La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela dio a conocer este martes un nuevo informe en el que se amplía y detalla la situación de violación de Derechos Humanos en el país, y en particular las acciones de represión registradas antes y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El documento de 185 páginas presenta las conclusiones de la investigación realizada por expertos de la instancia internacional y documenta la actuación de fuerzas de seguridad y los grupos civiles armados progubernamentales en casos de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual, ejecutadas “como parte de un plan coordinado para silenciar a las personas opositoras o percibidas como tales”.
El texto dedica un apartado a los describir actos contrarios a los DD.HH. cometidos contra niños, niñas y adolescentes, e incluso, contra personas con discapacidad.
La Misión concluyó que “tiene motivos razonables para creer que las conductas que configuran el delito de lesa humanidad de persecución por motivos políticos fueron cometidas en relación con los delitos de encarcelación o privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación o cualquier otra forma de violencia sexual y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.
El informe agrega otras acciones que constituyen delitos de privación de los derechos fundamentales, tales como: el derecho a participar en los asuntos públicos y las libertades de expresión, asociación y reunión.
Indica el documento, en su página 181, que todas esas conductas violan los derechos a la libertad y seguridad personales, a la integridad personal, al debido proceso, a ser tratado humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, así como el derecho a ser iguales ante la ley y a la igual protección de ésta sin discriminación.
“En su conjunto, todas estas privaciones de derechos alcanzan el umbral de gravedad requerido por el derecho penal internacional para configurar el crimen de lesa humanidad de persecución”.
Para la elaboración del informe -que abarca un lapso de tiempo de casi un año-, la Misión realizó 366 entrevistas remotas o presenciales con 383 personas (203 hombres y 180 mujeres) y consultó decenas de expedientes judiciales, fuentes documentales y audiovisuales.
Asimismo, se realizaron cuatro misiones de investigación en tres países. Adicionalmente, para dar cuenta de las nuevas violaciones, y delitos registrados en el período electoral se hizo una convocatoria para recabar información vía redes sociales y páginas web, que permitió recibir más de 400 comunicaciones.
A la fecha, ONG nacionales contabilizan 1 mil 784 personas apresadas desde el 29 de julio. La cifra incluye a 70 adolescentes entre los 14 y 17 años.
La instancia internacional advirtió en sus conclusiones que todas las violaciones descritas hacen parte de la política estatal de “silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al Gobierno, tomando en cuenta que las mismas tienen elementos similares: son cometidas a través del mismo modus operandi, por parte de los mismos perpetradores (instituciones estatales, fuerzas de seguridad del Estado y grupos de civiles armados que apoyan al Gobierno) y respecto de las mismas víctimas, es decir, personas opositoras o percibidas como tales y personas críticas del Gobierno”.
La Misión de la ONU precisó que las actuaciones vinculadas violación de Derechos Humanos fueron dirigidas contra las víctimas en razón de la identidad de un grupo o una colectividad, definida por tener opiniones o posturas críticas del Gobierno (en cuanto entidad política), y por ser percibidas por éste como personas que se oponen a sus decisiones y acciones.
Incluso, en algunos casos, se apunta a simpatizantes, así como a familiares cercanos a opositores o a personas que no tienen convicciones políticas, pero que son percibidas como obstáculos para la realización de la agenda política del Gobierno.
Igualmente, continua el informe, se han documentado casos de personas que “solo tienen en sus teléfonos celulares alguna referencia a la oposición política y han sido objeto de múltiples violaciones graves a sus derechos humanos”. “En otras palabras, es la definición del ‘enemigo político’ por parte del perpetrador lo que lleva a su persecución”.
“Tal como lo requiere el crimen de lesa humanidad de persecución, las conductas fueron llevadas a cabo con una intención discriminatoria (…) Los motivos discriminatorios están prohibidos por el derecho internacional”, agrega el texto.
Redacción / Caracas
