Un informe titulado "Inquebrantables: Violencia contra las mujeres en la política venezolana", elaborado por el Laboratorio de Paz documenta las múltiples formas de violencia que enfrentan 23 mujeres con trayectoria partidista y pública en Venezuela. El estudio, de carácter cualitativo y exploratorio, se basó en entrevistas semiestructuradas y cuestionarios, complementados con análisis de estándares internacionales, revisión del marco jurídico interno y documentación de organismos de derechos humanos. La investigación fue recabada tras los sucesos del 3 de enero de 2026 y los acontecimientos postelectorales del 28 de julio de 2024, en un contexto marcado por fallas severas de servicios públicos y restricciones al espacio cívico.
El informe adopta la definición de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política (MESECVI/OEA, 2016), que describe la violencia contra mujeres políticas como cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros, que basada en su género cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres y tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. Esta violencia puede ocurrir en ámbitos familiares, domésticos, en el espacio público (partidos, sindicatos, redes sociales, medios) y puede ser perpetrada o tolerada por el Estado.
Aunque Venezuela cuenta con un marco legal formal avanzado, que incluye la Ley de Igualdad de Oportunidades de 1999 y la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reformada en 2021, el informe señala una brecha insalvable entre la norma escrita y la protección real. Los autores explican esta paradoja mediante el concepto de legalismo autocrático: el uso de reformas, leyes e instituciones con apariencia garantista para consolidar el poder, restringir el pluralismo y erosionar controles democráticos.
Las cifras revelan una realidad dual. En la Asamblea Nacional, la representación femenina pasó de 9,6% en 2000 (16 de 165 escaños) a 40,7% en 2025 (116 de 285). Sin embargo, en cargos ejecutivos unipersonales el rezago es severo: en 2021, solo 13,0% de las gobernaciones (3 de 23) y 18,0% de las alcaldías (60 de 335) estaban en manos de mujeres. De 38 dirigentes políticos inhabilitados administrativamente analizados en el informe, 6 son mujeres (15,7%). Al menos 10 partidos políticos clave han sido intervenidos por la Sala Constitucional del TSJ, que nombró juntas ad hoc en organizaciones como COPEI, AD, PJ, VP, PPT, Tupamaro, Bandera Roja, NUVIPA, PCV y AP.
El impacto de la Emergencia Humanitaria Compleja también tiene rostro de género. Para 2023, 20,1 millones de personas presentaban privaciones de derechos fundamentales y 14,2 millones necesidades humanitarias críticas. Según la Encuesta de Uso del Tiempo de 2023, 88,7% de las mujeres realiza trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, frente a 60,7% de los hombres. Las mujeres dedican en promedio 5 horas y 15 minutos diarios al cuidado no remunerado, comparado con 2 horas y 58 minutos en los hombres, una sobrecarga que limita drásticamente el tiempo disponible para la militancia o la formación política.
Tras las elecciones del 28 de julio de 2024, se registraron 1.311 protestas en julio (915 entre el 29 y 30 de julio), más de 2.000 detenciones arbitrarias y al menos 24 a 25 personas fallecidas, la mayoría hombres jóvenes en sectores populares. Las mujeres representaron 28,8% de las víctimas de hostigamiento en la fase preelectoral. Al menos 246 mujeres fueron detenidas tras las elecciones, incluidas 28 niñas.
La Misión de la ONU investigó 11 casos directos de violencia sexual y basada en género en el contexto postelectoral, que incluyeron amenazas de violación, desnudez forzada, tocamientos en senos, glúteos y genitales, requisas invasivas e insultos sexistas. Entre las periodistas y comunicadoras detenidas figuran Ana Carolina Guaita, Carmela Longo, Deisy Peña y Nakary Mena Ramos.
El estudio identifica seis hallazgos fundamentales:
Primero. La participación política se desarrolla bajo condiciones de riesgo personal y familiar: 100% de las entrevistadas teme ser judicializada o investigada por su labor política, 100% conoce a otras mujeres perseguidas, detenidas o judicializadas, y 100% ha modificado decisiones o su participación para proteger a su familia. Además, 82,6% reportó seguimiento o vigilancia y cambió su discurso público, mientras que 87% brindó apoyo a presos políticos o familiares y 100% considera que esta labor implica riesgos directos de intimidación, estigmatización o violencia de género.
Segundo. Constantemente se pone en duda la autoridad política de las mujeres mediante descalificación técnica o moral basada en estereotipos machistas, utilizada como herramienta recurrente para restar vigencia al liderazgo femenino.
Tercero. El poder real se concentra en redes masculinas: aunque las mujeres sostienen las bases operativas de los partidos, las decisiones estratégicas y de financiamiento se mantienen dentro de círculos masculinos informales.
Cuarto. Se usa el cuerpo y la vida privada para deslegitimar mediante campañas de difamación, violencia digital, ataques contra la reputación personal e injerencia en la maternidad y sexualidad para frenar la exposición pública.
Quinto. Existe una normalización de la violencia política dentro de los propios partidos, con ausencia de protocolos internos de prevención, sanción o denuncia en las organizaciones políticas opositoras o del oficialismo, donde las agresiones internas suelen asumirse como el costo normal de estar en política.
Sexto. Las mujeres funcionan como sostén fundamental de la organización y el cuidado político: a pesar de la represión y la precariedad, lideran la resistencia cívica, el activismo por la liberación de presos políticos, las redes comunitarias de subsistencia y la defensa de derechos humanos.
Los testimonios recabados capturan la densidad cualitativa del impacto humano de la represión y el rol del cuidado.
Entre las conclusiones y recomendaciones principales, el informe plantea que no basta con exigir presencia formal o listas electorales paritarias, sino que se requieren garantías reales para que las mujeres puedan permanecer, liderar y ejercer el poder libres de violencia o amedrentamiento.
Para los partidos políticos, se recomienda crear protocolos obligatorios de prevención y sanción de la violencia de género en sus estatutos, democratizar la toma de decisiones financieras y descentralizar las cúpulas de decisión.
Para un gobierno democrático, se propone promover una Ley de Cuotas o Paridad estable y permanente, sin depender de resoluciones coyunturales del CNE, fortalecer las instituciones de protección a la mujer y desmantelar el uso punitivo del sistema de justicia.
Para los organismos internacionales, se sugiere mantener el monitoreo diferenciado de género en las violaciones de derechos humanos en Venezuela y apoyar el sostenimiento de las redes de cuidado y de la sociedad civil.
Por Ismelvia Dugarte
