Las altas temperaturas, las lluvias intensas y el paso de ondas tropicales han aumentado la presión sobre un sistema eléctrico que ya opera con fallas estructurales. Expertos y actores políticos consultados coinciden en que el clima no origina la crisis, pero sí revela las debilidades acumuladas. Así lo señalaron Oswaldo Felizzola, coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), y Reinaldo Sifuentes, diputado de la Asamblea Nacional y militante de Avanzada Progresista.
El Plan de Ahorro Energético anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con una duración de 45 días, expiró hace meses y los cortes de luz aún forman parte de la rutina de los venezolanos.
A la incertidumbre por las interrupciones del servicio se suman las fluctuaciones de voltaje, que pueden afectar los electrodomésticos y dificultan la planificación de actividades básicas en hogares, comercios y espacios de trabajo.
En junio, el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó sobre el paso estimado de 57 ondas tropicales durante la temporada. El aumento de las temperaturas y la ocurrencia de eventos climáticos han reavivado una pregunta entre los venezolanos: ¿Hasta qué punto el clima es responsable de la crisis eléctrica?
El Gobierno activó el Plan Nacional de Ahorro Energético al atribuir el aumento de la demanda a las altas temperaturas, por la posible llegada del “Súper Niño”.
Este nombre suele utilizarse para describir un episodio de El Niño de alta intensidad. El fenómeno se produce cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental registran temperaturas superiores al promedio, lo que modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones, incluida Venezuela.
Sin embargo, las fuentes consultadas sostienen que los eventos climáticos no explican por sí solos la crisis eléctrica. El calor y las lluvias intensas aumentan la presión sobre una infraestructura que, desde hace años, presenta problemas de mantenimiento, capacidad operativa, recaudación y planificación.
Oswaldo Felizzola, coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), considera que el problema del Sistema Eléctrico Nacional no es puntual, sino estructural.
“Es un mal mantenimiento correctivo y preventivo. También tenemos un problema desde la parte más básica, que es la generación en la cadena de valor, pasando por transmisión, distribución y hasta comercialización”.
Felizzola explica que las temperaturas más elevadas incrementan el uso de aires acondicionados y otros equipos de refrigeración. Esa demanda adicional presiona una red diseñada principalmente entre 1980 y 1990, cuando el consumo eléctrico y las condiciones climáticas eran diferentes.
Para el especialista, el sistema debe responder a una demanda creciente sin contar con la modernización ni el mantenimiento suficientes. Además, señala que las bajas tarifas han limitado la disponibilidad de recursos para reparar, ampliar y actualizar la infraestructura eléctrica.
La crisis eléctrica no solo afecta la vida doméstica. También condiciona la capacidad productiva del país, especialmente en sectores que dependen de un suministro estable, como la industria petrolera, el comercio, los servicios y la producción de alimentos.
Felizzola sostiene que la falta de electricidad limita el crecimiento de la economía venezolana y la recuperación de actividades estratégicas.
“Nosotros decimos que el sector eléctrico es la camisa de fuerza de la economía venezolana. El sector petrolero se ha quedado estancado no porque el sector no pueda producir más, sino porque no tiene suficiente electricidad para producir más”.
Ante los llamados oficiales a reducir el consumo, el experto recomienda revisar especialmente el uso de equipos que generan calor o requieren alta potencia.
No obstante, considera que el ahorro energético no puede ser la única respuesta ante una crisis de infraestructura. A su juicio, una estructura tarifaria basada en el consumo real permitiría que los usuarios tomen decisiones sobre cuándo utilizar determinados equipos, especialmente en horarios de menor demanda.
“Consumimos lo que generamos. Soy más del modelo de mercado que de las tarifas, porque así las personas pueden decidir en qué horario consumir la energía y el costo. No es igual encender la lavadora en la mañana que en la noche; al menos en otros países es así”, menciona Felizzola.
Felizzola plantea que la inversión privada podría contribuir a frenar el deterioro del sistema, aunque advierte que no resolvería de inmediato los apagones. Sostiene que esto tendría un efecto progresivo: evitar que aumenten las horas de racionamiento y recuperar paulatinamente la capacidad operativa.
El especialista subraya que la recuperación requiere una estrategia multidisciplinaria: inversión, modernización técnica, capacidad de pago de los usuarios, tarifas ajustadas a la realidad económica y mecanismos de protección para los hogares con menores ingresos.
Reinaldo Sifuentes, diputado de la Asamblea Nacional y militante de Avanzada Progresista, quien pudo hablar con expertos y estuvo presente en las discusiones de la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, afirma que existe una iniciativa legislativa remitida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que fue aprobada en primera discusión y sometida a consultas públicas, pero cuyo debate no ha continuado luego del doblete sísmico.
Para Sifuentes, la reforma permitiría reabrir la participación de capitales privados nacionales e internacionales en el sector eléctrico, bajo un esquema similar al existente antes de 2006. El diputado sostiene que el Estado no dispone actualmente de los recursos suficientes para enfrentar por sí solo la recuperación de la infraestructura.
El parlamentario menciona posibles inversiones y procesos de recuperación de plantas como Planta Centro y Termozulia, así como la participación de empresas y expertos vinculados con compañías como General Electric, Siemens y Aipsa. Estas afirmaciones requieren documentación pública adicional sobre montos, contratos, alcance y estado de ejecución para precisar su impacto real sobre el sistema.
Sifuentes cita estimaciones atribuidas a organizaciones como la Asociación Venezolana de Ingenieros Electricistas, el Consejo de Energías Renovables y la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, según las cuales en los últimos 27 años se habrían destinado más de 50.000 millones de dólares al Sistema Eléctrico Nacional.
El diputado sostiene que, si se toma como referencia un costo aproximado de un millón de dólares por cada megavatio instalado, Venezuela debería contar con una capacidad mucho mayor a la actualmente disponible. Sin embargo, estas cifras deben presentarse como estimaciones de las fuentes consultadas y contrastarse con datos oficiales verificables sobre capacidad instalada, capacidad disponible y generación efectiva.
“Los expertos indican que un megavatio instalado cuesta alrededor de 1 millón de dólares, lo que significa que nosotros deberíamos tener alrededor de 50.000 megavatios como mínimo instalados. Venezuela debería estar exportando energía eléctrica y la realidad es que hoy tenemos en funcionamiento alrededor de 13.000 megavatios”, asegura Sifuentes.
El parlamentario identifica tres grupos de problemas: fallas técnicas, pérdidas no técnicas y falta de recaudación. Las primeras se relacionan con la energía que se pierde durante la generación, transmisión y distribución debido al deterioro o la falta de mantenimiento de las redes.
“La pérdida técnica normalmente debería estar entre el 4 y el 5%. En Venezuela, aseguran los expertos que está alrededor del 8%, justamente por falta de mantenimiento”.
Sifuentes considera aún más grave la pérdida no técnica, asociada con usuarios que no pagan el servicio o que no cuentan con sistemas adecuados de medición. Según su evaluación, el bajo nivel de cobro impide financiar el mantenimiento y la expansión de la red.
“Los expertos estiman en Venezuela una cifra cercana al 50%. Significa que más o menos el 50% de los consumidores de energía eléctrica, básicamente residencial, no pagan por el servicio”.
Como alternativa, plantea revisar el esquema tarifario, instalar medidores y diseñar subsidios dirigidos a personas que no puedan asumir el costo completo del servicio.
“Hay que establecer mecanismos de subsidio para las personas que estén imposibilitadas de pagar la factura por energía eléctrica”.
Las energías renovables, especialmente la instalación de paneles solares, pueden ofrecer alternativas para algunos hogares, comercios o comunidades. Sin embargo, Felizzola advierte que su implementación enfrenta barreras regulatorias, financieras y técnicas.
Según explica, no existe un marco legal claro que permita a un usuario vender a la red el excedente de electricidad que produzca. También señala que proyectos de gran escala, como los requeridos por centros comerciales o instalaciones industriales, necesitan inversiones importantes y condiciones técnicas que no siempre resultan rentables.
“En teoría suena muy bonito, pero existen dimensiones grandes que no lo hacen rentable. Por ejemplo, un centro comercial no puede tener paneles solares a menos que sean demasiados, y no es tan viable como lo suelen vender”.
El clima extremo no creó la crisis eléctrica venezolana: la expone. Las altas temperaturas, las lluvias y el paso de ondas tropicales funcionan como una carga adicional sobre una red que, de acuerdo con las fuentes consultadas, arrastra problemas de mantenimiento, generación, transmisión, distribución, medición, recaudación y gobernanza.
El “Súper Niño”, el calor y el incremento del consumo pueden agravar las fallas, pero no constituyen la causa de fondo. La respuesta estructural pasa por recuperar capacidad de generación, mantener las redes, transparentar los datos del sistema, instalar medidores, revisar las tarifas con subsidios focalizados y definir un marco legal que permita inversión bajo condiciones verificables.
Anzoátegui / Ismelvia Dugarte
