Cuando Adriana Salazar recibió la llamada de su madre para decirle que su hermano, Mauricio Salazar, no llegó a su casa la noche del 22 de noviembre de 2024, supo que algo andaba mal “mi hermano nunca deja de dormir (sic) fuera de la casa”, recuerda.
Mauricio Salazar era trabajador de operaciones de una naviera ubicada en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui, cuando ese viernes fue citado a una reunión junto a otros trabajadores. Por medio de terceros dentro de la empresa, supieron que su hermano fue detenido por agentes del DGCIM sin orden judicial y trasladado a una sede del organismo en Lechería, “simplemente se los llevaron a todos los que estaban en la oficina (...) le quitaron sus teléfonos y los esposaron como si fuesen unos viles delincuentes”, relata Adriana Salazar, en conversación vía mensajería instantánea con El Tiempo.
Mauricio está relacionado al caso bautizado como PDVSA-Obrero, que engloba una serie de detenciones arbitrarias entre 2024-2025, por razón de un presunto contrabando de combustible de un buque en altamar. Pese a que el caso hace referencia a trabajadores de la estatal petrolera de distintos puntos del país, involucra también a militares y civiles que no tienen relación con PDVSA.
Aunque este sábado 15 de agosto, se conoció la salida de cinco presos políticos ligados a la refinería Amuay en Yare II, en el marco de las excarcelaciones anunciadas dos días después del primer ciclo de conversaciones entre la Asamblea Nacional 2015 y 2025, la comunidad en instagram que auna las denuncias del caso, contabiliza al menos 80 personas detenidas por la misma causa, entre ellos Mauricio Salazar.
Desde ese momento, tanto Adriana, como su madre de 76 años y sus hermanas, emprendieron una búsqueda en la zona metropolitana para dar con su paradero “nosotras fuimos varias veces a preguntar allí por él (en la sede del DGCIM en Lechería), y siempre nos decían que ahí no estaba (...) fuimos para todos los entes, buscándolo”, recuerda Adriana.
Como última instancia, llegaron a la sede del Ministerio Público (MP), en Puerto La Cruz, donde pudieron hablar con un personal del organismo que “se condolió de mi madre que estaba allí y le dijo que a su hijo lo trasladaron a Boleíta, en Caracas”. La dirección hace referencia a la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, ubicada en Boleíta Norte.
Zimarú Fuentes, abogada y vocera, señala que el patrón de detenciones coincide en la mayoría de los casos: eran citados en puntos comunes o en sus lugares de trabajo por un compañero utilizado como señuelo, donde eran detenidos por cuerpos de la DGCIM, “nosotros como familiares no sabíamos nada de ellos, por averiguaciones que hacíamos fue que supimos que estaban en el DGCIM, y otros se enteraron cuando ya sus familiares estaban en Caracas”, explica Fuentes, quien también es familiar del teniente Larry José Moya Alfaro, detenido por la misma causa.
No fue hasta casi un mes después que pudieron confirmar el paradero de Mauricio, a través de una llamada. Para ese momento, recuerda Adriana, las cuatro se encontraban en Caracas desde el 28 de noviembre, “ estuvimos buscándolo todo ese periodo (...), hasta el 14 de diciembre de 2024, cuando le permitieron una llamada donde él nos pide que llevemos sus medicamentos (...), fue lo único que nos aceptaron”
En ese momento, le informaron a Adriana que su hermano tenía orden de traslado al centro de reclusión Yare III, ubicado en el estado Miranda. “Me lo dijeron en el mismo Boleíta (…), yo me iba a morir (…) estábamos solas en Caracas. Me puse a llorar”.
El cinco de febrero, luego de tres meses de la detención de Mauricio Salazar, les permitieron una visita en el centro de detención. “Mi mamá pudo verlo (...) estaba en unas condiciones deplorables, estaba totalmente flaco”.
La incomunicación prolongada y negación de información sobre un detenido, dentro de los parámetros internacionales, equivale a tortura y desaparición forzada.
Pero no son los únicos patrones denunciados, Zimarú Fuentes señaló tratos crueles y torturas en las sedes del DGCIM, como sumersión, asfixia y delaciones.
En 2022, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, determinó que el Estado venezolano utiliza organismos de inteligencia militar y civil para cometer graves violaciones de Derechos Humanos.
Aunque la preservación y las necesidades de los privados de libertad sean responsabilidades de los sistemas penitenciarios y del Estado venezolano, consagrado en la Constitución y leyes internacionales, tanto Adriana, como su mamá y sus hermanas, reúnen esfuerzos para cubrir las necesidades básicas de Mauricio dentro del penal. “Nosotras somos las únicas que nos encargamos de eso (...) de su comida y medicinas. Hace poco le diagnosticaron una inflamación en la próstata, entonces tuvimos que costear todo”, afirma Adriana. “Nosotras siempre pensamos que tenemos que resguardarlo allá dentro (...) porque estando él bien, nosotras estamos bien”.
Los gastos no solo incluyen insumos básicos, sino también en transporte y logística para llegar a las visitas. Cada mes, pagan un traslado que las llevan al centro penitenciario. “Salimos de madrugada desde Puerto La Cruz, llegamos a Yare III a las 7 de la mañana para poder entrar a la visita”, agrega Adriana.
En 2024, una investigación hecha por El Pitazo y la Red de Periodistas Venezolanas, documentó que, desde Anzoátegui hasta Miranda, se necesitan entre 180 y 200 dólares por persona en traslados, en un país donde el salario mínimo es de 130 bolívares.
Aunada a las recientes 131 excarcelaciones anunciadas por el ejecutivo nacional, el pasado viernes 14 de agosto, el secretario de Estado de los EE.UU, Marco Rubio, indicó que 1.046 venezolanos han sido liberados desde el 3 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de fuerzas estadounidenses. Posteriormente, la cifra fue replicada por Delcy Rodríguez, aunque no precisó fecha ni ofreció mayores detalles.
Organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos, cuestionan la totalidad de las cifras anunciadas. La ONG Foro Penal, verificó hasta el domingo 16 de agosto , al menos 78 excarcelaciones de las 131 anunciadas. El Comité para la Libertad de Presos Políticos, denunció a través de un comunicado, las restricciones que son aplicadas.
“Desde enero se repite el mismo patrón: se anuncian cifras que, al momento de su difusión, no pueden ser corroboradas independientemente. Exigimos la publicación de los nombres, las boletas de excarcelación y la situación jurídica de cada persona, así como el acceso de organizaciones independientes a todos los centros de atención”, señala el comunicado.
A casi dos años de aquel 22 de noviembre, Adriana no se explica las razones de la detención de su hermano. “lo culpan de cosas que, hasta la fecha, él todavía no entiende el porqué de esas acusaciones (...), han sido dos navidades sin mi hermano en la casa, dos navidades con ese puesto solo”, recuerda Adriana.
Puerto La Cruz / Gloriaestefanía Maestre
