Los 252 afiliados a la Asociación de Jubilados y Pensionados de las salina de Araya del estado Sucre, finalmente debieron tomar medidas más contundentes para reclamar sus derechos laborales y humanos, y este miércoles en horas de la tarde tomaron los portones de la empresa, en la capital del municipio Cruz Salmerón Acosta, con lo cual se paralizaron las operaciones de extracción y procesamiento del importante mineral.
La acción busca que se atiendan los reclamos de los trabajadores, quienes vienen denunciando las condiciones abusivas y de maltrato a los que han sido sometidos desde marzo de este año, por parte de la operadora Del Acqua y Corposucre, entre los cuales resalta la deuda de nueve quincenas y la suspensión de beneficios como la atención médica y el otorgamiento del aporte alimenticio.
Aníbal Núñez, vocero principal de la Asociación de Jubilados de la Salinas de Araya, señaló que se declararon en protesta permanente, con la toma de los portones de la empresa, por parte de los 252 jubilados y sus familias, ante la violación de sus derechos humanos.
“Nuestra situación es tan grave y delicada, que cada día se muere un viejito y esta gente nos adeuda nueve quincenas. Yo quisiera que el Presidente de la República y el gobierno vean la realidad que está pasando en este pueblo”.
El dirigente precisó que como consecuencia de la desmejora en las condiciones de vida de los jubilados de este gremio han muerto 30 afiliados, de los cuales seis han fallecido en los últimos meses.
Núñez acusó al gobernador Gilberto Pinto de no asumir las riendas de la situación. “Nos adeudan nueve quincenas, nos quitaron los beneficios sociales, las medicinas, reembolsos médicos, y hasta la bolsa de comida. Cómo podemos mantener a nuestras familias con esto”.
Resaltó que a las puertas de la empresa está el pueblo, que ha salido a la calle a defender sus derechos. “Usted tiene la última palabra como responsable, es bueno que Venezuela sepa que es el gobernador del estado Sucre y al mismo tiempo presidente de Corposucre, por lo cual tiene la última palabra”.
Acusó a la empresa Dell Acqua de dejar a los trabajadores jubilados en un estado de indefensión total. “Nos estamos muriendo de hambre y por la falta de medicamentos”.
Anunció que la protesta inició el miércoles y pretenden seguir hasta que tengan una respuesta de la gobernación, Corposucre y la empresa Dell Acqua. Hasta el mediodía de este jueves ningún vocero oficial se había acercado a los protestantes para iniciar el diálogo.
Empresa productiva
El legislador Miguel Vásquez, presente en la toma, resaltó que las salinas están produciendo. “Las riquezas están allí. Y a estos adultos mayores, jubilados se les está violando sus derechos humanos. Han tratado de conversar. Todo este año tienen en conversas con la Inspectoría del Trabajo, la Defensoría del Pueblo, pero no ha sido posible que el gobierno le cancele sus pasivos laborales, prestaciones sociales, y lo peor, todas las concesionarias que pasaron por allí les reconocían sus salarios y Del Acqua en alianza con Corposucre, no lo hace, les deben nueve quincenas”.
Insistió en la productividad de la empresa, que cuenta con una reserva de 600 mil toneladas de sal en la laguna madre. “Nadie sabe cuál es el cronograma de inversión de esa empresa. Lo que está es sacando sal”.
Vásquez refirió que los manifestantes quieren la intervención del gobernador Gilberto Pinto, porque él tiene la potestad para que se cumplan las exigencias de los trabajadores.
Informó que no han entrado ni salido gandolas con el material, ni tampoco han podido cargar embarcaciones, debido al conflicto con los trabajadores
Vásquez cuestionó la concesión otorgada a la empresa Dell Acqua Internacional, que a su juicio fue establecida sin la participación de las fuerzas vivas del estado y de una forma muy leonina para el estado, toda vez que el 75% de las acciones está en manos de la operadora y el 25% en las del gobierno.
Agregó que en las cláusulas 14 y 15 del acuerdo de concesión, que calificó de poco transparente, se establece el respeto a los derechos de los trabajadores, algo que no se ha cumplido.
El legislador instó al gobernador y al resto de las fuerza vivas del estado a intervenir y mediante el diálogo resolver el conflicto, que mantiene paralizada la producción de sal en el estado. “Queremos que haya empleo permanente y desarrollo en el estado Sucre, pero para lograr ese estado de paz, no solo una parte debe pagar las consecuencias. La parte débil. También hay que llamar la atención de quienes se están enriqueciendo y engrosando sus finanzas gracias al usufructo de una riqueza que es de todos los sucrenses”.
Apoyo
Paralelamente, el vocero de los trabadores artesanales de la sal en Araya, Luis Boada, acompañado por un grupo de compañeros, realizaron un llamado a las instituciones gubernamentales para que resuelvan el problema con los jubilados.
El grupo se declaró en huelga para “reclamar algo que es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, como es el derecho al trabajo”.
Destacó el dirigente que en Araya, hace unos 20 años, se producía la mitad de la sal que se consumía en Venezuela y ahora la empresa está desvalijada y en una situación deplorable. “Podemos hablar de la ruina de la empresa salinera de Araya”.
Denunció que los contratos que se están realizando desde el Ejecutivo regional no le están dejando nada a la población.
El grupo de trabajadores activos de la empresa dijo que la huelga es para reclamar derechos laborales. Pararon la extracción artesanal, debido a que la empresa estaba pagando 7 dólares la tonelada y los obreros están exigiendo 10.
Sucre / Cecilia Lárez
