El operativo desplegado por los cuerpos de seguridad del Estado para tomar los sectores que se encontraban bajo el dominio de la megabanda de la Cota 905, al suroeste de la capital, comenzó la tarde del jueves 8.
En aquel momento, ya habían transcurrido 24 horas de continuas descargas de armas de fuego en seis parroquias caraqueñas. Y al menos por 12 horas más, hasta la madrugada del viernes 9, los vecinos permanecieron atemorizados por las intensas ráfagas de disparos, en medio de las acciones policiales para replegar a los antisociales que habían desatado el caos.
Alrededor de 3 mil 110 funcionarios participaron en el despliegue en el que fueron allanadas instalaciones, viviendas, garitas, puntos de observación, e incluso un área de fiesta conocida como La Gallera, que eran controlados por el Koki, el Vampi y el Garbis, los cabecillas de las agrupaciones criminales, desde la parte alta de la montaña que divide la zona sur y norte de la ciudad.
Aunque los líderes negativos escaparon –se ofrecen recompensas de $500 mil por la captura de cada uno-, el choque con los irregulares dejó, según cifras oficiales, 26 decesos -22 antisociales y cuatro efectivos-.
El cemento de algunas de las laberínticas calles que serpentean en los barrios de la Cota 905, se encontraban cubiertas por centenares de casquillos, testimonio de la intensidad de la refriega.
El balance del operativo, divulgado por el Ejecutivo, incluyó la incautación de armas y municiones, entre ellas: 26 fusiles de distintos modelos; cuatro subametralladoras; seis pistolas, un lanzacohetes calibre 84 mm; dos lanzacohetes antitanque y un fusil Barret .50 provisto de mira telescópica.
Este último es un sofisticado instrumento bélico, con un alto poder de fuego que logra un alcance de 2 mil metros, dispara 70 balas por minuto y tiene un costo de aproximadamente 9 mil dólares. Uno de sus proyectiles puede traspasar un tanque, y hasta un helicóptero o avión en pleno vuelo.
La magnitud del arsenal puso de nuevo sobre el tapete la interrogante acerca de su procedencia y la forma en que este llega a manos de los delincuentes.
Expertos consultados por El Tiempo apuntan, en primer lugar, la posibilidad de que parte del armamento haya sido sustraído de dependencias militares del país, o robado para la venta, -una tesis que ha sido esgrimida con frecuencia a lo largo de los últimos cinco años-, sin descartar, que otra parte haya ingresado desde el exterior.
“Un fusil Barrett, no se compra en la farmacia”, advirtió el comisario general Luis Rodríguez Vieira, quien fue efectivo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y director-fundador de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
“El procedimiento indica que se debe identificar el arma por el serial que trae, determinar su procedencia, si entró legal a nuestro territorio. Hay que investigar qué organismo tiene la custodia, la asignación. Así se sabe a qué institución le corresponde, en caso de que haya sido sustraída. Todas las armas poseen serial y estricto registro de nacimiento del país de origen. Se puede determinar su salida y destino final”, señaló Rodríguez Vieira.
La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, responsabilizó este sábado 10 de julio a dirigentes opositores, como Leopoldo López, al gobierno de los Estados Unidos y la CIA, y la administración de Iván Duque en Colombia, de estar vinculados a los hechos de violencia registrados en la Cota 905, todos dentro de un plan fraguado para desestabilizar la región.
La versión fue despachada por especialistas que consideran que un entramado tan complejo como el de la criminalidad en el país, incluido el surgimiento de los llamados líderes negativos de las megabandas, ha llevado años en articularse y asentarse en todo el territorio.
“El Tren de Aragua, Toto y Zacarías en Bolívar, Yeico Masacre en Zulia, El Conejo en Tejerías, el Sindicato de Barrancas en Monagas y Delta, la del ‘Mayeya’ en La Vega, la del Curi, y tantas otras bandas o megabandas que hay en Venezuela ¿también son culpa de la ‘derecha’, de USA, y otros (mencionados por la vicepresidenta)?”, señaló el profesor en Criminología y abogado penalista, Luis Izquiel.
El uso de pertrecho militar por parte de bandas delictivas en el país no es nuevo y menos aún el descontrol en el armamento circulante.
Ya en 2012, la Comisión Presidencial para el Control de Armas y Municiones estimaba que en el país existían entre 1,2 y 1,5 millones de armas sin registro en manos de civiles.
De acuerdo con datos divulgados por el portal de InSight Crime, un informe gubernamental del año 2015 que no fue hecho público, señalaba que 85% de los proyectiles utilizados por las bandas provenía de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim).
En este punto, la responsabilidad en la acumulación de armas y municiones en la Cota 905, ha sido con los años –ya sea por acción u omisión- responsabilidad del propio Gobierno.
Izquiel apunta que, según el artículo 324 de la Constitución, las armas de guerra son de posesión exclusiva del Estado, pero que en la actualidad no solo las megabandas criminales, sino otras dedicadas al crimen organizado en Venezuela poseen este armamento.
“Estos individuos tienen FAL de altísimo poder, tienen fusiles, ametralladoras, granadas. Están muy bien equipados. En Venezuela hay prohibición de venta de armas. Aquí el Estado tiene el monopolio de la comercialización de las armas de fuego ¿Cómo llegan esas armas, no sólo a la banda del Koki, sino al Wilexis (en Petare) a los sindicatos mineros en el Estado Bolívar, a las bandas del estado Zulia? Evidentemente que uno debe suponer que salen de los cuarteles militares venezolanos, que es donde deberían estar esas armas”, dijo Izquiel en entrevistas divulgadas en las redes.
Por otro lado, mientras proliferaba el uso de armas de guerra en la última década, desde el Gobierno se implementaron políticas que dieron carta blanca a la actuación y ocupación territorial de las megabandas, entre ellas la implementación de las llamadas Zonas de Paz.
Esta iniciativa fue impulsada desde 2013 por el, para entonces, viceministro para la seguridad ciudadana, José Vicente Rangel Ávalos, y buscaba establecer pactos en territorios más afectados por la delincuencia en el país.
En ellos, los cuerpos de seguridad se comprometían a no actuar y mantenerse alejados, a cambio de que los irregulares disminuyeran la violencia y se incorporasen a vida social.
El comisario Rodríguez Vieira recordó que funcionarios del Gobierno hicieron convenios con los delincuentes y de ello existen registros fotográficos y documentales.
“El objetivo era que los delincuentes se ocuparan de mantener el control de la ciudadanía a través del miedo en las comunidades populares. Eso tiene varios años, es público y notorio, pero transcurrido tanto tiempo de impunidad, que ahora el problema se les escapó de las manos y es lo que está ocurriendo en la Cota 905”, indicó Rodríguez Vieria.
Sin embargo, los índices delictivos continuaron incrementándose, y en 2015 los tratados de paz se suspendieron. A raíz de ello, el Gobierno implementó por primera vez en la Cota 905, la Operación de Liberación al Pueblo (OLP), que fue denunciada por violar derechos humanos y aplicar ejecuciones extrajudiciales.
Para agosto de 2017, Delcy Rodríguez, entonces presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC); Jorge Rodríguez, en su condición de alcalde de Caracas y el ministro para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, retomaron las negociaciones de paz, lo que llevó –según relatan habitantes de la zona- , a que las bandas tomaran de nuevo el control de la Cota 905.
Según Transparencia Venezuela, para esta fecha existían en el país 19 megabandas, cifra que ha crecido en la actualidad. Estas organizaciones poseen estructuras jerárquicas similares a las de las cárceles y están dedicadas al narcotráfico, sicariato, robo de vehículos (camiones de carga) extorsión y secuestro, entre otros.
En este contexto emergieron figuras que hasta hace unos días exhibían su poderío y dominio en varios territorios del suroeste: la Cota 905 quedó en manos de: Carlos Calderón, alias Vampi –fundador y líder de la organización criminal-, Carlos Luis Revete, alias el Koki y Garbis Ochoa Ruíz, alias el Garbis o Galvis.
En la parte alta de La Vega actúa la banda de Jofren Javier Guédez Bullones, alias Mayeya, mientras en El Valle, los irregulares están comandados por Leonardo José Angulo, alias el Loco Leo.
En los últimos años, la circulación de equipos de guerra –ya fuera proveniente de los cuarteles y arsenales militares o traídos del exterior- era incuantificable. La desproporción era parte de la normalidad.
Así por ejemplo, solo en la primera quincena de febrero de 2019 –un mes particularmente tenso en lo político-, se registraron tres incautaciones de armamento: una en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia; otro a un funcionario de la Guardia Nacional en Barinas, y un tercer decomiso en el estado Sucre. En esa fecha también se desmanteló en Carabobo un laboratorio de municiones para armas de guerra.
La historia tomó un nuevo giro a finales de 2020 y comienzos de 2021, cuando la megabanda de "el Vampi" y el "Koki" decidió ampliar su área de influencia, para ganar más rentas en microtráfico de drogas, extorsión y otras actividades.
Fuentes extraoficiales y vecinos aseguraron a El Tiempo que el aumento de los enfrentamientos se debió a los intentos de la agrupación delictiva de expandirse hacia la parte baja de La Vega, algo que el Gobierno no había permitido.
Para la ONG, Transparencia Venezuela, las megabandas criminales del país, aunque están bien organizadas, aún no alcanzan el grado de sofisticación de, por ejemplo, las grandes pandillas de Brasil, como el Primer Comando de la Capital (PCC) o el Comando Vermelho (Comando Rojo).
No obstante, ya los especialistas habían advertido que era sólo cuestión de tiempo para que una política gubernamental que tiene ya ocho años y el descontrol en la circulación de armas, terminara por generar un grave problema, incluso para la existencia del propio Estado. Algo que parece comenzar a ocurrir.
Caracas / Rodolfo Baptista / Felicita Blanco
