El representante de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera (Ajip), Miguel Ángel Rodríguez, informó que acudirán ante la Defensoría del Pueblo a fin de introducir una carta, a través de la cual solicitarán que les hagan valer sus derechos en el caso del Fondo de Pensiones. Expondrán antecedentes y sus razonamientos.
Resaltó que la lucha es porque les reconozcan el pago de los intereses y la propiedad de un dinero que durante toda su vida laboral aportaron para poder gozar, tras su jubilación, de una pensión que les garantizase una calidad de vida aceptable.
Denunció, una vez más, que el manejo de esos recursos se lo atribuyó Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para pretender convertirse en su dueño.
El retirado añadió que desde el 2014 no les presentan los estados financieros del fondo, aun cuando ese procedimiento se debería hacer el 31 de marzo de cada año, en el marco de un balance del ejercicio contable correspondiente a los 12 meses anteriores.
“No tenemos conocimiento de cuántos intereses han generado nuestros ahorros, que están básicamente depositados en divisas, y es esa la razón de nuestra lucha”.
Refirió que durante los últimos cuatro años se han producido encuentros con la junta directiva de la empresa y la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera (Ajip), pero sin llegar a un entendimiento.
Rodríguez resaltó que hasta la fecha no les han dado respuestas positivas a los jubilados que son alrededor de 28 mil a nivel nacional, es por eso que optaron por trazar una ruta de lucha, apegada a la Constitución y principios como el derecho a representar y ser representados.
Añadió que han hecho repetidas asambleas de jubilados en distintas ciudades como Puerto La Cruz, El Tigre, Anaco, Caracas, Margarita, Maracaibo, Paraguaná y nombrado a sus voceros en esta gestión, como los que ahora van a acudir ante la Defensoría del Pueblo.
Destacó que en este contexto están recolectando 8 mil firmas que les sirvan de respaldo.
Pedirán al organismo en cuestión que convoque a los asesores legales de APJ-PDV y Pdvsa con miras a que, a más tardar en dos meses, sean reconocidos sus derechos sobre los haberes y gananciales del fondo, haciendo valer las atribuciones que otorga la Ley para proteger los derechos humanos y ejercer acciones judiciales.
Demandan:
1. Declaratoria de nulidad de la modificación de los estatutos de APJ-PDV protocolizada en noviembre 2014.
2.- Que el Tribunal ordene a Pdvsa/APJ-PDV efectuar el pago a los jubilados beneficiarios de intereses por financiarse con sus haberes, equivalentes a 660 dólares mensuales por cada jubilado y la entrega de los estados financieros de APJ-PDV de 2014 al 2018
Igualmente, solicitan a la Asamblea Nacional (AN) y Asamblea Nacional Constituyente (ANC) una averiguación de las razones por las cuales Pdvsa/APJ-PDV vulneran sus derechos humanos.
Barcelona / Rosa Marina Silva
