Familiares de 77 personas detenidas en el marco de una investigación por presunto contrabando en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) reiteraron este lunes en Caracas la solicitud formal de medidas cautelares sustitutivas de libertad para que los procesados puedan continuar sus juicios fuera de los centros de reclusión, en consonancia con las excarcelaciones concedidas desde inicios de año a procesados por razones políticas.
El expediente, conocido bajo la denominación «PDVSA-Obrero», agrupa a personas aprehendidas a partir de octubre de 2024 en instalaciones como la Refinería Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui.
Según EFE, la causa abarca a particulares sin vínculo con la industria petrolera, obreros de bajo rango de la corporación y efectivos de cuerpos policiales y militares. De acuerdo con los voceros de las familias, aunque cerca de 76 personas han sido liberadas paulatinamente, al menos 77 continúan privadas de libertad en distintas regiones del país.
Durante una rueda de prensa, la abogada Zimarú Fuentes, familiar de uno de los imputados, detalló la distribución geográfica del grupo que permanece bajo custodia: 54 personas en Anzoátegui, diez en Carabobo, nueve en Falcón, una en el Distrito Capital y tres condenadas el pasado 1 de octubre en La Guaira.
Fuentes denunció irregularidades procesales durante el desarrollo de las investigaciones y solicitó la extensión de las medidas otorgadas al primer grupo de excarcelados, subrayando que la causa ha seguido un patrón similar al aplicado a detenidos políticos.
La representación legal denunció además que el fiscal que inició las averiguaciones del caso, Jean Karín López Ruiz, se encuentra actualmente investigado por presuntos actos de corrupción y con paradero desconocido. Asimismo, los familiares hicieron un llamado de urgencia a las autoridades penitenciarias para garantizar atención médica inmediata a cuatro de los detenidos que presentan condiciones críticas de salud, identificados como Larry José Moya, Renier Macetti (quien ha sufrido dos infartos), María Alejandra Rodríguez y Lenis Cruz.
El acto contó con el respaldo del diputado opositor Tomás Guanipa, quien instó a la administración estadounidense, encabezada por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, a interceder ante las autoridades para lograr la liberación total de los procesados.
Durante su intervención, el parlamentario presentó un organigrama en el que responsabilizó directamente de las detenciones a figuras del sistema judicial, entre ellas el exfiscal general Tarek William Saab, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, y el defensor público general, Daniel Ramírez.
Caracas / Redacción Web
