El exdirector de la Asociación Venezolana de Abogados Laboralistas y profesor universitario Félix Rodríguez Martínez asegura que, incluso en los tribunales, no hay trabajadores que introduzcan demandas. Sostiene que la legalidad quedó supeditada a un supuesto Estado socialista que menosprecia abiertamente la Constitución.
–Representante jurídico de la Unidad Nacional de Trabajadores Petroleros (Unapetrol), ¿cómo va la demanda de las 21.000 personas despedidas de la industria en 2002?
–Se agotó la vía nacional. Se intentaron demandas por los tribunales laborales y las inspectorías del Trabajo. Se mantiene la reclamación en la Organización Internacional del Trabajo.
–¿Cuáles principios constitucionales y laborales fueron violados?
–El derecho al trabajo, a la estabilidad en el trabajo, al debido proceso, a la igualdad de las partes. Todos son principios establecidos en la Constitución y la Ley del Trabajo. La Inspectoría del Trabajo declaró a todos sin lugar.
–Tras la salida del régimen, ¿habrá posibilidades de una indemnización?
–Por los momentos, procede solo la demanda en la OIT. Las reclamaciones internacionales son muy lentas.
–Especialista en Derecho Laboral, ¿hay derecho al trabajo en Venezuela?
–En los tribunales no hay trabajadores reclamantes ni demandantes; los funcionarios están allí, pero sin hacer nada. Dentro de estas condiciones tan graves del país, las excepciones son irrisorias. El régimen ha cambiado todo el marco legal, dentro de un Estado que ellos llaman socialista, pero que no guarda relación con los principios y valores del derecho venezolano.
–¿Y ahora con la pandemia?
–Ha habido despidos. No masivos, como el récord mundial de los 21.000 trabajadores del petróleo.
–¿Funciona así toda la justicia venezolana?
–La justicia venezolana es ciega y sorda. No está administrada por jueces probos y preparados. Hoy en día cuesta ir a los tribunales. Una vez que los visitas se desata una industria de la corrupción difícil de sobrepasar.
–¿Cuánto vale un juez en este país?
–Mucho. En democracia se editó un libro con ese título; era cuando había una administración de justicia honesta. Ahora cuesta saber que los jueces tienen un precio.
–¿Qué convierte a los presos políticos en políticos presos?
–La política.
–¿El colmo de un abogado?
–No ser derecho siendo un representante del Derecho.
–¿La raíz de esta anomalía?
–La carrera de Derecho siempre se estudió en prestigiosas universidades. Hoy en día hay una cantidad de escuelas de Derecho que no gradúan con la formación académica adecuada como para otorgar un título de abogado.
–¿La madre de todas las impunidades?
–La misma impunidad. La impunidad roja rojita es total.
–Ante el caos jurídico, ¿se ha manifestado lo suficiente el gremio de abogados?
–Si hay dos gremios que han dado lucha por el país han sido los periodistas y los abogados. Estas manifestaciones no se sienten porque no hay medios para canalizar tanta información; casi todos están muy manipulados y menguados.
–¿Y las redes sociales?
–Ayudan, pero no es suficiente. En tal caso, doy fe de que la federación y el Colegio de Abogados han sido muy consecuentes en la defensa de los derechos del venezolano.
–¿Una autocrítica al gremio?
–Debemos estar más vinculados a la sociedad, tanto jueces como defensores y abogados litigantes.
–¿Sienten miedo lo abogados venezolanos?
–Sin duda. Hay muchos abogados perseguidos y exiliados, sobre todo porque defendemos la causa noble de los políticos. Hay mucho miedo en el ejercicio del Derecho.
–Así las cosas, con un régimen que negocia con la delincuencia común, ¿imagina a Carlos Luis Revete, alias “El Coqui”, asistido por un abogado?
–No se puede permitir que la delincuencia asuma estos roles. Todo lo contrario, debe ser encausado dentro de lo que es el Estado de derecho.
–¿La diferencia entre Revete y un político corrupto?
–No la hay.
–¿Deben ser penados los jueces que otorgan libertad a los delincuentes?
–Indiscutiblemente que sí, aunque las posibilidades de que eso suceda están hoy muy menguadas.
–¿A cuál hampa le teme más el venezolano?
–Le tememos al toque de queda que impone el hampa común, como al maltrato que recibimos cuando pisamos un tribunal. Es una situación muy compleja y difícil.
–Con razón su colega Enrique Sánchez Falcón dice que hay que denunciar, “así la denuncia la reciba el delincuente”.
–Yo digo que no vale la pena hacerlo. No hay una justicia justa que otorgue el resarcimiento de un daño. Meterse en una demanda es meterse en un camino tortuoso, donde no va a haber el resultado que indique el derecho invocado a corto plazo.
–¿El derecho más violado en Venezuela?
–El derecho constitucional.
–¿Los más violados por el régimen?
–Los más fundamentales: el derecho a la vida y el de la libertad.
–¿Cuántas demandas ha perdido el Estado-Gobierno en los últimos 22 años?
–Ninguna.
–¿Qué han hecho la Defensoría, la Fiscalía y la Contraloría?
–Cuando no hay balance y equilibrio entre las instituciones del Estado, se pierde la objetividad y la imparcialidad en la defensa de los derechos fundamentales. Todas las instituciones están controladas por el Gobierno. No hay un peso ni un contrapeso que responda a la propia esencia de estos organismos.
–¿La institución que se viola a sí misma?
–La Fiscalía se viola a sí misma.
–¿Se sienten los defensores abogados de causas perdidas?
–Sin duda. Hay colegas que llevan 15 o más años invocando justicia. Un caso emblemático actual es el de El Nacional. Donde metes la lupa observas injusticias en la administración de justicia.
–¿Se deja violar el soberano?
–Sin duda; lo sumiso que ha sido el pueblo es producto del miedo. Por otro lado, los pícaros son la excepción; no representan a la sociedad venezolana.
–¿Teme el Gobierno a la justicia internacional?
–Creo que no. La justicia internacional es lenta; mientras va por las escaleras, la justicia nacional va por el ascensor. Eso le da muchísimo tiempo al régimen para manipular.
Caracas / Jolguer Rodríguez Costa
