Un total de 51 gremios y ONG del país exigieron el 15 de junio el cese de «políticas y medidas que afectan» a la libertad sindical y al derecho de asociación, y pidieron la liberación de dos sindicalistas detenidos en el estado Bolívar, luego de exigir mejoras laborales en la estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
«Solicitamos a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas exhorte al Gobierno (a) que cese las políticas y medidas que afectan el derecho de asociación de los trabajadores, el ejercicio de libertad sindical y se abstenga de seguir usando el sistema de justicia como instrumento de represión contra el movimiento sindical», dijo el grupo en un comunicado difundido por la ONG Provea.
Los firmantes de este escrito, entre quienes están también 18 dirigentes gremiales, consideran que la detención de los dos sindicalistas, identificados como Daniel Romero y Leandro Azócar, «muestra una vez más el claro patrón de persecución sindical que desde hace años ejecuta el gobierno venezolano».
Prosigue el texto que se trata de «una política de Estado que abarca múltiples acciones con el objetivo de debilitar y disminuir la capacidad de acción de los trabajadores del país para defender sus derechos».
El grupo afirmó que, en lo que va de año, 21 trabajadores de Sidor han sido sometidos a procesos penales «por el solo hecho de exigir sus derechos laborales».
En este sentido, reiteraron la exigencia de «libertad plena» para los dos sindicalistas detenidos, además del «cierre de todos los procesos penales contra trabajadores que ejercen su legítimo derecho a la protesta».
El 14 de junio, Provea denunció que 21 trabajadores de Sidor han sido detenidos en seis meses de 2023.
El coordinador de Exigibilidad Legal de Provea y activista por los derechos humanos, Marino Alvarado, precisó que en el mes de enero fueron detenidos 19 trabajadores de la empresa, quienes tienen régimen de presentación en tribunales, mientras que el pasado domingo fueron detenidos otros tres por exigir sus derechos.
«Esto es parte de una política de Estado contra el movimiento sindical. En década y media, aproximadamente 300 trabajadores han sido sometidos a procesos judiciales y régimen de presentación abusivos que sobrepasan los 8 años», aseveró Alvarado.
A través de su cuenta en Twitter, Provea también denunció que otros 3512 trabajadores han sido víctimas de amenazas y hostigamiento a manos de funcionarios del Estado.
El pasado martes, 13 de junio, después de que la Planta de Pellas de Sidor durara seis días paralizada por una huelga que mantenían sus trabajadores, empleados informaron que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana los amedrentaron, intimidaron y bajo amenazas hicieron arrancar la planta. Además, se llevaron detenidos a 14 hombres.
Trabajadores, jubilados y dirigentes sindicales de las empresas básicas marcharon la mañana del miércoles 14 de junio hasta el Palacio de Justicia de Puerto Ordaz, para exigir la libertad plena de los sidoristas detenidos y el cese de medidas judiciales emprendidas por el tribunal laboral contra los obreros.
Caracas / Runrunes
