Un reciente informe elaborado por Cecodap y la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y la Adolescencia (Agencia PANA) revela la magnitud del impacto sufrido por la población infantil tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el pasado 24 de junio. El documento, que analiza los reportes públicos de los primeros tres días de la emergencia, confirma que al menos 333 niños, niñas y adolescentes han resultado afectados en diversas regiones del país, lo que constituye una fase crítica de respuesta y salvamento.
La región centro-norte fue la más perjudicada por el desastre natural, destacando especialmente el estado La Guaira, donde se concentra el 75,1% de los casos documentados con un total de 250 menores impactados. El Distrito Capital le sigue con 67 casos registrados, mientras que otras entidades como Aragua, Carabobo, Falcón y Yaracuy también reportaron situaciones de riesgo para la infancia en este contexto de emergencia nacional.
En cuanto a la naturaleza de las afectaciones, el reporte clasifica a las víctimas en cinco categorías principales, siendo los heridos el grupo más numeroso con 188 casos, lo que representa el 56,5% del total documentado. Asimismo, se registraron 123 reportes de menores desaparecidos o no localizados, una cifra que constituye el 36,9% de los registros y que incluye tanto a niños buscados individualmente como a aquellos que desaparecieron junto a sus núcleos familiares completos. Por otra parte, se han confirmado 14 fallecimientos, de los cuales la mitad ocurrió de manera inmediata bajo los escombros al momento del sismo.
Los expertos de Cecodap alertan sobre graves fallas en la trazabilidad de los traslados hospitalarios, tras identificar nombres de niños que aparecían simultáneamente en listas de diferentes centros de salud, lo que dificulta conocer su ubicación exacta y quiénes eran sus acompañantes iniciales. Esta desorganización en los servicios de emergencia incrementa el riesgo de separación familiar prolongada y genera una profunda angustia emocional en los afectados. Además, la organización advirtió sobre el peligro que representa la difusión masiva de fotografías y datos personales sensibles de menores desaparecidos en redes sociales sin protocolos de seguridad, lo cual podría facilitar situaciones de explotación o revictimización.
Ante este panorama, el informe insta a las autoridades a implementar un registro interinstitucional unificado que permita monitorear cada caso de forma efectiva y priorizar la reunificación familiar como objetivo central de la protección infantil. Finalmente, se hace un llamado urgente a incorporar el apoyo psicosocial temprano como parte esencial de la respuesta humanitaria, con el fin de mitigar los traumas emocionales derivados de la catástrofe, la pérdida de familiares y el desplazamiento forzado de sus hogares.
Redacción web
