La CIDH concluyó que Fernando Albán fue víctima de torturas, desaparición forzada de corta duración y ejecución extrajudicial. Foto:EFE
El 5 de agosto de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el caso del opositor venezolano, Fernando Albán, quién murió en octubre del 2018 bajo custodia en la sede provincial del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
La Comisión señala al Estado venezolano por incurrir en “detención arbitraria, torturas y ejecución extrajudicial” en el caso del dirigente político, según consta el caso Nº 14.267.
Fernando Alberto Albán Salazar, fue un político y fundador del partido Primero Justicia, además de Concejal del municipio Libertador de Caracas. Fue detenido por una comisión del SEBIN en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía el 5 de octubre del 2018, sin presentación de orden judicial. Albán regresaba de un viaje a la ciudad de Nueva York, donde participó en varios encuentros durante el 73º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
De acuerdo con el comunicado de prensa publicado por la CIDH, las autoridades venezolanas habrían negado la detención de Albán durante 20 horas, por lo que su familia denunció desaparición forzada.
El 8 de octubre de 2018, mientras los abogados esperaban la presentación de Albán ante el Tribunal Primero, el entonces fiscal general, Tarek William Saab, informó sobre el suicidoo de Fernando Albán, tras lanzarse de una ventana en la sede principal del Sebin, conocida como El Helicoide. La versión oficial fue cuestionada por familiares y el equipo de defensa del dirigente, señalando contradicciones en los certificados de defunción e irregularidades en el proceso.
La Comisión solicita la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declare al Estado venezolano como responsable de las violaciones de derechos a la vida, principios de legalidad, protección a la vida familiar y violación a las garantías judiciales. Además de establecer medidas de reparación a los familiares de Albán y una investigación llevada por un Tribunal “competente, independiente e imparcial”.
Entre las peticiones, también figura responsabilizar a los actores materiales e intelectuales, incluida la cadena de mando.
La remisión del caso de Fernando Albán abre un juicio internacional, donde la Corte Interamericana determinará la responsabilidad del Estado venezolano. Foto: generada por inteligencia artificial.
La remisión de su caso a instancias internacionales, abre paso a un eventual establecimiento de responsabilidades y adoptar garantías de no repetición ante violaciones de derechos humanos que, según ONG´s y la CIDH, Venezuela ha cometido.
El Tribunal debe decidir si el Estado venezolano es responsable de las denuncias señaladas, para ello, se iniciará un juicio internacional, donde las víctimas mostrarán argumentos y pruebas y el Estado podrá ejercer su defensa.
“Si finalmente existe una sentencia condenatoria, Venezuela estaría obligada a cumplir las medidas que establezca la Corte, que pueden incluir investigar y sancionar a los responsables, reparar integralmente a los familiares y adoptar garantías para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir”, afirma Rafael Uzcátegui, director de la ONG, Laboratorio de Paz, en conversación vía mensajería instantánea con el equipo de El Tiempo.
Aunque la Corte-IDH no tiene capacidad penal para juzgar de forma individual, sí puede ordenar al país a investigar y sancionar a los responsables.
“La importancia del caso va más allá de Fernando Albán y su familia: puede contribuir a establecer verdad y responsabilidades sobre las violaciones cometidas contra personas bajo custodia estatal y, especialmente, a combatir uno de los principales problemas de derechos humanos en Venezuela durante los últimos años: la impunidad”, afirma el también defensor de derechos humanos.
Por Gloriaestefanía Maestre
