El diputado oficialista Jorge Rodríguez fue investido por cuarto año consecutivo como presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020. En la directiva del Parlamento de mayoría chavista lo acompañarán Pedro Infante (PSUV – Distrito Capital) y América Pérez (PSUV – Nacional), quienes fueron reelectos.
La ratificación de la junta directiva se hizo el 5 de enero, durante la sesión de instalación de la Asamblea Nacional para el período 2024-2025. No hubo sorpresas, pues los rumores de que la directiva repetiría en el cargo corrían antes de que iniciara el encuentro. Tampoco hubo razones de asombro en los discursos de juramentación de los parlamentarios, la directiva recicló el discurso del 2023 y, prácticamente, la mismas promesas con las que llegaron en el 2021.
«Juro por la fuerza que nos da el hecho de haber rescatado al Parlamento de la ignominia, no dar descanso hasta ver cumplida la tarea de continuar en el trabajo de la edificación de leyes buenas para el pueblo, de leyes del poder popular, para acercar la justicia a la gente», exclamó Rodríguez en la sesión de instalación del 5 de enero.
Otro punto, aparentemente medular, para este 2024 será «vigilar» que los sectores de oposición no «le metan mano» a los activos de Venezuela congelados en el exterior. Durante su discurso, Rodríguez lanzó una advertencia contra la disidencia, particularmente hacia la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional del 2015 que también se instaló el 5 de enero.
«Les mando un mensaje a los partidos de la derecha que piden reuniones y firman acuerdos: seguir con la cueva de Alí Babá viola los acuerdos firmados en Barbados. Seguir metiéndole mano a los activos de Venezuela viola los acuerdos», dijo Jorge Rodríguez.
También indicó que este será el año de afianzamiento de nuestras funciones, «sobre todo en la defensa de la paz de la República, que ha sido conquistada, con mucha dificultad por esta AN».
Pedro Infante, quien repite como primer vicepresidente, prometió por su parte «construir leyes para preservar y mantener la paz para nuestro pueblo».
«Juramos por hacer leyes y dar debates en función de la recuperación de la economía, que se traduce en prosperidad para el pueblo y trabajar para garantizar la recuperación del estado de bienestar social que ha sido agredido por EEUU. Juramos por trabajar por el fortalecimiento del poder popular».
En tanto, América Pérez prometió «seguir abriendo los caminos para la juventud venezolana». Sin detallar de qué manera el Parlamento podría hacer que los millones de jóvenes que están fuera del país vean a la nación como un lugar de crecimiento económico manifestó su juramento en nombre del «bravo pueblo de Venezuela, por los hombres y mujeres que derramaron sangre para defender la soberanía, por el bicentenario de la Batalla de Ayacucho y las mujeres que construimos la historia heroica. Juro por seguir abriendo los caminos para la juventud venezolana».
El año pasado esta misma directiva prometió priorizar las leyes económicas en su agenda legislativa. Dijeron a inicios de ese año que centrarían su gestión en trabajar leyes para la atención de los servicios públicos, el desarrollo humano y procuren la «revolución del sistema de justicia».
Sin embargo, esto no fue así. Los servicios públicos quedaron fuera de las prioridades de la Asamblea Nacional en 2023. El año pasado el Parlamento no sancionó ninguna de las leyes en esta materia; todas se quedaron, una vez más, en el congelador.
La Ley Orgánica de Aguas, por ejemplo, fue aprobada en primera discusión en 2021, desde entonces no se ha vuelto a tocar el tema en las sesiones ordinarias. Tampoco se hizo la reforma que se plantearon —al asumir en 2021— a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.
La reforma de la Ley de Gestión Integral de la Basura también se quedó en el congelador. La iniciativa fue planteada en 2022 por el ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, en junio del año pasado, la Comisión Permanente de Administración y Servicios, presidida por el diputado Pedro Carreño presentó a la cartera ejecutiva algunos «avances» a la preparación de la norma.
En materia económica, para el 2023 la AN prometió abordar la reforma de la Ley de Contrataciones Públicas (no se discutió), la Ley de Comercio Digital (no se discutió en plenaria), la reforma de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (quedó en primera discusión desde 2022), la Ley para la Protección y Promoción de Agave Cocui-Cocuy (única aprobada en segunda discusión) y la Ley del Fomento de las Exportaciones no Tradicionales (aprobada en primera discusión en septiembre 2023).
La mayoría de las leyes antes mencionadas quedaron en el tintero.
