Diversas organizaciones de índole político y laboral se han pronunciado en rechazo a la agresión y aprehensión de los trabajadores de Anzoátegui, por protestar para exigir mejores condiciones de trabajo y la dotación de los recintos de asistencia médica.
Rafael González, representante del Movimiento Socio Político Laboral del estado Anzoátegui (Mospla), expresó su solidaridad, apoyo y acompañamiento al sector salud en la lucha que han emprendido para exigir la liberación de la enfermera Ada Macuare, trabajadora del ambulatorio Alí Romero de Barcelona, quien fue acusada de instigación al odio y terrorismo por participar en las acciones de reclamo.
Exhortó al fiscal general de la República, Tarek William Saab, a revisar el caso, el cual calificó como un “vulgar atropello” y “secuestro” a una empleada pública con 10 años de servicio y madre de dos niños.
Leonardo Ugarte, coordinador oriental de Petroleros Sin Fronteras, también condenó el hecho, pues el sector salud ha sido uno de los más golpeados por la pandemia y el menos atendido por las autoridades.
“Exigimos que los trabajadores sean respetados porque quieren llevar el sustento a sus casas y están siendo perseguidos por solicitar condiciones dignas”, expresó el dirigente sindical.
Recordó que Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), también se encuentra detenido por protestar en la entidad e imputado por los mismos cargos formulados a Macuare.
Luisana Trias, del Frente Amplio de Profesionales, se pronunció en contra del amedrentamiento que está aplicando el Gobierno a quienes exigen salarios dignos y óptimas condiciones laborales en medio de la crisis humanitaria que vive el país.
Pidió a las organizaciones sindicales unificarse en repudio de estos hechos y a las autoridades a detener las detenciones arbitrarias. Recalcó que los trabajadores del área petrolera se encuentran entre los más perseguidos.
Los voceros gremiales consideraron que es injusto que los empleados sufran encerrados en la cárcel, mientras los agresores gozan de libertad plena.
Puerto La Cruz / Milena Pérez
