En la operación Gedeón, nombre dado por el Gobierno al operativo en el que fue desmantelado el grupo del exinspector Óscar Pérez (Cicpc) el lunes 15 de enero, se evidenciaron fallas sobre el control de las acciones y no hubo claridad respecto a la cadena de mando.
El general retirado Gonzalo García Ordóñez, exjefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional, dijo que “en una acción en la que intervinieron efectivos policiales y militares debe identificarse sobre quién recayó el control” que dejó un saldo de varios fallecidos en lo que ha sido considerado por distintas ONG de derechos humanos como una masacre.
El oficial recordó que, según se evidenció en las redes sociales, Pérez y su grupo se habían rendido.
“Debió administrarse la fuerza de forma proporcional. Hay caso de rehenes que duran días antes de resolver la contingencia. Aquí hubo una estrategia deliberada de búsqueda, localización y destrucción”, subrayó.
García Ordoñez explicó que una vez localizado el objetivo es iniciado el contacto para la rendición, por lo que “debió nombrarse un negociador con instrucciones y autoridad”.
El general retirado Manuel Andara Clavier indicó que en esta operación pudo haber órdenes y contraordenes que entorpecieron el proceso.
“En El Junquito, donde estaban Óscar Pérez y su grupo, hubo efectivos policiales, militares y civiles. Entonces sobre quién recayó el control de la situación que arrojó un saldo lamentable”, afirmó.
Uso letal
Amnistía Internacional alertó sobre el uso letal de la fuerza en el operativo Gedeón. “Los funcionarios utilizaron un arma militar que no solo está diseñada para matar, sino que es un arma que brinda pocas probabilidades de supervivencia. Además, el uso de esta arma puso en peligro la vida de las personas en los alrededores”.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, señaló que el Gobierno debe asegurarse de que “las autoridades civiles realicen una investigación pronta, imparcial, independiente y exhaustiva sobre el uso intencionalmente letal de la fuerza en esta operación, y demuestre que este no fue un caso de ejecución extrajudicial”.
Este llamado también es hecho por Cofavic, ONG con amplia experticia y que ha documentado los casos de otras ejecuciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
Liliana Ortega, directora de Cofavic, indicó que “la información pública sobre el caso no es definitiva. Se requiere la información forense y especializada que permita profundizar en la investigación”.
Señaló que, de acuerdo con lo referido al Derecho Internacional, las ejecuciones extrajudiciales “se derivan de una acción intencional para privar arbitrariamente la vida de una o más personas por parte de los agentes del Estado o bien de particulares bajo su orden, complicidad o aquiescencia”.
“La ejecución extrajudicial se considera un acto deliberado, ilegítimo y con participación gubernamental”.
Ortega sostuvo que el combate de un delito como el terrorismo, del que se acusa al grupo liderado por Pérez, “debe asumirse en el marco del respeto y la garantía de los derechos humanos porque esos elementos configuran una distinción clara entre la violencia que ejercen los particulares y el terrorismo de Estado”.
Lo legal
Provea y otras 20 ONG repudiaron que en el operativo del 15 de enero, “el Estado no incorporó a representantes de la Defensoría del Pueblo ni del Ministerio Público, los cuales debían desempeñarse como garantes del orden constitucional y de los derechos fundamentales de los involucrados.
Por su parte la PNB prescindió de la vía pacífica y utilizó armas de guerra prohibidas por el derecho internacional humanitario en tiempo de paz, siendo responsable directa del desenlace violento que dejó fallecidos y heridos.
Agentes del gobierno usurparon la función de los tribunales y se pronunciaron para legitimar las arbitrariedades cometidas por los cuerpos de seguridad.
Las ONG exigieron al Estado evitar la utilización de grupos de civiles armados en operativos de seguridad ciudadana. Cuestionaron que el gobierno no haya garantizado las condiciones para una resolución pacífica a pesar de la voluntad manifestada por Óscar Pérez.
“El Estado estaba especialmente obligado a evitar un desenlace violento, cesar el fuego y asegurar el desarrollo de un procedimiento de entrega acorde con los derechos humanos”, puntualizaron.
Caracas / Sofía Nederr
