Una jueza de la Corte Suprema brasileña ha autorizado investigar penalmente la respuesta del presidente Jair Bolsonaro a las denuncias de posible corrupción con vacunas dentro de su ministerio de Salud.
La jueza Rosa Weber dijo en su fallo que la investigación se sustenta con la declaración reciente en una comisión del Senado que investiga el manejo de la pandemia de COVID-19 por el gobierno.
Los fiscales investigarán si Bolsonaro cometió el delito de “prevaricación”, que implica demorar o abstenerse de una acción requerida como parte del deber de un funcionario público por motivos de interés personal. Weber no descartó la posibilidad de investigar otros posibles delitos.
La investigación se inició después de que el jefe de la división de importaciones del ministerio de Salud, Luis Ricardo Miranda, dijo que sufrió presiones indebidas para aprobar la importación de 20 millones de vacunas de la farmacéutica india Bharat Biotech. Dijo que había irregularidades en las facturas y en particular en el pago por adelantado de 45 millones de dólares a una empresa, con sede en Singapur.
Miranda declaró el 25 de junio ante la comisión del Senado junto con su hermano Luis Miranda, un legislador que hasta hace poco era aliado de Bolsonaro. Los Miranda dijeron que expresaron sus inquietudes directamente a Bolsonaro, quien les aseguró que informaría de las irregularidades a la Policía Federal.
Sin embargo, la Policía Federal no recibió pedido de investigación alguno, dijo a The Associated Press una fuente de la institución con conocimiento de las investigaciones. Habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a hacerlo públicamente.
El secretario general de la presidencia, Onyx Lorenzoni, confirmó que Bolsonaro se reunió con los Miranda, pero sostuvo que presentaron documentos falsificados. Lorenzoni añadió que Bolsonaro ordenó que se investigara a los hermanos.
Bharat ha negado haber cometido delito alguno con respecto al suministro de vacunas. Bolsonaro, a su vez, ha negado haber cometido delito alguno o tener conocimiento de corrupción y dijo a la prensa el 28 de junio que no puede saber lo que ocurre en todos sus ministerios.
La decisión de la Corte Suprema que autoriza la investigación fue en respuesta a un pedido de tres senadores. La mayoría de los senadores de la comisión investigadora dijeron previamente a la AP que, una vez concluida la investigación, votarán por recomendar que se acuse a Bolsonaro de prevaricación, un delito que conlleva una pena de prisión de tres meses a un año y una multa.
Brasilia / AP
