La Oficina de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (OACNUDH) hizo seis observaciones preliminares al proceso judicial en contra de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, en la que se le condenó a diez años de cárcel por el caso "golpe de Estado II".
En un comunicado, la misión técnica de la OACNUDH indicó este sábado que realizó una observación del proceso judicial contra Áñez y las otras exautoridades policiales y militares, que tras 28 sesiones, también fueron condenados en el caso "golpe de Estado II".
La Justicia condenó a 10 años de cárcel a Áñez por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, y a los exaltos mandos militares y policiales a entre dos y cuatro años de cárcel.
La primera observación es al tipo penal de "incumplimiento de deberes" que consideran que es "incompatible con el principio de legalidad recogido en varios tratados de derechos humanos, por ser excesivamente amplio y ambiguo".
La segunda observación va en torno al "uso excesivo y no excepcional de la detención preventiva como medida cautelar".
También observaron el formato de las audiencias de este juicio que fueron híbridos, entre virtuales y presenciales, por la pandemia de la covid-19, que tuvo un "impacto" en el acceso físico de la audiencia al público en general, como también a los medios de comunicación, al igual que a los propios acusados.
"Sobre todo afectó a las tres personas acusadas en detención preventiva que solo estuvieron presentes en las audiencias de manera física cuando el Tribunal se desplazó a los centros penitenciarios para tomarles la declaración inicial y final", señala el comunicado.
Asimismo cuestionaron la decisión del Tribunal que llevó a cabo este proceso de "no exigir la comparecencia de testigos" que afectó a las partes "en sus derechos procesales".
Por último hace referencia a la "participación de numerosas partes acusadoras" en este caso como la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estados, el Ministerio de Gobierno, entre otros, que afecta en el "equilibrio procesal".
Áñez está detenida preventivamente en La Paz desde hace más de un año y el pasado viernes fue condenada a 10 años de cárcel por los sucesos de 2019 que ocurrieron entre el 10 de noviembre, día en el que Evo Morales renunció a la Presidencia de Bolivia, y el 12, cuando la entonces senadora asumió el poder de forma transitoria.
La Paz / Con información de EFE
