En las últimas semanas, trabajadores públicos activos y jubilados estuvieron organizando protestas por diferentes motivos, pero uno de los más resaltantes es el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), instrumento que consideran va en contra de la mayoría de sus beneficios socioeconómicos.
A pesar de que recientemente se han hecho varias manifestaciones las acciones para rechazar esta medida gubernamental comenzaron hace varios años.
Al menos así lo asegura el presidente del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos de la entidad (Urepanz), José "Cheo" Hurtado, quien destacó que la lucha en contra del instructivo Onapre se inició desde el año de su creación, es decir, en 2018.
"Ese año, en agosto, se creó el instructivo, y en octubre de 2018 realizamos la primera marcha para denunciar que iban a reducir el bono vacacional al año siguiente, de 175 días que establece el contrato a 60 días. Es decir, nos estaban confiscando 115 días. Además, el bono de fin de año de 2019, que era de 140 días apenas nos pagaron 90. Esto significa que nos querían quitar más de 60% del ingreso anual del trabajador", acotó.
En octubre de 2019, señaló el dirigente sindical, realizaron otra protesta para rechazar los tabuladores salariales impuestos a través de la Onapre.
Luego en marzo de 2020 la lucha fue llevada a otro nivel. Hurtado, de Urepanz, en compañía del representante de la Asociación de Jubilados en Acción, Agdemar Sabría, y otros dirigentes sindicales, presentaron ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dos amparos constitucionales.
Uno solicitaba la nulidad del instructivo Onapre "porque violaba los derechos de los trabajadores", mientras que el otro recurso era para exigir una indexación de las prestaciones sociales de los trabajadores tras la reconversión monetaria, ya que muchos prácticamente perdieron los ingresos acumulados en sus años de servicio.
"Esto último en virtud de que un trabajador que vino a buscar asesoría sobre el tema y cuando fuimos a recursos humanos ya le habían pagado las prestaciones sociales, le quitaron los ceros y con lo que cobró le alcanzaba para comprarse un pan y un refresco. Se le subió la tensión, le dio un Accidente Cerebro Vascular (ACV) y una semana después murió producto de esta situación que le causó depresión", contó "Cheo" Hurtado.
No obstante, no fue sino hasta este año cuando el TSJ se pronunció al respecto y direccionó ambos recursos al Juzgado Contencioso Administrativo del estado Anzoátegui por considerarlo "un tema regional".
"No entendemos por qué fue direccionado al estado si en el recurso presentado están agregados 160 sindicatos de todo el país y este es un tema que afecta a todos los trabajadores públicos de Venezuela. Sin embargo, exigimos que se liberen las boletas de citación para que sea reactivado el caso", añadió.
En septiembre de 2020, al diputado a la Asamblea Nacional (AN) José Aparicio, quien para ese entonces era presidente de la comisión de asuntos sociales del parlamento, también se le presentó el documento donde rechazaban el instructivo Onapre a fin de que mediara ante el gobierno nacional.
"Por qué el gobernador, que está recibiendo dinero fresco de los peajes, donde una gandola está pagando 170 bolívares, no invierte parte de ese dinero en el personal. Nosotros le exigimos en un documento que pasamos en febrero que se dispusiera parte de ese dinero para cancelar una bonificación trimestral al trabajador que le permita paliar la situación que vivimos debido al índice inflacionario y la gran cantidad de primas que nos confiscaron, pero hasta el momento no hay respuestas".
José "Cheo" Hurtado
Presidente de Urepanz
En Anzoátegui hay alrededor de 27 mil trabajadores dependientes de la gobernación, de acuerdo con cifras suministradas por gremios y sindicatos.
Pero si se suman los empleados públicos de las alcaldías la cifra podría ascender a unas 70 mil personas.
En el caso de los que son nómina del gobierno estadal, su contrato colectivo vigente consta de 81 cláusulas.
Según palabras del presidente de Urepanz, el instructivo Onapre suprime al menos 27 cláusulas de índole económico y social.
Dentro de las más destacadas que fueron mencionadas por el sindicalista Hurtado se encuentran las de uniforme, guardería, juguetes para Navidad, bonificación por nacimiento de hijos, plan de becas, intereses de prestaciones sociales y contribución del fideicomiso, útiles escolares, anticipo de prestaciones, ayudas económicas para niños especiales, bono por graduación y asistencia médica odontológica.
"Este instructivo está destruyendo progresivamente los ingresos de los trabajadores públicos. La pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores está por el orden de 95%. ¿Quién puede cubrir sus necesidades así?", se preguntó Tito Barrero, presidente de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui).
A juicio del dirigente gremial, el instructivo Onapre es un instrumento que implementa el gobierno para colocar un solo salario para todos los trabajadores sin importar la jerarquía y años de experiencia.
El pasado 11 de agosto se desarrolló la última manifestación en la zona norte de Anzoátegui en contra de los tabuladores de la Onapre.
Cientos de trabajadores, junto con representantes de sindicatos, marcharon desde la plaza Bombón de Barcelona hasta las inmediaciones de la gobernación, para pedirle al mandatario estadal, Luis José Marcano, que eleve a la presidencia de la República el rechazo de la masa laboral hacia este instrumento.
En esa protesta también se denunció el pago incompleto del bono vacacional y recreacional a los trabajadores del sector educativo, el cual finalmente empezó a ser pagado de forma completa el pasado martes 16, luego de que el presidente Nicolás Maduro removiera (el viernes 12/8) a Marco Polo Cosenza de la dirección de la Onapre y designara en su lugar a Jennifer Quintero de Barrios.
En septiembre, informó el sindicalista José "Cheo" Hurtado, vendrá nuevamente a Venezuela una comisión de La Organización de Internacional del Trabajo (OIT), por lo cual considera que es una gran ocasión para que los sindicatos de base tengan la oportunidad de exponer ante el organismo lo que están viviendo los trabajadores del sector público.
Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez Pino
