La reactivación y legalización del otorgamiento de créditos para particulares y empresas –paralizados desde hace más de tres años- es una materia pendiente en la economía nacional.
Actualmente la capacidad de la banca de dar financiamiento a las empresas y de incrementar los límites de las tarjetas de crédito de los consumidores es prácticamente nula debido a la política de un elevado encaje legal que ha aplicado el Banco Central de Venezuela (BCV) con el objetivo de contener el tipo de cambio y la inflación.
El economista e investigador Víctor Álvarez sostuvo que el aumento del encaje legal ordinario y marginal ha dejado sin liquidez a los bancos para cubrir préstamos a la producción y el consumo, pero también frena la demanda de divisas y repercute en la evolución de la tasa de cambio oficial. El encaje legal es la porción de depósitos bancarios que han de mantener en reserva las entidades, sin poder usarse en préstamos o inversiones. Su objetivo es restringir la liquidez monetaria y controlar la cantidad de dinero que circula en la economía.
“Para los empresarios ha sido realmente devastador el agotamiento de los volúmenes de fondos disponibles que tenían los bancos para darles créditos, resultado de las fuertes políticas financieras que el gobierno de Maduro ha implementado, principalmente el encaje legal”, acotó.
La recién electa presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, señaló que cuando el gremio se ha reunido con funcionarios de la administración del presidente Nicolás Maduro, dos de los primeros puntos tocados son la inflación y la falta de financiamiento. “Los comerciantes y los consumidores no disponemos de créditos, cuando la reactivación (económica) viene atada a una posibilidad de financiamiento”.
Dijo que los negocios no disponen de créditos ni para enfrentar los pagos de servicios y de impuestos que se han incrementado de manera “desproporcionada” en medio de la pandemia y del esquema intermitente de cuarentena 7+7.
Las expectativas de un cambio en esta materia han crecido en el marco del proceso de dolarización que vive el país, ya que uno de los siguientes pasos sería un anuncio de la reactivación de la política crediticia en moneda extranjera.
El jefe del staff de la firma Ecoanalítica, Luis Arturo Bárcenas, subrayó que la activación de créditos en dólares debe pasar por una reforma del encaje legal, que también ha de hacerse en divisas. Bárcenas puntualizó que si la banca realizara financiamientos en divisas, la medida acrecentaría aún más la dolarización que vive el país. Por tal motivo, la posibilidad de legalizar el otorgamiento de créditos en dólares choca con el objetivo del Gobierno de mantener el bolívar como moneda de intercambio.
A pesar de las restricciones gubernamentales y de que, a comienzos de año, la Superintendencia de Bancos (Sudeban) prohibió a las entidades financieras del país hacer préstamos en divisas sin la autorización del organismo, lo cierto es que extraoficialmente se conoce que la banca privada –en medio de una expansión de depósitos en moneda extranjera- ha estado otorgando créditos en dólares a empresas y para consumo. Esto sólo se aplicaría a clientes de bajo riesgo. La situación se ha mantenido en reserva, mientras el Gobierno hace anuncios paralelos que buscan reforzar su política monetaria.
El anuncio del mandatario Nicolás Maduro, sobre el otorgamiento por parte de la banca pública nacional de financiamiento en petros, la sancionada y rechazada moneda digital lanzada hace más de tres años, no es más que otra “fantasía” del Gobierno, aseguran expertos. Explican que la imposibilidad de su convertibilidad, la falta de confianza y la carencia de respaldo condenan la medida al fracaso antes siquiera de su supuesta e improbable implementación.
En el marco de esta realidad, el presidente Maduro aseveró, el 12 de agosto, que impartió “instrucciones” a la Vicepresidenta y ministra de Economía, Delcy Rodríguez, para que la banca pública otorgue créditos “en moneda extranjera” para “las necesidades productivas”.
Pero, lo que realmente desconcertó de su anuncio fue que esos créditos se harían “en petros, criptomoneda de circulación nacional e internacional”.
“Con ese petro (el consumidor), de acuerdo a donde vaya a comprar, lo cambia en euros, en yuanes, en rublos, en dólares inclusive. Que la banca pública comience a dar ya los créditos permanentes para la materia prima, para el crecimiento de la producción, para la conquista del mercado, en divisas convertibles”.
El petro es una moneda digital que el Gobierno lanzó en diciembre de 2017 y que presenta como la panacea que sacará al país de la compleja crisis que atraviesa, con casi cuatro años en hiperinflación y ocho en recesión económica.
Para el director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Robinson Rivas, el problema principal de la propuesta del Ejecutivo radica en la convertibilidad.
“Si a una persona le prestan, por ejemplo, mil petros, ¿qué puede hacer con eso y en qué lo puede convertir si no hay nadie que los convierta? No hay casas de cambio abiertas, no hay una tasa de cambio oficial y no son intercambiables por bienes y servicios ni siquiera dentro del mismo Estado venezolano. Lo último que quedaba era para echar gasolina y para los pasaportes, para los que ya no los están aceptando, como tampoco para el pago de impuestos municipales”, recalcó el experto.
Subrayó que en la actualidad no hay manera de cambiar los petros, pero entendiendo el préstamo como una operación de ganancia financiera o de apoyo social, tampoco se sabe cómo devolver los petros y a qué cuenta.
“No lo deberían descontar de tu cuenta en petros porque en teoría, en una blockchain seria, el acceso a los criptoactivos solamente lo tienes tú. Otros no pueden tomar control de eso, por lo que no pudieran hacer el cobro automático. La persona tendría que autorizarlo y compartir tu clave, con lo que se rompería el esquema de seguridad de las criptomonedas”.
Por consiguiente, Rivas resaltó que el financiamiento en petros “no pasa de ser un anuncio más de los muchos que han hecho”. “Son fantasías económicas que no llevan a nada. El día que, por imposición, el petro sea aceptado, por ejemplo, para las transacciones con el Estado, para pagar el Impuesto Sobre La Renta, impuestos municipales, pasaporte y servicios públicos estatales, habría un incentivo para que la gente lo compre y lo utilice. Pero si no es así, no tiene ningún sentido”.
A juicio de Luis Arturo Bárcenas, miembro de la firma Ecoanalítica, uno de los principales problemas de otorgar financiamiento en petro es que no hay confianza en la fallida moneda digital debido a que carece de un verdadero respaldo.
“¿Cómo hace, por ejemplo, un importador que recibe créditos en forma de petros y no en divisas para consumirlas en el mercado internacional? ¿Cómo hace un bodegón o una tienda de electrodomésticos para revender los petros? Dada la poca liquidez que tiene el petro, no solo internamente, sino afuera también, nadie va a querer tener petros y, por ende, nadie se va a quedar con ellos y va a buscar cambiarlos. El único que puede responder por esos petros es el Gobierno o el BCV, en cuyo caso no tiene la fuerza financiera necesaria para hacerla”, aseguró Bárcenas en entrevista con El Tiempo.
Bárcenas considera que, al final, es más de lo mismo: “El Gobierno trata de obligar a la gente a adquirir una moneda cuyo valor el Estado venezolano quiere controlar y, en función de ese valor, definir seguramente precios y salarios y dar una imagen de estabilidad en una moneda local, fijando un tipo de cambio petro-dólar a su conveniencia”.
“Afuera en el mercado internacional nadie va a aceptar el petro por las sanciones. Ese esquema está condenado”.
En marzo de 2018, el expresidente norteamericano Donald Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe en Estados Unidos hacer transacciones con el petro. En el mercado internacional las criptomonedas también funcionan como una opción para invertir, e incluso algunas empresas como líneas aéreas y la famosa cadena internacional de café Starbucks han incorporado este método electrónico en sus opciones de pago.
Pero en Venezuela nadie quiere invertir en petros, y como el Gobierno sabe que la mayoría de los venezolanos no confía en esa moneda, la impone, como hizo con el petroaguinaldo otorgado en diciembre de 2019. En ese entonces, la única manera que había para que el ensayo tuviese una probabilidad de éxito era prometer a los comerciantes que contaban con el punto de venta biopago del Banco de Venezuela, que se les reintegraría el dinero en bolívares, lo cual fue igualmente engorroso.
El gerente de una institución financiera del sector privado, quien solicitó no ser identificada, dijo a El Tiempo que la banca iba a empezar las evaluaciones y desarrollos sobre la implementación de los créditos en petros, “pero se anunció antes lo de la reexpresión monetaria”.
“Por ahora no se están otorgando créditos anclados al petro, pero en cualquier momento pasa a ser obligatorio”, apuntó.
Caracas / Carlos Seijas Meneses
