El Gobierno venezolano ordenó una investigación tras la denuncia de la Fiscalía de Colombia sobre un supuesto plan para asesinar al fiscal general de ese país, Francisco Barbosa, que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaría fraguando en Venezuela, informó este miércoles la Cancillería en un comunicado.
"Ante la serie de rumores que, con dudosa intención, son esparcidos en Colombia, y que intentan construir una matriz de opinión del uso de nuestro territorio con fines de generar inestabilidad y acciones terroristas, se ha ordenado una exhaustiva y transparente investigación que establecerá la verdad", dice un comunicado de la Cancillería.
El Ejecutivo de Nicolás Maduro manifestó su "profunda preocupación" ante lo que consideró "escandalosas informaciones que intentan minar el proceso de paz que se desarrolla en los actuales momentos" entre el Gobierno de Colombia y el ELN, cuyo cuarto ciclo de negociaciones arrancará en Caracas el próximo lunes.
"El Gobierno de Venezuela exhorta al Gobierno de Colombia, así como a los países y organizaciones garantes y acompañantes al proceso de paz, a continuar respaldando los compromisos adquiridos en función del plan de paz total, y echar por tierra cualquier intento de sabotearlo", prosigue el escrito.
La llamada revolución bolivariana también llama a "rechazar cualquier intención de sugerir la posibilidad de que se esté usando" el territorio venezolano "para estos inverosímiles planes".
Venezuela "rechaza cualquier intento de entorpecer la salida pacífica, que finalmente se vislumbra en el horizonte, a décadas de conflicto armado en Colombia y sufrimiento de su pueblo", concluye el comunicado.
El ELN, que tiene vigente un cese el fuego con el Gobierno colombiano, aseguró que el supuesto plan no es cierto y que, con esa información, lo que se busca es sabotear los diálogos de paz.
Hasta la fecha, Gobierno y ELN han tenido tres rondas de negociación, en las que se ha conseguido firmar varios acuerdos parciales y también un cese al fuego bilateral, el más largo pactado con la guerrilla, que comenzó el pasado 3 de agosto, con una duración de 180 días.
Bogotá / EFE
