Millones de venezolanos se han ido del país porque el trabajo no tiene valor y mientras esto suceda, no habrá inversiones, ni generación de empleo, ni capacidad adquisitiva para los trabajadores, dice el doctor León Arimendi, cuya experiencia de especialista en Derecho Laboral y docente de la Universidad Central de Venezuela, lo lleva a expresar su preocupación por la forma como el Estado ha improvisado su política salarial.
En entrevista concedida a El Impulso, el especialista se refirió a la confusión que existe en el rol del papel de empleador del Estado y, al mismo tiempo, de árbitro en el ámbito de los conflictos laborales.
Desde el 9 de enero de este año, sin interrupción, los educadores y demás trabajadores de la educación se encuentran movilizados y realizando una protesta en reclamo de sus sueldos y beneficios que les han sido arrebatados por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre); pero, hasta ahora, no se ha dado respuesta. ¿Han perdido fuerza los sindicatos y gremios?
No la tienen. Evidentemente, ha habido un deterioro no sólo de las sindicales, sino de las organizaciones políticas. Las instituciones en general, no hablo del Estado. Me refiero a las organizaciones del mundo de la democracia: sindicatos, colegios profesionales, asociaciones vecinales, grupos culturales, onegés, partidos.
La gran central era la CTV, pero ésta en este período no ha hecho otra cosa que replegarse porque el gobierno le tendió un gran cerco y la fue aislando y, además, propició agrupaciones paralelas. El resultado ha sido el debilitamiento de la CTV y de las demás también. Lo mismo ocurrió con las organizaciones políticas. Antes había unos grandes partidos políticos. Ahora tenemos unos partidos disminuidos, fragmentados. Habrá que revertir esa tendencia porque las democracias operan en la medida en que haya una institucionalidad abierta y cumpla con sus funciones, que se respete la separación de poderes y haya garantía para que las organizaciones de la sociedad funcionen.
El 2792 emanó del propio Ministerio posterior a la reconversión del 2018. En este caso fue una interpretación de las implicaciones del ajuste salarial absolutamente desfavorable a los trabajadores al dejar sin aplicación los convenios colectivo vigentes. Las organizaciones sindicales denunciaron la decisión por ser violatoria de los principios constitucionales y de haber cercenado derechos. Ahí se presentó el problema del modo cómo se implementan las políticas, ya que pareciera que no se evalúan las decisiones para evitar las consecuencias que puedan traer. Si alguien debiera conocer de las implicaciones que podrían suceder es el Ministerio del Trabajo, porque se supone que tiene el archivo de todas las contrataciones vigentes y en particular de la administración pública. Efectivamente, esa fue una decisión que afectó seriamente las contrataciones colectivas al dejarlas sin aplicación. Se desconoció alegremente el principio de progresividad.
En el caso de la Onapre, la tabla salariales de los profesores quedó averiada por esa decisión. Se interpuso un recurso judicial, pero, entonces, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia fue que la tal resolución de la Onapre no existía; una cosa insólita, como ustedes están peleando con un fantasma. Pero, es tan cierta la medida de la Onapre que afectaron las escalas salariales y no ha habido manera aún de recuperarlas.
Ambas son decisiones del Estado y se ve que hay una confusión entre el rol del Estado como empleador y de árbitro.
En cualquier parte del planeta no es una cosa fácil de manejar, porque el Estado como Estado tiene asignado el rol de árbitro en las controversias entre el patrón y los trabajadores. Sucede aquí que cuando las diferencias son entre particulares, actúa en forma distinta que cuando el Estado es el empleador. Es por eso que en algunos países se han creado instancias de conciliación que se ocupan de los temas laborales. Son organismos autónomos. En Venezuela el ministro del Trabajo, en caso de conflicto de trabajadores del Estado, actúa como parte del gobierno y obedece a las directrices del gobierno. Ese es un problema muy serio que en los últimos veinte y tres años está a la vista de todos. Y eso mismo ocurre con los tribunales.
Es un problema serio porque si se intenta un recurso judicial y el Tribunal Supremo de Justicia, como en el caso de la Onapre, decide que la denuncia no tiene sustento porque la causa alegada no existe, ¿qué sentido tiene acudir a un órgano que administra justicia? Las universidades han hecho estudios sobre esta situación. En la Venezuela del siglo anterior más bien el Estado no ganaba una cuando los casos eran tratados en lo contencioso administrativa. Ahora, según las estadísticas de los investigadores, casi nunca sale una decisión contra el Estado, siempre es a favor de éste. Ese es el cuadro que tenemos.
Los llamados órganos de control de la OIT, en todos estos años, han estado haciendo sus tareas. Se han venido tomando decisiones, pero el problema es la ejecución, si se cumplen o no. Sus misiones han venido al país con el propósito de verificar el cumplimiento de decisiones de un órgano del más alto nivel como es la Comisión de Encuestas, que en el 2019 publicó un informe sobre la violación de tres convenios: El convenio 26, relativo a la fijación del salario mínimo; el convenio 87, sobre libertad sindical; y el convenio 144, que es de la tripartita compuesta por los empleadores, los trabajadores y el Estado. Dicho informe concluye con unas recomendaciones, las cuales, se supone, el gobierno venezolano está en la obligación de cumplir.
La presencia de la OIT en Venezuela, el año pasado, fue precisamente para ver con esas recomendaciones. Lo correcto es que el país se ponga al día; pero, lamentablemente, el gobierno le da largas y largas al asunto. Claro está, la Organización Internacional del Trabajo no tiene unos “cascos azules” para actuar.
A propósito del salario mínimo, el régimen, en veintitrés años, ha producido 52 incrementos y ajustes de salario sin decisión de tripartita. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Para las políticas de salario mínimo hay unas pautas internacionales, sin que un país tenga la obligación de repetir lo que hagan otros, pero sí como se deberían hacer. Se comenzó a aplicar el salario mínimo por recomendación de la OIT en los años treinta. En la Ley Orgánica del Trabajo, que rigió hasta la entrada en vigencia de la actual, rezaba que para fijar el salario mínimo tenía que reunirse todos los años una comisión tripartita y tenía que tomarse indicadores como productividad, canasta básica, inflación, política cambiaria, presupuesto público, empleo, desempleo, informalidad y otros elementos, con el fin de tomar una decisión. No había necesidad de decreto porque bastaba una resolución del Ministerio del Trabajo. Pero, eso, nunca Chávez lo acató. Y ahora en el decreto ley, que está vigente, dice que se hará tras una amplia consulta. Las decisiones unilaterales en un tema tan delicado siempre resultan contraproducentes. La fijación del salario mínimo tiene que ser concertada y, a partir de ahí, se van construyendo las políticas salariales. El problema es que si no hay una política económica consistente, si la inflación se le va de las manos al gobierno y si se presentan otras dificultades, no se pueden esperar resultados positivos. Es por ello que todos los detalles expuestos anteriormente deben ser puestos sobre la mesa antes de tomar una determinación, porque no todas las empresas son iguales, ni todos los trabajadores son los mismos, ni trabajan para el mismo empleador y, además, frente a la inflación, los trabajadores no tienen ninguna protección. En Venezuela, donde ha habido una inflación que ha alcanzado el 5 mil por ciento, los trabajadores quedan indefensos. Esa es la razón para que en nuestro país el valor del trabajo es nada. En una política concertada precisamente el gran objetivo debiera ser devolverle al trabajo su valor. Así con su trabajo, la persona puede mantenerse y mantener a su familia. Hoy en día esta premisa no existe en Venezuela, porque los salarios se deterioraron, la inflación se lo tragó todo y estamos viviendo esta desagradable situación.
Está circulando una de las tantas alocuciones del fallecido presidente Chávez, comenzando su gobierno, en la que habla precisamente en que se había bonificado el salario y se perjudicaban los beneficios de los trabajadores. Tomando por buenas sus palabras aplicándolas a la realidad actual, hay que añadir que no había dolarización.
En el acuerdo tripartito de 1997 se solarizó todo lo que eran bonos y subsidios, de modo que cuando Chávez inicio su gestión ya había dejado de existir; pero, ahora está renaciendo. La historia en este aspecto se ha repetido y recordamos que hubo una vez en que el bono de alimentación era más alto que el salario. Uno de las funciones de éste es servir de cálculo de los beneficios. Si en lugar de pagar salarios se pagan bonificaciones no se calculan el valor de los días feriados, horas extras, vacaciones, bono vacacional, utilidades, ni nada y no hay mejoras en las remuneraciones.
Usted ha hecho referencia a un video en el cual Chávez criticaba la bonificación, pero es de recordar que en marzo del año pasado, en una de sus alocuciones, Maduro dijo que más temprano que tarde llevaría el salario mínimo a 300 dólares. Pero, sigue siendo de un poco más de cinco dólares. ¿Qué le parece?
Valdría la pena hacer un recuento de cuántos anuncios con promesas se han hecho en los últimos diez años. Le ponen nombres rimbombantes a cada anuncio y, además, se habla de proyectos como de unos motores que iban a arrancar; recuperación, crecimiento y prosperidad económica; el petro, patrón de guía que definirá el nuevo rumbo económico; y así, muchas cosas más. A los jubilados, a partir del 2.018, se les ofrecieron 10 mil bolívares, pero no se los dieron. Son muchísimos planes y ofrecimientos que han quedado en palabras, de las cuales se olvida la gente. Y hasta se habló en una ocasión de que el salario mínimo iba a estar anclado al petro, pero el petro como que se hundió.
Usted decía que el trabajo no tiene valor en Venezuela. Según las Naciones Unidas han salido del país más de 7 millones de personas en busca de buenas condiciones de vida. El presidente de la Federación Médica afirmó que se habían ido unos 44 mil médicos. De igual manera han salido otros profesionales. Y sigue la gente yéndose, incluso atravesando la peligrosa selva de Darien. ¿Podría parar un poco esta huida la bonificación del primero de mayo?
La razón fundamental por la cual, lamentablemente, millones de venezolanos se han ido ha sido porque la retribución de su trabajo en Venezuela no se compadece con sus aspiraciones y buscan en otros países donde su trabajo sea bien remunerado. Es asi como Venezuela se ha quedado sin suficientes profesionales. Las primeras oleadas de migrantes fueron de todas las profesiones. El Estado gastó enormes cantidades de dinero en la formación de esos profesionales, desde la primaria hasta la culminación de sus estudios y en vez de estar aquí, no lo están porque el trabajo perdió todo su valor. Y si el trabajo no tiene valor, no crece la economía, no hay inversiones, no se generan empleos y no hay capacidad adquisitiva de los trabajadores. El objetivo político tiene que ser devolverle el valor al trabajo para que Venezuela pueda recuperarse.
Lara / El Impulso
