La Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo de Anzoátegui aplicarán un plan especial de atención a los trabajadores de distintos sectores, por presuntas violaciones de sus derechos laborales. Según estos organismos, son más de 600 los casos que se registran la entidad, y que involucran tanto a instituciones públicas como privadas.
"En la defensoría tenemos un total de 300 denuncias, en el ministerio del trabajo debe haber más, porque es allí donde acuden primero las víctimas", aseguró Rafael Vega, Defensor del Pueblo en la región.
Vega dijo que "en tal sentido, el fiscal Tarek William Saab comisionó una fiscalía especial en derechos laborales, para defender estas violaciones". En el caso de Anzoátegui, afirmó, será la número 19 y la 78 que se dedicarán exclusivamente a estos hechos.
El funcionario acotó que los casos de mayor incidencia vienen de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Cementos de Venezuela, Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), Corporación Eléctrica (Corpoelec), alcaldías, ministerios, entre otras instituciones públicas y algunas empresas privadas, que irrespetan órdenes de reenganche, sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pagos y respeto a los debidos procesos.
Para Juan Salazar, presidente de la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad, Campo y Pesca, "Pdvsa no puede ser un estado dentro del estado, la cementera no puede ser un estado dentro del estado, las empresas privadas tampoco por ejemplo, hay que respetar los derechos laborales".
"Apoyamos la medida de Tarek William Saab, fiscal general, porque llegó la hora de que se respeten los derechos y se haga justicia para esos padres y madres, que han quedado sin sustento", manifestó Salazar, pidiendo a los trabajadores retomar sus casos y esperar sus reivindicaciones.
"Así como acabaron con parte de los delincuentes, sicarios, terroristas que se hacían pasar por sindicalistas y ahora están presos, confiamos en que se hará justicia en estos casos", refirió el vocero.
Los casos y denuncias serán tratados de forma integral entre la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público (MP) en todo el país, ante el crecimiento de denuncias en despidos injustificados y violación de los debidos procesos.
Barcelona / Redacción web / Con información NDP
