La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) demandó al Estado venezolano el otorgamiento de un “indulto amplio, inmediato y sin discriminación”. La ONG advirtió que la Ley de Amnistía promulgada el pasado febrero no resolvió la crisis de persecución ni restituyó las garantías fundamentales en el país.
Según el balance más reciente de la organización, existen 679 presos políticos en Venezuela al cierre de marzo. JEP sostuvo que las liberaciones ejecutadas hasta la fecha responden a decisiones de carácter político y no a un avance real en la reinstitucionalización del sistema judicial.
La organización denunció que la amnistía funciona como un mecanismo para limpiar la imagen del sistema político sin que este asuma responsabilidades por violaciones de derechos humanos. En su pronunciamiento, JEP subrayó que el indulto presidencial es una facultad constitucional que permite cesar procesos o penas de manera inmediata sin necesidad de reformas jurídicas complejas.
“Es hora de dejar de usar a los prisioneros como piezas de negociación”, afirmó la ONG. El texto señala que los mecanismos para resolver la situación de los detenidos existen en el ordenamiento jurídico, pero las autoridades los omiten deliberadamente para mantener figuras funcionales en momentos de presión interna o externa.
JEP insistió en que la reconstrucción del Estado de derecho requiere que la libertad de los ciudadanos dependa del cumplimiento de la Constitución y no de cálculos políticos. La demanda de un indulto total busca poner fin al sufrimiento de cientos de familias que aún esperan la excarcelación de sus parientes tras la reconfiguración política de enero.
La organización concluyó que el uso de los prisioneros como fichas de intercambio debe cesar para dar paso a una decisión política definitiva que garantice los estándares internacionales de derechos humanos en el territorio nacional.
Caracas / TalCual
