La Organización No Gubernamental (ONG) Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó su informe 2017, en el cual destaca que como consecuencia de la crisis que vive Venezuela, 16,2% de los niños padeció durante el año pasado algún tipo de desnutrición, lo que supuso la duplicación de los casos.
De acuerdo con el documento, el dato sobre la desnutrición refleja un alza de 100% con respecto a los números de Provea de 2016, cuando informó de 8% de casos.
Otro de los hallazgos referidos a la mala nutrición de los menores precisa que 56% de los niños de Venezuela sufrió el pasado año de “déficit nutricional”, que se traduce en el insuficiente consumo de alimentos para su normal desarrollo.
La nutricionista y experta en seguridad alimentaria, Susana Rafalli, dijo durante la exposición del informe que esa realidad reflejada en estos datos obtenidos a través de su trabajo en Caritas Venezuela suponen delitos alimentarios que dejan constancia de la “situación nutricional de emergencia” que atraviesa el país.
Consecuencias
Al alertar de la gravedad del registro, preciso que “incluso los (niños) que se recuperan” de un cuadro de desnutrición “ya tienen un retardo de crecimiento” que afectará su talla y peso durante todas las etapas de su vida.
“Las cifras son el resultado, detrás de eso hay toda una vulneración”, señaló al acusar al Gobierno de usar el hambre y los alimentos como un “instrumento de dominación” política.
Rafalli recordó que el Estado venezolano tiene la obligación de garantizar el acceso de la población a los alimentos, inclusive en hospitales y otras dependencias que controla, como centros de reclusión para personas con enfermedades mentales o casas de abrigo para ancianos, pero viene incumpliendo con esta responsabilidad.
Para la investigadora, el hecho de que el Ejecutivo relanzara el programa de “casas de alimentación” el año pasado, es el reconocimiento de que existe una crisis alimentaria. “Es una de las formas en las que el Estado reconoció que hay una vulnerabilidad nutricional y que hay un daño nutricional ya instalado”, agregó.
Provea precisó que el informe de 2017 se elaboró con datos de varias investigaciones independientes, que además arrojaron que 9 de cada 10 venezolanos no podía costear sus propios a alimentos y que 8 de cada 10 redujo su ingesta.
Caracas / Andreína Vargas
