El Gobierno de Venezuela, tras denunciar conspiraciones que incluían el asesinato del mandatario Nicolás Maduro, activó recientemente la ‘Furia Bolivariana’, un plan para «defender el derecho a la paz» que, sin embargo, preocupa a distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), opositores y expertos, quienes alertan de un «recrudecimiento» de la «represión y la persecución» política, a meses de las presidenciales.
El plan tuvo su primera manifestación el 23 de enero, cuando simpatizantes del oficialismo vandalizaron sedes de, al menos, cuatro partidos antichavistas, en cuyas fachadas escribieron «Furia Bolivariana«, según denuncias de estas formaciones, entre ellas Vente Venezuela, liderada por la candidata presidencial de la oposición mayoritaria, María Corina Machado.
Pocos días antes, el jefe de Estado, que acusó a la oposición de preparar «atentados terroristas» ante la cercanía de las presidenciales, previstas para este año aunque aún sin fecha definida. Maduro advirtió que quienes intenten desestabilizar al Gobierno «se encontrarán con la furia bolivariana» del pueblo.
Para el coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo, es un llamado con un contenido altamente represivo. «La ‘Furia Bolivariana’, bajo el supuesto de planes de magnicidio o de conspiraciones en contra del Gobierno, se ha traducido en un «cerco aún mayor del espacio cívico». Lo evidencian las detenciones arbitrarias, desaparición forzada y un lenguaje de alta violencia».
Según Provea, se trata de un reeditado intento de Maduro para aplastar el descontento y ocultar el deliberado empobrecimiento de las grandes mayorías.
En este sentido, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) recordó que este plan, que describió como un «mecanismo de represión, control y persecución» mediante «desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias e intimidaciones», no es nuevo, ya que «fue utilizado» en 2020, cuando «decenas de viviendas de personas vinculadas con la política fueron marcadas con amenazas».
En enero, el Gobierno denunció nuevas conspiraciones que incluían planes para asesinar a Maduro y otros funcionarios y para asaltar instalaciones militares, por las que han sido detenidas, al menos, 38 personas, entre ellas tres colaboradores de Machado y la activista Rocío San Miguel, quien, según su defensa, fue víctima de una «desaparición forzada».
Para Murillo, «no hay elementos que la población pueda tener en sus manos para decir que estos planes son ciertos o forman parte de la agenda (…) personal de intereses particulares del Gobierno», y esta incertidumbre, señaló, se genera en parte porque no hay «separación de poderes», sino un «sistema de justicia que se activa en favor del servicio del Estado».
La oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), se desmarcó de las conspiraciones, que Machado, su candidata presidencial, ha calificado como «tramas surrealistas y delirantes».
El pasado 7 de febrero, decenas de chavistas atacaron, «con palos y piedras«, a simpatizantes de la exdiputada liberal en un acto a las afueras de Caracas, mientras la Policía, que «estaba presente, con su inacción, amparó» a esas personas, según denunció entonces la dirigente opositora, quien se encontraba en el lugar, aunque resultó ilesa.
Según dijo a EFE el abogado Perkins Rocha, miembro del equipo legal de Machado, la ‘Furia Bolivariana’ forma parte de un «plan mayor montado en un año electoral para concretar la ejecución de un ataque sistemático y generalizado contra la población disidente e inconforme con sus ejecutorias e ideología política».
Asimismo, representa una «estrategia desesperada y violenta» para que se «ejecuten acciones, hechos y declaraciones en este año electoral que menoscaben los derechos humanos civiles y políticos de los ciudadanos opositores y, en especial, de sus representantes y líderes».
Por el contrario, para el chavista Roberto Pacheco, líder comunitario, la ‘Furia Bolivariana’ es la fuerza que «debe tener cada militante para entender y ejecutar todos los lineamientos que dicte» el oficialismo para difundir «la verdad» y dar una respuesta pacífica a cualquier evento en el que «se pretenda, de forma violenta, alterarse la paz social ciudadana, violentando el orden público».
«Esta actuación deberá ser de forma pacífica y persuasiva, sin injerencia en la competencia de las autoridades competentes y autorizadas en dicha materia de orden público», dijo a EFE el simpatizante oficialista.
El primer vicepresidente del partido gobernante PSUV, Diosdado Cabello, dijo recientemente que la «Furia Bolivariana está lista para luchar y vencer» las «pretensiones imperialistas para perturbar la paz de la nación con apoyo de la derecha interna», y aseguró que «están identificados, en cada estado del país, los traidores y conspiradores que han planificado golpes de Estado y magnicidios».
Caracas / EFE
