Los familiares y los abogados de los presos políticos esperan que el Gobierno venezolano los libere a todos, pero especialmente piden medidas humanitarias para los que padecen enfermedades graves que requieren medidas urgentes.
De acuerdo con los datos de la ONG Foro Penal, «más de 50 presos políticos tienen condiciones muy limitadas de salud». La organización Justicia, Encuentro y Perdón indica que son «más de 30 casos que están con situación de salud muy grave, incluso con enfermedades en etapa terminal como cáncer», aclara la abogada Martha Tineo.
Justicia y Proceso Venezuela ubica en 35 la cifra de presos políticos que padecen enfermedades graves, expone Theresly Malavé, directora de la ONG. De estos, 30 son hombres y 5 mujeres.
Las organizaciones insisten en decir que no hay prioridades de unos sobre otros porque la tragedia es la misma para todos los presos políticos porque están detenidos arbitrariamente.
Martha Tineo enfatiza que «la salud de todos los presos políticos está verdaderamente comprometida» y sostiene que hay unos que están en peores condiciones que otros. Dice que muchos tenían patologías preexistentes, «que se han agravado por las condiciones de reclusión» y recuerda que otros, que no tenían patologías preexistentes, las tienen como secuelas de las torturas y «hoy día están gravemente enfermos».
Entre las enfermedades que presentan los presos políticos y que mantienen en riesgo su vida, destacan cáncer, diabetes, hernias, fibromialgia, hipertensión y hepatitis.
La Constitución en su artículo 43 establece que «el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad», pero en la práctica no se cumple lo que dice la ley.
Sin embargo, Gonzalo Himiob expone que, ante la ausencia del Estado en materia de salud, los familiares de los presos políticos ya no le exigen hacerse cargo de los costos, sino que se les permita ser atendidos por médicos de confianza y ellos asumen todos los gastos, «pero el problema es que no lo permiten», asevera el abogado.
Por su parte, la abogada Tineo dice que en vez de atender la salud de los presos políticos, el Estado los expone a condiciones precarias de reclusión, a hacinamiento, insalubridad, falta de dotación de alimentos y agua potable, falta de atención médica y medicamentos.
Denuncia que los familiares de los detenidos por razones políticas deben llevarles hasta el agua para tomar y «en algunos centros de reclusión les limitan a cinco litros por semana para bañarse, beber y asear sus insumos personales».
Martha Tineo añade que hay presos políticos desnutridos, que no reciben dotación de medicamentos ni asistencia médica y suma casos «más dramáticos» porque el detenido no tiene en el país ningún familiar por persecución política y está totalmente abandonado, sobreviviendo por la caridad de otros presos políticos.
Algunos de los casos de presos políticos con enfermedades graves que necesitan medidas urgentes son los de Emirlendris Benítez, el coronel de la Guardia Nacional Oswaldo García Palomo, Javier Tarazona, Orlando Laufer, Darío Estrada y Juan Nahir Zambrano, entre muchos otros.
Emirlendris Benítez fue detenida el 5 de agosto de 2018 y cumple una condena de 30 años de prisión en el Instituto Nacional de Orientación Femenina de Los Teques (INOF). La vincularon con el «caso de los drones», como se le conoce al intento de magnicidio en contra de Nicolás Maduro.
Bajo custodia fue sometida a torturas y otros malos tratos, crueles e inhumanos mientras estaba embarazada. Tras una semana de detención, fue llevada a la fuerza a un centro médico, donde se le interrumpió el embarazo sin su consentimiento.
«Tenemos a una Emirlendris Benítez que prácticamente no puede caminar como consecuencia de las torturas. Hoy en día está tirada en una cama porque no puede caminar y sus compañeras de prisión son las que la ayudan a movilizarse y asearse porque ya no puede hacerlo», detalla la abogada Tineo.
El pasado mes de diciembre, Melania Leal Rosales, hermana de Emirlendris Benítez, dijo que tras una visita la encontró deteriorada, con una hernia en la columna y fibromialgia.
Gonzalo Himiob afirma que Benitez «necesita estar en una institución médica, pero ha sido demasiado difícil que se le dé al menos el tratamiento médico que necesita» y enfatiza que esta es la situación de más de 50 presos políticos.
El coronel Oswaldo García Palomo está acusado de participar en la llamada «Operación Armagedón», un supuesto golpe militar develado en mayo de 2018.
La familia de García Palomo fue perseguida por los cuerpos de seguridad y algunos de sus integrantes fueron perseguidos y apresados. La máxima representante de Justicia, Encuentro y Perdón afirma que él «ya no ve y no entró ciego a prisión».
Orlando Laufer tiene más de tres años preso sin condena. Fue acusado de participar en una fallida invasión para supuestamente derrocar al Gobierno en 2020. Padece un tumor cerebral «megacisterna» de más de cuatro centímetros en la base del cerebro.
Los defensores explican que su tumor se está llenando de agua y si se explota le va a causar la muerte de manera inmediata. Necesita quimioterapia y radioterapia que no le está siendo suministrada.
La abogada de Justicia, Encuentro y Perdón detalla que para Laufer han pedido medidas sustitutivas por razones humanitarias porque «no tiene vuelta atrás», pero ni siquiera dejan que pase sus últimos días con su familia.
Javier Tarazona, defensor de derechos humanos y director de la ONG Fundaredes, padece varias enfermedades crónicas agravadas por las condiciones de reclusión dentro del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, pero todas las medidas que se han solicitado a su favor han sido negadas por los tribunales.
Desde Fundaredes han explicado que Javier Tarazona padece 10 patologías diferentes, entre ellas diabetes, hipertensión, colon irritable y problemas circulatorios y consume más de 19 medicamentos a diario.
Darío Estrada, un ingeniero en petróleo que vivía en Barquisimeto, estado Lara, y fue detenido el 23 de diciembre de 2020 por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Lo acusaron de pertenecer a un grupo de WhatsApp en el que supuestamente se estarían haciendo planes en contra del Gobierno.
Dario Estrada es una persona neurodivergente que se encuentra en el espectro autista. Martha Tineo asegura que él está en estado de abandono porque además de su condición, su madre es una anciana de 85 años de edad que no puede visitarlo y brindarle atención.
Juan Nahir Zambrano, detenido en la cárcel de Yare II (estado Miranda) el 26 de abril de 2022 por supuestamente estar involucrado en un plan de conspiración. Zambrano tiene una condición en el espectro autista, «con la edad mental de 12 años» que no es imputable.
«Se trata de una condena a muerte en cámara lenta. Hay gente que literalmente está muriendo en las cárceles por prisión política», resume Martha Tineo. Insiste en que la mayoría presenta una patología, pero hay un grupo que está peor.
Aunque para las organizaciones defensoras de derechos humanos y quienes representan a los presos políticos no hay casos olvidados ni ninguno con más peso que otro porque no son un número redondo, sino detenidos con rostros y familias, hay casos que datan de tantos años que para la colectividad a veces pueden quedar en el olvido.
Entre los presos más antiguos destacan los Policías Metropolitanos (PM), que tienen más de 20 años detenidos, «a los que les corresponde estar en libertad por cumplimiento de pena y no los liberan».
El abogado Gonzalo Himiob reitera que a los PM les corresponde desde hace muchos años al menos «la posibilidad de cumplir la pena en formas distintas a la prisión y no se les concede ni la redención de la pena ni cualquiera de las fórmulas que están en el Código Orgánico Penitenciario para que ellos pudieran salir de la cárcel».
Los hermanos Guevara, Rolando y Otoniel, llevan 19 años presos tras haber sido detenidos en 2004 por presuntamente estar vinculados a los hechos del 11 de abril de 2002 y a la rebelión de un grupo de oficiales contra el gobierno de Hugo Chávez en la Plaza Altamira. También se les acusa de ser los autores materiales de las muertes en Puente Llaguno y en 2005 fueron sentenciados a cumplir 27 años y nueve meses de prisión.
El caso de Misael Estrella también es llamativo. Fue detenido en 2017 tras ser acusado de homicidio en prejuicio de un funcionario policial, sin haber tenido un arma, sin una prueba que lo vinculara, una foto o un testigo que pudiera asegurar que él era el responsable.
Desde el pasado 22 de mayo de 2023 el Tribunal Séptimo en Funciones de Juicio del estado Carabobo sentenció absolver de los cargos que se le imputaban a Misael Estrella, pero hasta la fecha, sigue privado de libertad, lo que se traduce en privación arbitraria.
Himiob dice que en el centro de reclusión sostienen que esperan que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios lo confirme, pero recuerda que cuando un juez da una orden de excarcelación «se debe cumplir».
Las ONG advierten que son muchos los casos y cada uno tiene su particularidad. También aseguran que tras los procesos de negociaciones entre el Gobierno y la oposición, nunca se han consultado con las organizaciones para decidir qué presos liberar. Recuerdan que son 10 los procesos de negociación en los que se han dado algunas excarcelaciones políticas y jamás se les ha consultado.
Los defensores de derechos humanos insisten que existen distintos mecanismos para otorgar libertad a los presos políticos, entre ellas medidas humanitarias, indultos, leyes de amnistía general y otras fórmulas alternativas de cumplimiento de penas.
Los abogados también alertan sobre lo que ellos denominan el fenómeno de la puerta giratoria, las celdas que quedan vacías vuelven a ser llenadas: «Unos salen, pero otros entran», dice Himiob. Desde diciembre el Foro Penal ha registrado tres nuevos presos políticos y en la última semana la Fiscalía emitió nuevas órdenes de aprehensión contra nuevas personas.
La diferencia entre los números de presos políticos de las diversas organizaciones se debe a los criterios que cada una toma en cuenta para calificar que un caso es o no de prisión política.
Las organizaciones exigen la liberación de todos los presos políticos porque con estos procesos de canje, las autoridades demuestran que sí los usan como rehenes para negociar.
De acuerdo al reporte de las organizaciones de derechos humanos, 11 presos políticos han muerto bajo la custodia del Estado desde el año 2015, algunos casos en medio de circunstancias no esclarecidas para sus familiares y abogados.
Uno de los fallecidos es Rodolfo Pedro González, conocido como «el aviador», fue capitán de aviación comercial y fue hallado muerto en la celda que ocupaba en «La Tumba» en el Sebin. Fue detenido el 26 de abril de 2014 y el 12 de marzo de 2015 fue encontrado sin vida, según reseña Foro Penal. Fue acusado de tenencia de explosivos, asociación para delinquir y tráfico de armas de fuego.
El concejal de Guasdualito (Apure) Carlos Andrés García, detenido el 17 de diciembre de 2016 tras incautarle una «sospechosa» suma de dinero en efectivo y ser acusado de instigación pública y saqueos, murió el 17 de septiembre de 2017 en una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Salvador Franco, indígena de la etnia Pemón, fue detenido el 30 de diciembre de 2019 y falleció el 3 de enero de 2021. Lo relacionaron con el hurto de armamento en una instalación militar en Bolívar. Entre las causas asociadas a su muerte están desnutrición, choque séptico y edema cerebral vinculado a tuberculosis. No recibió atención médica.
Raúl Isaías Baduel falleció el 12 de octubre de 2021 supuestamente por causas asociadas a la covid-19, pero sus familiares desmintieron esa versión porque el militar había sido víctima de torturas. Desde 2017 estuvo preso en el Sebin, en Plaza Venezuela.
Caracas / TalCual
