El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró este viernes que el empresario Ricardo Albacete -que, a finales de junio, hospedó a la líder opositora María Corina Machado en Táchira (oeste)- está vinculado con un plan de sabotaje eléctrico relacionado con las elecciones presidenciales del 28 de julio.
En una rueda de prensa, el funcionario explicó que Albacete y otro venezolano llamado Aldo Roso Vargas -detenido el miércoles en Caracas- están detrás de una empresa ubicada en Táchira, que "funcionaba como centro de acopio de material estratégico hurtado al sistema eléctrico nacional".
"Se tiene por información de Inteligencia que, además, los detenidos han recibido financiamiento desde el exterior para sostener la campaña de la extrema derecha neonazi y movimientos de desestabilización del país", sostuvo.
El jueves, el antichavismo denunció la detención de Albacete, a quien los cuerpos de seguridad le allanaron varias propiedades, incluyendo el inmueble en el que se hospedó Machado, cuando encabezó actos multitudinarios de apoyo a Edmundo González Urrutia, candidato de la PUD.
Saab responsabilizó a los detenidos por el "robo" de materiales del Estado, "acciones reprochables que han escalado durante este mes de julio", en medio de la campaña electoral.
"Al realizar los allanamientos, se pudo verificar que estos ciudadanos tenían en su poder gran cantidad de material estratégico, perteneciente a (la estatal) Corpoelec. Todos estos elementos están valorados en unos 150.000 dólares (…) Todo lo encontrado allí es propiedad del Estado venezolano y no hay motivos para que estén en un galpón", añadió.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -la mayor coalición opositora- ha alertado sobre el incremento de una persecución política por parte del Gobierno, con ayuda de instituciones como la Fiscalía y la agencia tributaria, pues varios hoteles y restaurantes sufrieron sanciones luego de haber atendido a González Urrutia o a Machado.
Asimismo, varios trabajadores independientes que prestaron algún servicio a los opositores, como barqueros, motoristas, técnicos de sonido y conductores sufrieron detenciones temporales, prohibición de zarpe o bloqueo de instrumentos de trabajo, bajo el argumento gubernamental de falta de documentación o registros.
Caracas / EFE
