La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, instancia independiente de la ONU, presentó este miércoles, 10 de marzo, una actualización oral de su informe del pasado septiembre de 2020, sobre la persecución y violaciones a los derechos humanos en el país.
Martha Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación, indicó que tras las elecciones parlamentarias de diciembre del 2020,”el clima político de exclusión de las voces disidentes parece continuar, marcado por la represión de la oposición política”, que destacan en el primer informe.
Al respecto, Valiñas enfatizó en la detención del diputado Gilberto Sojo, así como las falencias del juicio contra Juan Requesens, quien tiene una medida sustitutiva de libertad.
Asimismo, la Misión señaló que continúan los procedimientos penales en más de dos tercios de los 110 casos de detenciones arbitrarias contra disidentes políticos y militares que investigaron para el primer informe.
También, se refirió a casos de militares como el capitán de navío Luis de la Sotta o el coronel Oswaldo García Palomo, quienes siguen “en un estado de salud frágil y en condiciones de detención terribles, y presuntamente siguen siendo sometidos a tortura u otros tratos crueles”.
Además, asegura que en lo que va de 2021 la Misión de la ONU ha contabilizado más de 200 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Por otra parte, la Misión se refirió a la ampliación del concepto de “enemigos internos en el país”, indicando que se justifica con la persecución, detención y judicialización a trabajadores humanitarios y organizaciones no gubernamentales, como el caso de la ONG zuliana Azul Positivo.
Ejecuciones extrajudiciales
Viñas reportó que en lo que va de 2021 la Misión de la ONU ha contabilizado más de 200 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Ante esto, Valiñas indicó que la Misión seguirá recopilando casos de violaciones a los Derechos Humanos, pero también continuará buscando a los responsables.
Represión y persecución
De acuerdo con la Misión, la represión no ha cesado en el país, por el contrario, continúa contra las personas percibidas como “enemigos internos” u opositores.
“Continúan procedimientos penales en más de dos tercios de los 110 casos de detenciones arbitrarias contra disidentes políticos y militares que investigamos para en el informe de septiembre de 2020”, advierte la Misión.
En ese sentido, la Misión responsabilizó a las fuerzas represivas del régimen de Nicolás Maduro por la muerte del pemón Salvador Franco, a quien le negaron la atención médica.
En el caso del personal de salud, denunciaron el arresto de 20 personas, entre ellas trabajadores del sector, por compartir información sobre la crisis que ha provocado la pandemia de la COVID-19 en el país, ante la falta de insumos y medidas de bioseguridad.
También, denunciaron ataques contra la prensa y periodistas, enfatizando en la detención arbitraria del periodista y activista político Roland Carreño, sobre el cual exigieron su inmediata libertad.
“Desde la publicación de nuestro informe de septiembre de 2020, la Misión de Determinación de los Hechos ha identificado 36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias. Algunas de ellas parecen haber tenido una motivación política”, indicaron.
Caracas / Runrunes
