Las promesas del Gobierno no las puede creer ni el más optimista y esperanzador abuelo, pues está acostumbrado a que el chavismo pinte villas y castillas para luego salir a la calle y ver cómo el poco dinero que recibe no es suficiente para garantizarse una «vejez digna», reseñó TalCual.
«Dignidad» fue lo que prometió Hugo Chávez durante sus primeros años de Gobierno, pero 22 años después, su legado ha obligado a la población de la tercera edad a utilizar la última etapa de sus vidas exigiendo esa vejez digna que les propuso el chavismo.
Después de dedicar alrededor de unos 20 años de trabajo continuos para optar por una pensión del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) o más de 15 años en la nómina de la administración pública para recibir una pensión, ahora el dinero que cotizaron durante una tercera parte de sus vidas, se disolvió.
De acuerdo con una investigación realizada por Prodavinci, desde el año 2001 hasta junio de 2022, la remuneración de pensionados y jubilados se contrajo en un 92%. Es decir, ahora los trabajadores retirados reciben apenas un 8% del pago mensual que habrían recibido hace 21 años, pues la base para sus pagos se situaba en $311 y ahora el sueldo mínimo apenas llega a $24.
De acuerdo con los cálculos de Prodavinci, un trabajador con salario mínimo pensionado en 2020 habría aportado alrededor de $3.400 en los últimos 20 años y el Estado le devolvería en los próximos 25 años tan solo $600, poco más del 15% de lo cotizado, si se toma en cuenta como base del cálculo el salario mínimo actual de Bs 126.
Al evaluar perfiles profesionales, el panorama es más desesperanzador aún, ya que cotizaron más dinero en sus vidas laborales, pero ahora reciben los mismos $24 mensuales como retribución. De igual manera, en los próximos 25 años solo se les pagará en total $600.
La disparidad entre el dinero que cotizaron y el que ahora cobran los mayores de 60 años responde al proceso de devaluación de la moneda que ha padecido el bolívar. Para el año 2000, un dólar equivalía a Bs 660 de aquel entonces. Ahora esa misma divisa equivale a Bs 5.310.000.000.000.000 (cinco mil trescientos diez billones), al incluir los 14 ceros que retiró la administración chavista durante su gestión.
Con este contexto, los pensionados y jubilados se han visto en la obligación de salir a las calles a protestar y a exigir todo lo que se les prometió, una deuda que contrae el Estado por todos los años trabajados. Pero el Gobierno hace oídos sordos.
En un intento por contentar a una porción diminuta de la tercera edad, el chavismo anunció el pasado 1ro de mayo un bono de Bs 10.000 para todos los trabajadores retirados de la administración pública que recibieran su jubilación entre enero de 2018 y mayo de 2022.
Con esta promesa, se lavaron las manos ante las deudas con una población que exige mejores salarios, pues históricamente el 1ro de mayo, Día del Trabajador, ha sido una fecha en la que se aprueban aumentos salariales.
El beneficio apenas se dirigió a 120.000 jubilados, mientras que la población en edad de pensión y jubilación es de alrededor 5 millones de personas, por lo que el bono beneficiaría solo al 2,4% de los trabajadores retirados que, estima el IVSS, hay actualmente en el país.
La indicación inicial de Nicolás Maduro al anunciar que el IVSS otorgaría este bono es que se repartiría en tres cuotas, pese a no indicar fechas específicas. Días después, la vicepresidenta Delcy Rodríguez contradijo la orientación inicial al detallar que se entregaría en el transcurso de 12 meses, dando a entender que sería una asignación mensual.
Han transcurrido más de 40 días desde el anuncio y aún no hay jubilado alguno que pueda asegurar haber recibido la primera cuota, según afirma el coordinador del Frente Amplio de Jubilados y Pensionados, Luis Cano, al recalcar que siguen a la espera por el pago.
«Puedo dar fe de que ningún jubilado lo ha podido cobrar. El Gobierno no se pone de acuerdo en su discurso, cuando el presidente decretó el bono, dijo que lo iban a hacer en tres pagos. Luego, la vicepresidenta habló de 12 meses. Ya ha pasado más de un mes y vemos con preocupación que ningún sector ha podido cobrar», denunció.
Pese al avance de la dolarización de facto que atraviesa la economía venezolana y que el Gobierno ha anclado al petro (y por lo tanto al dólar) la mayoría de los trámites y tributos que cobra, esta asignación decidió entregarse en bolívares.
En el transcurso de estos 40 días, ya el dinero ha sufrido el impacto de la inflación y la devaluación de la moneda, pues en las últimas semanas el tipo de cambio oficial que marca el Banco Central de Venezuela (BCV) pasó de Bs 4,5 a Bs 5,31 por dólar.
Para el momento del anuncio, los Bs 10.000 representaban de $2.222 con el tipo de cambio a Bs 4,5. Sin embargo, ahora el monto total del bono equivale a $1.883. En apenas 45 días los beneficiarios perdieron $339 del poder de compra del dinero asignado, sin siquiera haber recibido el primer pago.
De acuerdo con el presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), Antonio Suárez, la metodología de pago elegida por el Gobierno es un «error», ya que introduce los índices inflacionarios en el bono.
«Es un error dividirlo en tres partes, porque le está metiendo índices inflacionarios. El segundo pago debería ser a finales de año y el tercero para mayo de 2023. Ese dinero va a estar afectado por la inflación que se va a acumular en esta etapa. Lo que hicieron como anuncio, lo están perjudicando con la metodología de pago escogida», explicó.
Estos $1.883 corresponden a $157 mensuales en el transcurso de los 12 meses que se supone que pagará el Gobierno. La Canasta Alimentaria Familiar medida por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) ya se ubica en $382, por lo que se necesitarían 2,4 cuotas mensuales del bono para adquirir los productos de esta cesta. Incluso esta asignación es insuficiente para una alimentación «digna». Al incluir gastos médicos y recreativos, el monto es irrisorio.
Además, pese a haber superado el proceso de hiperinflación, la inflación no ha desaparecido y sigue marcando cifras anuales de tres dígitos. De mantener ese ritmo, para cuando transcurran los 12 meses el bono podría haber perdido más de la mitad de su poder de compra.
Por supuesto, para el Gobierno esta realidad significa menos gasto. Al anunciar ese pago de $2.222 a 120.000 beneficiarios, el desembolso total era de Bs 1.200 millones, equivalentes a $266,6 millones. Ahora, gracias a la devaluación del bolívar, esos Bs 1.200 millones representan $225,9 millones. En otras palabras, se han ahorrado unos $40 millones.
En los últimos años, el chavismo se ha escudado en las sanciones impuestas por Estados Unidos a la industria petrolera venezolana para justificar la escasez de recursos y, a su vez, los salarios de hambre que mantiene.
A pesar de que, en efecto, los ingresos del país han disminuido, el pago de este bono era una porción ínfima del presupuesto nacional aprobado para 2022.
Según Transparencia Venezuela, que tuvo acceso al presupuesto aprobado por el Ejecutivo —pese a que este debería ser público—, el monto total asignado para este año equivalía a $14.110 millones para el momento en el que se aprobó. En comparación, el bono a los pensionados es solo un 0,018% del presupuesto.
Aunque la devaluación amenaza con disminuir cada vez más el bono que recibirán estos 120.000 jubilados, para este grupo al menos hay un pequeño beneficio.
La Fedeunep recalca que el chavismo está ignorando a alrededor de 1,8 millones de jubilados por ley que, además de no recibir ningún bono, han visto como sus derechos se deterioran con el paso de los años, especialmente las pensiones que reciben y el sistema de seguridad social que ya no cubre sus gastos médicos. Antonio Suárez afirma que hay coberturas del seguro que apenas alcanzan los Bs 20.
En este sentido, pese a celebrar el bono para el sector beneficiado, considera que no es suficiente y que deben aplicarse medidas para recuperar los derechos de los jubilados del país. Cree esencial hacer una revisión de las pensiones para al menos duplicar los montos actuales.
«Bienvenido sea el bono, pero hay que compensar al resto de jubilados. Creo que hay que ampliarlo en la revisión de las pensiones del resto de jubilados de la administración pública para llevarlas a, por lo menos, una base de $60», propone.
El escalafón de los $60 contempla una propuesta con muchas implicaciones, ya que no se trata de la remuneración neta, sino que sería la base mediante la cual se calcula el pago en función de las tablas salariales.
Sin embargo, para que pueda aplicarse correctamente el cálculo y ajustar los pagos en función del grado de profesionalización y los años de antigüedad, es necesario retirar el instructivo administrativo emitido por el Ministerio de Planificación que desde 2018 regula unilateralmente las primas especiales y las tasas a pagar por conceptos de profesionalización y antigüedad, pasando por encima de las convenciones colectivas protegidas por la Constitución.
«Con este instructivo regulan todas las primas que están en las convenciones colectivas mediante un instrumento administrativo. No puede estar por encima de una convención colectiva, que está protegida por la Constitución», reclamó Suárez.
En la última versión del instructivo, vigente para 2022, se establece en Bs 12,50 ($2,35) el pago para las primas por los siguientes conceptos:
Primas por hijos.
Becas para hijos estudiantes.
Beca de estudio para trabajadores.
Contribución para trabajadores con discapacidad.
Día de la madre.
Día del padre.
Día del niño.
Bonos navideños.
Bonos de juguetes.
Ayuda por nacimiento.
Ayuda por Matrimonio.
Por otra parte, indican también los porcentajes a aplicar sobre la base del salario mínimo para otorgar las primas por antigüedad, que van entre el 1% y el 30%; y las de profesionalización, que abarcan desde un 20% hasta un 40% sobre el salario mínimo.
«Los montos están muy por debajo de lo que deberían, con cálculos arbitrarios y unilaterales. Necesitamos que eliminen ese instructivo que cercena los beneficios contractuales existentes», insistió el representante de los jubilados.
La lógica de las autoridades gubernamentales parece apuntar a la exigencia de conformismo por parte de la población mayor. Se deben conformar con las pequeñas dádivas que otorga la administración de Nicolás Maduro y no exigir mejoras con protestas en las calles.
Durante los últimos tres meses, organizaciones de jubilados y pensionados han realizado protestas en todo el país para exigir que se les respeten sus derechos constitucionales, haciendo énfasis en los salarios bajos, el irrespeto a las convenciones colectivas, la restauración del sistema de salud público para atender sus enfermedades y en los cálculos unilaterales utilizados para pagar primas y beneficios. Las autoridades se mantienen en silencio al respecto.
En la experiencia del Frente Amplio de Jubilados y Pensionados, las autoridades han demostrado ser accesibles, a diferencia de los años anteriores en los cuales la norma era la represión. En este sentido, Luis Cano afirma que han logrado reunirse con varios representantes de diversos organismos estatales para llevar sus quejas y preocupaciones. Han sido atendidos y escuchados hasta el punto de comprender los problemas, pero no se ha concretado ninguna acción.
«Fuimos a la Vicepresidencia, nos hemos reunido con autoridades del Seguro Social y del Ipasme (Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación). La atención ha sido muy buena, entienden nuestra situación, pero no hemos tenido respuestas. Las buenas intenciones no preñan», aseguró.
Pero lo que más les preocupa, además de no tener respuesta, es que tras bambalinas, la amenaza de la represión es constante. Según Cano, han recibido mensajes con amenazas que dan a entender que serán recibidos por grupos civiles armados conocidos como «colectivos», que defienden al chavismo al margen de la ley.
«Quiero denunciar que nos han mandado unos mensajes de que nos van a soltar a los colectivos. Hacemos responsable al Gobierno. Si quieren asumir el costo de maltratar a los ancianos venezolanos, que lo asuman», exclamó Cano.
El miércoles 8 de junio se llevó a cabo una actividad en el Ministerio Público. El objetivo era acompañar al secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano, a interponer una demanda contra el líder el líder del colectivo «La Piedrita», Valentín Santana, por un video en el que amenazaba a Zambrano por organizar marchas antigubernamentales. En el lugar fueron abordados por colectivos armados y no pudieron tener acceso a la sede de la Fiscalía.
Recientemente hubo una reunión entre sindicalistas de Cantv y el nuevo ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, en la cual el funcionario habría advertido a los trabajadores que, de mantener esas «andanzas», responderían «soltando a los perros», lo que parece ser una insinuación de que ordenarán a los colectivos amedrentar a quienes protesten. «Nosotros entendimos que si van a soltar a los perros, es que van a soltar a los colectivos», argumentó Cano.
Para el alivio de la cruzada de los jubilados y pensionados, junto a demás luchas sindicales, las protestas y discusiones que se produzcan en este contexto estarán influenciadas por la observación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Después de años de denuncias, el organismo que rige las normas laborales en materia internacional designó a una Comisión de Encuesta para que elaborase un informe sobre la situación de los derechos laborales en Venezuela. Ese documento fue publicado en 2019 y concluía que el Estado violaba sistemáticamente al menos tres convenios esenciales firmados por Venezuela, por lo que recomendaron que tomaran las acciones pertinentes para respetarlos.
Desde entonces, el Gobierno no hizo nada por cambiar la situación, por lo que el organismo siguió presionando hasta lograr, en noviembre de 2021, que el chavismo aceptara estas fallas y se comprometiera a corregirlas con la observación de la OIT.
Es así como en abril de 2022 arribó al país una comisión de alto nivel de la OIT para inaugurar el Foro de Diálogo Social, con el que se plantea un primer paso para concretar el diálogo tripartito que han exigido sindicatos y empleadores durante dos décadas.
En este contexto, los dirigentes sindicales esperan que sus denuncias sean finalmente escuchadas y discutidas de manera efectiva en esta instancia. Periódicamente, las partes involucradas en el Foro de Diálogo Social presentarán los avances ante la Oficina de la OIT para los países andinos, ubicada en Lima, Perú.
Según Antonio Suárez, ya los primeros pasos están dados para concretar algunos cambios. El chavismo se ha comprometido a abordar diversas quejas e intermediar ante los poderes públicos para implementar reformas.
«Vemos de forma positiva el inicio de las discusiones del Foro de Diálogo Social para tratar de forma bilateral con el Ejecutivo el tema de las centrales que están pidiendo retirar el instructivo de la Onapre. El Ejecutivo Nacional se comprometió a que hará una intermediación ante los poderes públicos para tratar diversos temas. Creo que va por buen camino», constató.
Las negociaciones se centrarían ahora en reforzar el marco legal que acaba perjudicando a los trabajadores, solventar los casos de los dirigentes sindicales despedidos de manera injusta, levantar el veto a las elecciones sindicales y en fijar un salario mínimo acorde a la realidad del país.
Un primer paso se dio en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), pues autoridades de la empresa asomaron que se negociará un ajuste del pago de los intereses del fondo de pensiones. Los jubilados exigen un pago mensual en torno a los $660, pese a que creen que la empresa accederá solo a $360 pese a la masiva deuda que mantiene con los trabajadores retirados.
Este tipo de acercamientos son un signo de esperanza para una población que quiere ser escuchada y abogar por sus derechos. La posibilidad de conversar y negociar son un haz de luz tras años ignorados en las sombras. Las expectativas están puestas en que los espacios de encuentro se multipliquen.
Caracas / TalCual
