La Organización No Gubernamental (ONG) Un Mundo Sin Mordaza presentó, este miércoles 17 de marzo, su informe anual “Panorama actual del ejercicio del periodismo en Venezuela”. Durante la presentación del reporte, Rodrigo Diamanti, director de la organización indicó que “los periodistas arriesgan sus vidas por cumplir los derechos de los venezolanos, pero los venezolanos tienen que defender a los periodistas".
Diamanti dio cuenta de 71 detenciones arbitrarias de trabajadores de la prensa durante 2020, además de 171 actos de hostigamiento, 19 bloqueos de páginas Web y redes sociales, además de cuatro canales televisivos, y dos allanamientos a medios digitales.
Asesinatos
Por su parte, la directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys-Venezuela), Marianela Balbi, dijo que la cantidad de periodistas asesinados está directamente relacionada con la impunidad. Balbi rechazó la intención del Gobierno de socavar la labor de los medios de comunicación, los cuales deben seguir informando de manera libre y asegurarse de darle ese derecho a las comunidades.
En 2020, el Ipys registró 636 violaciones a las garantías informativas, y el asesinato de dos periodistas.
Añadió Balbi que, durante los primeros meses de 2021, el Ipys ha documentando una nueva etapa de agresiones contra medios independientes. Expuso que se trata de “una clara intención de criminalizar a los medios que se atreven a vulnerar la censura mediante la desacreditación y criminalización por parte de altos funcionarios”.
Otra opinión
Asimismo, el director del portal El Pitazo, César Batiz, indicó que "la libertad de expresión, opinión, trabajo e información son derechos por los cuales los ciudadanos deben luchar. No solo los periodistas". Añadió que de los ataques al portal han logrado obtener una cercanía mayor con la gente gracias a las formas de burlar el bloqueo.
Durante la presentación del informe, los ponentes exigieron al gobierno de Nicolás Maduro no obstaculizar la cobertura de los periodistas sobre actos oficiales. Destacaron que no otorgar acreditación viola el derecho al acceso a la información pública.
Caracas / Corresponsalía
