Al cumplirse seis meses de los comicios presidenciales del 28-J, familiares de presos políticos recluidos en las cárceles de El Helicoide, El Rodeo, Ramo Verde, Tocorón y Tocuyito, entre otros, se pronunciaron para denunciar la “violación sistemática de derechos humanos” -incluyendo casos de aislamiento prolongado, torturas y tratos crueles-, a la que estarían siendo sometidos centenares de detenidos en el país.
En rueda de prensa realizada este martes, una representación de esposas, madres, parientes y activistas del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), detalló las graves condiciones de reclusión existentes. Además de señalar situaciones de maltratos y agresiones físicas y psicológicas, apuntaron que en muchos casos sus allegados no tienen acceso a agua potable ni atención médica y reciben alimentos en “mal estado o con gusanos”.
A las denuncias de aislamiento y la negación de visitas, se sumó la imposibilidad de contar con un abogado privado, tal como establece la ley.
La integrante del Clippve, Sairam Rivas, relató que su pareja Jesús Armas, quien cumplió más de mes y medio privado de libertad, “fue sometido a torturas en sus primeros días de detención”. Armas, quien es activista de Comando Con Venezuela, fue detenido el pasado 10 de diciembre.
“Él se mantiene bajo un aislamiento prolongado como muchos de los otros presos políticos que desde hace seis meses se encuentran en El Helicoide”.
Rivas mencionó los casos de otros detenidos en el mismo centro de reclusión a cargo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y en iguales condiciones de incomunicación, como: Freddy Superlano, Perkins Rocha, Luis Palocz, Carlos Azuaje, Biagio Pilieri, Américo De Grazia, Pedro Guanipa, Rafael Ramírez Colina, Noel Alvarez, Roland Carreño, entre otros.
“Esta situación de aislamiento y tortura es un crimen de lesa humanidad (…) No podemos seguir tolerando que nuestros familiares se mantengan bajo desaparición forzada, mientras sus esposas, sus hermanas, sus hijos no saben si están bien, si están comiendo, si están en un buen estado de salud”, puntualizó Rivas.
Agregó que se ha permitido que los presos “escriban en un papel las cosas que necesitan” para hacérselo llegar a sus familiares.
Hizo un llamado a los jueces, a los fiscales y a los defensores a que no sean cómplices y “no se sigan prestando para este horror y estos crímenes de lesa humanidad en Venezuela”.
Asimismo, los familiares pidieron a los gobiernos y parlamentos del mundo, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, así como a los relatores y grupos de trabajo especiales, pronunciarse y elevar la presión internacional.
Instaron a la Iglesia y a las universidades venezolanas a levantar su voz “ante los delitos que se están registrando en el país y que sirvan de intermediarios para que cesen las detenciones arbitrarias, se les dé libertad plena a los presos”.
Rivas también solicitó la intervención de todas las instancias dentro y fuera del país para lograr que a los detenidos “se les respeten sus derechos fundamentales y tengan acceso a visitas y a llamadas, mientras se mantenga la situación de injusta prisión”.
Insistieron en que la tortura, las desapariciones forzadas y el aislamiento no se pueden normalizar en el país.
La cifra de presos políticos postelectorales se ha reducido en los últimas semanas a causa de las solicitudes de revisión de casos hechas por el Ministerio Público. Según apuntaron los familiares en la rueda de prensa, de las 2 mil 200 personas aprehendidas durante la crisis política generada tras los comicios del 28-J, aún permanecen privadas de 1ibertad más de 1 mil 500.
Los familiares aseguraron que las liberaciones fueron producto de la constante presión ejercida por madres, parientes, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Agregaron que a pesar de estas excarcelaciones el Gobierno mantiene la represión y las desapariciones forzadas.
“Seguiremos alzando la voz por la liberación de los más de 1 mil 500 presos que siguen injustamente detenidos”, afirmó Rivas.
Durante la rueda de prensa también intervino Andreina Baduel, quien advirtió que su hermano Josnars Adolfo Baduel -detenido el 4 de mayo de 2020-, necesita cuatro intervenciones quirúrgicas urgentes, “debido a las secuelas provocadas por las torturas” que ha sufrido en prisión. También denunció una severa restricción de alimentos y acceso a medicamentos.
Baduel señaló que su hermano se encuentra recluido en una celda de “2 x 2 metros” en la cárcel de El Rodeo I (Miranda) -a la que calificó como “centro de torturas”-, donde, al igual que otros presos, es sometido a aislamientos prolongados.
Luisa Barrios, madre del preso postelectoral Luis Barrios, también dio su testimonio. Relató que su hijo se encuentra detenido en el penal de Tocorón (Aragua) donde aún permanecen más de 400 personas a la espera de ser liberadas.
Indicó que durante su última visita supo que su hijo llevaba “cuatro días con fiebre y la boca rota”. Otros privados de libertad también presentaban síntomas similares además de malestar estomacal y evacuaciones con sangre, por ingerir comida a la que se le agregó gran cantidad de picante.
Los pronunciamientos también incluyeron la situación que se vive en los comandos y destacamentos de organismos de seguridad en distintas zonas del país “Allí esos presos están en el olvido, porque la mayoría de las excarcelaciones son de Tocuyito y Tocorón. Es una inquietud que tenemos los familiares. No salen presos de los otros sitios”, dijo Marianela Bazán, esposa del preso político Exar Castillo.
Bazán relató que cuando acude al Ministerio Público o la Defensoría es tratada con indiferencia por parte de los funcionarios por lo que exigió la revisión de los casos de todas las personas que se encuentran en esos centros y la inmediata excarcelación de sus seres queridos.
Caracas / Rodolfo Baptista