“Sabotearon la generación en Guri. Esto es parte de la guerra eléctrica contra el Estado. ¡No lo permitiremos! Estamos trabajando para recuperar el servicio”, dijo el ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec, mayor general Luis Motta Domínguez, quien además prometió, en vano, que restablecería el fluido de energía tres horas después de su interrupción.
Como de costumbre, el gobierno de Nicolás Maduro volvió a declarar que fue “un sabotaje” la causa del apagón nacional, que dejó a oscuras a todo el país desde las 4:50 pm del día jueves 7 de marzo. Una tesis que refutan políticos, expertos, trabajadores y sindicalistas de Corpoelec, quienes afirman que las fallas eléctricas, que sometieron a la población a más de 70 horas sin luz, responden a la negligencia oficial.
De acuerdo con trabajadores de la central hidroeléctrica de Guri, por la falta de desmalezamiento entre la subestación eléctrica Malena en Moitaco (Bolívar), en una zona de difícil acceso, y el Guri, se produjo un incendio que afectó las líneas de transmisión de 765 KV y que devolvió la energía a las máquinas de la represa, que se apagaron por protección.
“La falla no se produjo en generación, sino en transmisión. Pero eso de que fue un ataque cibernético es absolutamente falso. El Gobierno le echa la culpa a todo el mundo para ellos no asumir su irresponsabilidad en el mantenimiento del sistema eléctrico”, afirmó Alexis Rodríguez, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores Eléctricos (Fetraelec). Añadió que el Guri cubre 80% de demanda de energía, pues las plantas termoeléctricas están prácticamente paralizadas.
Alí Briceño, secretario ejecutivo de esa organización sindical, relató que tras el incendio que afectó las tres líneas de 765 KV -dos por el calentamiento y otra por sobrecarga- automáticamente actuaron las protecciones para apagar las máquinas de Guri. “Una vez que eso ocurre hay que calibrar la frecuencia de los equipos. Pero las personas que tienen el conocimiento técnico para realizar esa tarea ya no están en el país. El personal eminentemente técnico se ha ido (…) 48% de los trabajadores se marcharon del país buscando mejores condiciones de vida. De 50 mil se fueron 24 mil”.
Apuntó que luego, la tarde del sábado, nuevamente Guri se salió del sistema, lo que implicó recomenzar la frecuencia y reiniciar el proceso.
El diputado e ingeniero eléctrico Enrique Márquez, miembro de la Mesa de Electricidad del Plan País que instaló la Asamblea Nacional (AN), coincidió al decir que la población prácticamente depende de la energía que suministra el Guri.
Expresó que el apagón nacional es único en el mundo. “Creo que este podría considerarse como el apagón más importante en la historia de Latinoamérica. Todos los países se han preparado para evitar un evento como este. Ninguna nación tiene dependiendo a toda su población de un solo sistema eléctrico”.
El diputado Jorge Millán, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo del parlamento, señaló que en condiciones normales una falla en una de las líneas de 765 KV no generaría un blackout como el del pasado 7 de marzo. “Por la impericia y el estado de los equipos inferimos que se produjo este apagón, que además fue tan largo. Después de que no fue atendido correctamente el problema de la falla, posteriormente tampoco hubo la pericia requerida para levantar el sistema lo más rápido posible”.
Aseguró que desde el año 2016 se ha denunciado la situación crítica del sistema eléctrico, resultado “de la corrupción” y la falta de mantenimiento e inversión. “La causa principal de la destrucción de los servicios públicos es la corrupción y la instauración de modelos que buscan el enriquecimiento de los que dirigen estas empresas y del gobierno”.
Recordó que, en febrero de 2017, la Asamblea Nacional aprobó un voto de censura para el ministro Motta Domínguez “por sus implicaciones en la corrupción y en la destrucción del sistema eléctrico y su incapacidad”, como también impuso sanciones políticas a quienes administraron el sector desde que el presidente Hugo Chávez decretó la emergencia eléctrica en diciembre del año 2009. “Incluso sancionamos a Rafael Ramírez, que hoy habla como si no hubiese roto un plato. Fueron más de 100.000 millones de dólares los que se invirtieron en el sistema, dinero que no se ve reflejado en las condiciones del sistema eléctrico nacional. Cualquier falla, por mínima que sea, puede ocasionar problemas tan graves como los que ha vivido y sigue viviendo el país”.
Irregularidades
De acuerdo con la más reciente investigación de la ONG Transparencia Venezuela, las tres empresas propiedad del Estado identificadas del sector de servicio eléctrico tienen denuncias de irregularidades de funcionamiento, falta de insumos, conflictos laborales o de corrupción. “En el país se ha venido conformando un sistema de rasgos cleptocráticos y las empresas propiedad del Estado no escapan de él. Se trata de un modelo de gobierno enfocado en el enriquecimiento de los propios directivos que ejercen el monopolio de las decisiones, los recursos y el poder”, señala la organización.
Según la ONG, la falta de previsión de suministro de insumos, inadecuación del tipo de equipamiento para el uso dado, ausencia de previsión de entrenamiento del personal para el mantenimiento y operación, incorrecta ubicación de los equipos en el Sistema Eléctrico Nacional, incumplimiento de contratos, deficientes inspecciones y fallas de construcción, falta de planificación presupuestaria, además de la creación de Corpoelec como única empresa prestadora de servicio eléctrico y una corrupta gestión de sus autoridades, son las causas del estado de destrucción en el que se encuentran el aparato productivo y la sociedad venezolana.
Caracas / Carlos Seijas Meneses
