Mesa de Diálogo. Pero hasta ahora no ha sido definidas con claridad. El problema pasa porque el sector de la oposición que ha venido jugando a la abstención en otras oportunidades asuma seriamente la ruta electoral y pareciera que no es así”, subraya. A su juicio, existen pretensiones ya asomadas por los adversarios del Gobierno que no son viables y por sí mismas torpedean el éxito de una estrategia electoral para 2024.
“Por ejemplo, pretenden que participen candidatos inhabilitados ¿cómo tú vas a hacer unas primarias con inhabilitados? Yo soy contrario a las inhabilitaciones, eso es violatorio a la Constitución, pero es una realidad política. ¿Vas a presentar a un grupo de inhabilitados como candidatos? Bueno simple, el Gobierno no los va a inscribir”, explica.
Agrega, por otro lado, que el madurismo sí sabe a dónde va, tiene clara cuál es su política, está negociando con Estados Unidos y está montando su estructura partidista para el 2024.
“Pero la oposición no puede seguir en el devaneo, de si va o no va a participar, o si el Gobierno le da o no las condiciones electorales. Hasta que la oposición no entienda que tiene que asumir con fuerza, con realidad, el proceso electoral que va a estar plagado de irregularidades, de ventajismo por parte del chavismo, esto no va a ninguna parte. Si la oposición quiere ir a competir, que busque al mejor candidato posible para derrotar el Gobierno”.
La última vez en que la Plataforma Unitaria anunció la pronta reactivación del diálogo fue el pasado 15 de agosto. En aquel momento, el jefe de la delegación opositora que participó en los acercamientos de México, Gerardo Blyde, afirmó que existían “altísimas probabilidades” de que la Mesa de Diálogo se volviera a instalar con la facilitación del reino de Noruega.
Esto ocurrió antes de la liberación de los sobrinos Flores, de que se ventilara el otorgamiento de las licencias de producción a Chevron, y también, en medio de una merma de los apoyos de países en la región, como el reciente caso de Colombia.
El 20 de septiembre, tres meses después del triunfo de Gustavo Petro en las presidenciales del vecino país, se materializó el regreso de la petroquímica Monómeros, ubicada en Barranquilla, a manos del gobierno de Maduro. La empresa filial de Pdvsa, dedicada principalmente a la producción de fertilizantes, había estado controlada por el gobierno interino de Juan Guaidó desde 2019.
En este escenario, resulta obvio que la presión internacional a Maduro no es la misma que hace tres años. Y tal vez para la oposición ha llegado la hora de bajar las apuestas y ser menos ambiciosos en un eventual diálogo con el Gobierno. Quizá ha llegado el momento de asegurar como ganancia, según apuntan distintos analistas, condiciones mínimas electorales para la consulta presidencial de 2024, y enfocar las energías en reconstruir la confianza de los votantes en su liderazgo.
Caracas / Rodolfo Baptista / Rafael Arias
