Las familias de los 40 migrantes muertos en el incendio ocurrido en un centro de detención para migrantes sin documentación en Ciudad Juárez, México, el pasado 27 de marzo, serán indemnizados por el Gobierno de México.
De acuerdo con la información divulgada por diversas fuentes periodísticas, el Estado mexicano indemnizará con 8 millones de dólares a cada familia de las víctimas mortales de este suceso.
El monto aprobado fue de 140 millones de pesos que equivaldría exactamente a 8,2 millones de dólares, detalló el Instituto Nacional de Migrción de México (INM).
El Instituto Nacional de Migración de México, anunció no solo la indemnización a las familias de los fallecidos, sino también algunas modificaciones estructurales y otras medidas.
El organismo, seriamente cuestionado por varias ONG de derechos humanos por supuestamente torpedear la investigación objetiva, informó de la instalación de puertas de emergencia, retiro de rejas y cerraduras en todas las áreas de tránsito y flujo interno de las personas alojadas.
Además, el Gobierno de México instaló partes de paredes con vidrio plástico, detectores de humo, respiradores y mayor número de extintores.
Todo ello luego de las recomendaciones conjuntas realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Protección Civil y el Órgano Interno de Control (OIC) del INM.
Entre las víctimas mortales fueron identificados 12 ciudadanos de nacionalidad venezolana. Parte de la población migrante que allí se encontraba huía de la grave crisis humanitaria persistente en Venezuela, según se pudo conocer a través de los informes de las organizaciones migratorias.
Junto a los 12 venezolanos fueron identificados 18 guatemaltecos, 13 hondureños, 7 salvadoreños, 1 colombiano y 1 ecuatoriano.
Este trágico hecho ocurrió el 27 de marzo de 2023 después de las 10:00 pm, hora de México. Las autoridades de Chihuahua expusieron en un comunicado que el incendio se produjo luego de que algunos migrantes quemaran colchones en el interior de las celdas.
Durante los hechos, un video de las cámaras de seguridad del centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez comprometió a los funcionarios. El material probatorio evidenció que funcionarios del Gobierno mexicano dejaron encerrados a los migrantes durante el incendio que provocó la muerte de al menos 39 de ellos esa misma noche.
Horas antes las autoridades migratorias de México y la policía habían realizado un operativo donde detuvieron a más de un centenar de migrantes sin documentos. El objetivo de los detenidos era llegar a Estados Unidos y por eso estaba en tránsito por algunas localidades mexicanas.
De acuerdo con el informe oficial, cerca de 71 migrantes fueron llevados al centro de detención para migrantes en Ciudad Juárez.
Un total de 39 migrantes murieron en el lugar, la mayoría por asfixia, y uno más en un hospital. Además, 27 sufrieron lesiones. La mayoría de los fallecidos son de Guatemala, el resto de El Salvador, Venezuela, Honduras y Colombia.
Inicialmente, cinco personas fueron heridas por el fuego, y el grado de quemaduras en el cuerpo eran altos. Una de las personas falleció en los días posteriores en un centro médico para sumar 40.
Tres días después del suceso la coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Andrea Núñez, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que “Hay que decirlo como es: un crimen de Estado, porque las personas estaban bajo custodia del Estado”.
En esa oportunidad indicaba además que la respuesta del Estado mexicano no era la esperada ni por la sociedad civil del país, ni por el resto del continente y de los países donde son originarias las víctimas, toda vez que se giró una orden de aprehensión en contra de una de las personas migrantes que la Secretaría de Seguridad identifica como el responsable de iniciar el incendio.
“Esto me parece sumamente grave, criminalizante e injusto, porque al final de cuentas no se investigan los hechos por los cuales las personas se vieron en la necesidad de iniciar ese fuego”, expresó Núñez.
Luego, a través de un comunicado, y al cumplirse 3 meses de la tragedia, en conjunto las ONG Derechos Humanos Integrales en Acción, AC (DHIA), Fundación para la Justicia (FJEDD) y del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), alertaron que se habían cumplido 3 meses sin justicia para las víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, México.
Agregaron que “por el contrario, la revictimización y hostigamiento a los sobrevivientes y sus familias han primado en el proceso”.
En ese sentido, las tres organizaciones aseveraban que tenían “conocimiento de cómo el Instituto Nacional de Migración (INM) les presiona para que dejen de comunicarse con la sociedad civil, condicionando el apoyo que reciben para gastos de estancia en México y atención médica derivada del incendio, y al que por ley tienen derecho”.
México / Radio Fe y Alegría
