Uno de los puntos álgidos en el debate sobre el tema del Esequibo, por no decir el que más controversia ha levantado, ha sido la negativa de Venezuela a reconocer a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, como la instancia ante la cual acudir para defender los derechos de soberanía sobre los 159 mil 542 km2 que se encuentran en reclamación.
En las últimas semanas, la presencia del país, y su participación activa en los procesos legales abiertos ante el órgano judicial, han caído en el terreno de la incertidumbre.
Por un lado, la posición de la administración del presidente Nicolás Maduro parece clara respecto a rechazar la potestad de la CIJ para dirimir la conflicto con Guyana y no acudir a las audiencias. Esto queda plasmado en una de las cinco preguntas que serán sometidas a la consideración de los ciudadanos en el referendo de este 3 de diciembre.
En particular, la tercera interrogante, fue redactada de la siguiente manera: “¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?”.
Sin embargo, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, arribó este lunes a La Haya, en los Países Bajos, para participar en las audiencias que se celebrarán a fin de decidir sobre la solicitud de Guyana de tomar “medidas provisionales” en contra del referendo consultivo.
Con su comparecencia, Venezuela pareciera aceptar la competencia de la CIJ para dirimir la disputa.
No obstante, la realidad, parece apuntar a que el Gobierno buscará remarcar su posición de no reconocimiento. Según analistas consultados por El Tiempo insistir en esta estrategia, sería un error, que podría echar al traste la que tal vez sea la última posibilidad de recuperar una extensión equivalente a 15 % del territorio venezolano.
El internacionalista Lauren Caballero advierte que Venezuela tiene “una gran oportunidad” para demostrar en la CIJ que el Laudo de Paris de 1899 fue una farsa arbitral. “No defendernos en la Corte es un error”, subraya.
El especialista explica que la “estrategia” de Guyana al acudir ante esta instancia para objetar el referendo, es poner en evidencia o dejar “expuesta”, la posición de Venezuela de no reconocer a la Corte.
“Obviamente eso no le va a gustar para nada a los jueces que van a ver esta actitud de Venezuela como una especie de acto de rebeldía. Eso puede jugar un papel en el proceso, pero no será relevante ni mucho menos. El referendo poco o nada puede afectar el transcurso de los acontecimientos (en la Corte)”, explica Caballero.
El tiempo transcurre y en menos de seis meses, el 8 de abril de 2024, el Gobierno nacional debería presentar ante la Corte Internacional una contramemoria para refutar los argumentos de Guyana dentro del proceso.
Los expertos consultados recomiendan conformar un equipo multidisciplinario -encabezado por expertos juristas-, y blindar una defensa en La Haya. Algo en lo que el país parece no estar trabajando, o al menos no lo ha confirmado abiertamente.
En la pugna limítrofe -que nace de la delimitación establecida por el Laudo Arbitral de Paris de 1899, que otorgó de manera fraudulenta cerca de 160 mil km2 a Guyana-, Venezuela ha reivindicado como único instrumento válido el Acuerdo de Ginebra de 1966, que establece la posibilidad de llegar a una solución consensuada usando el mecanismo de los buenos oficios.
No obstante, luego de que en 2015 la transnacional estadounidense Exxon Mobil descubriera un yacimiento de hidrocarburos en la parte marítima del territorio reclamado, se sucedieron una serie de acontecimientos que llevaron a que, tres años después, en 2018, la ONU dejara de lado los intentos de una solución negociada y se remitiera el caso a la Corte Internacional de Justicia, situación que Venezuela ha rechazado. El Acuerdo de Ginebra obliga a que la opción de recurrir a la Corte deba ser firmada y aprobada por el Estado venezolano, algo que no ha ocurrido.
El pasado 6 de abril, la CIJ descartó las objeciones de Venezuela, reafirmó su competencia sobre el proceso y dio luz verde para proceder a las audiencias de fondo de la disputa legal.
Venezuela ha tenido una posición ambigua, rechazando acudir a las sesiones desde 2018, pero terminando por presentarse en última instancia.
“El gobierno venezolano no puede argumentar la no jurisdicción de la Corte en el proceso actual debido a que sus acciones recientes en dicha instancia representan un reconocimiento inequívoco de la competencia”, explica Caballero.
El también internacionalista Alejandro Linares, indica que el referendo del 3 de diciembre busca, entre otras cosas, solicitar la aprobación para transformar lo que hoy es la Zona en Reclamación, en una región que sería sumada a la geografía de Venezuela.
“Puede que el referendo tenga valor para las autoridades que ostentan el poder en Venezuela, pero no tiene que tenerlo para los guyaneses o, incluso, para quienes residen en el Esequibo, mucho menos si estos últimos no forman parte de la consulta”.
Agrega Linares que hay razones para seguir dentro del proceso en la CIJ.
“Ese juicio no debería verse impedido ni trastocado por el referendo. De hecho, incluso con un referendo, la parte venezolana no debería abandonar su puesto, ni su defensa de los argumentos venezolanos en la Corte. Al final del día, la sentencia de ese tribunal es la que será reconocida internacionalmente y la que tendrá verdadera validez para todos los involucrados”, señala Linares.
Pero si bien los internacionalistas coinciden en que el referendo no tendrá impacto en la disputa que se sigue en la Corte y que el país debe preparar la contramemoria para abril de 2024, a lo interno del país la situación es otra.
Para Lauren Caballero, el Gobierno busca, a través de la consulta del 3-D, revestir con un “aura de apoyo popular” la decisión, ya tomada previamente de no acudir o no reconocer a la CIJ y no defender en ese espacio los derechos históricos sobre el territorio.
Para el experto, las otras cuestiones que gravitan sobre el referendo, como podría ser desviar la atención del resultado de las primarias opositoras del 22 de octubre, u otros objetivos “son efectos colaterales”.
“La idea fundacional de la consulta es justificar un apoyo popular para la no comparecencia ante la Corte. De esta manera se tendrían argumentos políticos a lo interno del país para justificar un discurso y declaraciones ante una potencial sentencia contra Venezuela en esa instancia. Estamos hablando de crear un escenario a corto plazo de cuatro o cinco años”, explicó.
Por su parte, Linares opina que el referendo también tiene fines “no declarados” que encuentran su justificación en el ámbito político-electoral.
“Si tomamos en cuenta que estamos a un año (o menos) de una elección presidencial, una consulta refrendaria podría servir como termómetro para medir la capacidad de convocatoria y movilización de la administración de Maduro. Visto así, el referendo, más que una votación para dirimir unilateralmente el futuro del Esequibo, se plantea como una oportunidad para determinar qué tanto apoyo tiene el Gobierno y, a su vez, como una oportunidad para poner en marcha e ir aceitando la maquinaria del chavismo, de cara a los comicios presidenciales de 2024”, señala Linares.
El referendo también ha contribuido a lo interno para reavivar la diatriba entre el Gobierno y la oposición acerca de las causas -y los responsables- de las acciones diplomáticas -o la falta de ellas-, que no han permitido recuperar el Esequibo.
Este lunes, la Plataforma Unitaria Democrática divulgó un comunicado donde se pronuncia a favor de preparar la defensa del territorio en reclamación ante la CIJ, además de llamar a todos los venezolanos decidir libremente sobre las preguntas de la consulta del 3-D. Asimismo, la coalición antichavista lamentó “que la actual situación en la que se encuentra la defensa de nuestros derechos, es consecuencia de una política exterior irresponsable, de hace más de 20 años”.
Otros voceros opositores han recordado el encuentro sostenido entre el los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Guyana, Bharrat Jagdeo, en 19 de febrero de 2004, en la ciudad de Georgetown. En su visita, el mandatario venezolano manifestó que su gobierno no se opondría a ningún proyecto de integración o que vaya en beneficio de sus habitantes, “como proyectos de agua, vías de comunicación, energía, proyectos agrícolas”.
El episodio ha sido traído a colación por parte de la oposición para señalar la responsabilidad de lo que ocurre en el presente en torno a la explotación de recursos naturales en suelo del Esequibo, algo que el propio Acuerdo de Ginebra de 1966 prohibía expresamente.
Sin embargo, según apunta Caballero, aunque el Gobierno actual y el anterior “no han hecho la tarea de la mejor manera”, eso no significa que haya habido una cesión del territorio, ni que este se haya “regalado”.
“Todos esos argumentos parten de premisas falsas y tienen mucho que ver con la contienda política interna, y poco que ver con el derecho propiamente dicho”.
Caballero indica que el artículo 5 del Acuerdo de Ginebra, establece que “ningún acto o actividad que se lleve a cabo (…) constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los Territorios de Venezuela o la Guayana Británica, ni para crear derechos de soberanía en dichos Territorios, excepto en cuanto tales actos o actividades sean resultado de cualquier conveniologrado por la Comisión Mixta y aceptado por escrito por el Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Guyana”.
“Es este artículo hay una especie de blindaje sobre los derechos en el territorio. Mientras ese Acuerdo esté vigente no hay manera de reconocimiento de ninguna actividad de soberanía sobre el territorio a menos que haya una negociación bilateral (…) Cuando dicen que el Esequibo lo regaló (Rafael) Caldera o Chávez, eso no tiene asidero desde el punto de vista jurídico”.
Cualquier consecuencia de actuaciones pasadas, puede ser rebatida y explicada por juristas a cargo de la defensa de Venezuela en la Corte. En este momento, sería la única fórmula sensata de actuar, puesto que una sentencia en esta instancia es inapelable.
Por demás está descartada una salida militar, según apunta Caballero, ya que sería “descabellado” poner al país en una posición de “Estado agresor”.
La pelota está del lado del Gobierno. Le corresponderá a él decidir cuál es la opción a seguir, si la del desconocimiento, o la una defensa blindada y bien argumentada.
Caracas / Rodolfo Baptista / Rafael Arias
