El fiscal general de Venezuela designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, aseguró este lunes que los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (Acnudh) -cuyas labores en el país fueron suspendidas por el gobierno este jueves- pretendían «fungir como auditores» de los expedientes e investigaciones adelantadas por la Justicia.
«Comenzaron por preocuparse de forma muy extraña en expedientes vinculados todos ellos a personas que tenían ya orden de aprehensión, que habían sido imputados, que habían sido acusados, incluso que habían sido ya condenados, con casos que no tienen para nada que ver con la defensa de los derechos humanos (…) queriendo fungir como auditores», aseguró Saab en una comparecencia ante la prensa.
El fiscal apuntó que la decisión de suspender esta oficina de la ONU en Caracas y la expulsión del país de 13 de sus miembros se trató de una medida tomada por el Ejecutivo en el marco de la «separación de poderes».
Sin embargo, insistió en que puede dar testimonio de las «innumerables veces» que se reunió con los altos mandos de esta institución para atender sus requerimientos.
Saab cuestionó que los funcionarios de Acnudh solicitaran revisar expedientes relacionados con delitos comunes, corrupción o enmarcados en la «lucha contra la delincuencia organizada», materias que, consideró, son «ajenas totalmente» a la defensa de los derechos humanos.
Además, criticó que esta oficina calificara de «desaparición forzada» la detención de la activista Rocío San Miguel, privada de libertad desde el pasado 9 de febrero y acusada de estar «presuntamente vinculada» con una trama conspirativa para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
«Vimos como, lamentablemente, no rectificaron cuando, a pesar de haber sido informados de que Rocío San Miguel estaba detenida, a pesar de haber sido informados de que estaba imputada, de que había sido recluida en el Sebin (sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia), a pesar de toda esa información, ellos seguían manteniendo la tesis de que había una desaparición forzada», dijo.
El pasado 13 de febrero, a través de X, la oficina del Acnudh aseguró que seguía con «profunda preocupación» la detención de San Miguel y dijo que el desconocimiento de su paradero hasta ese momento, como denunciaron sus abogados, podría ser calificado como «desaparición forzada», por lo que instó a su «liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal».
Caracas / EFE
