El informe emitido por la organización civil Espacio Público sobre las violaciones al derecho a la libertad de expresión durante el mes de julio da cuenta que el mismo estuvo marcado por la persecución a trabajadores de los medios y a la ciudadanía por la búsqueda o difusión de información y opiniones relacionadas con la campaña electoral de las elecciones presidenciales, con la cobertura de las votaciones, y con las manifestaciones posteriores al anuncio de resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin presentar los respaldos de los números de votos ni realizar las debidas auditorías pautadas en la ley.
Destaca la ONG que durante el mes de julio se contabilizaron “168 violaciones del derecho a la libertad de expresión, siendo el mes con mayor número de casos hasta ahora en 2024: los 92 hechos registrados representan el 49,5% de los documentados este año. La intimidación fue el hecho más frecuente, con 77 registros, seguida de hechos de censura (26), amenazas y hostigamiento verbal (16 cada una), restricciones administrativas (15) y hostigamiento judicial (9)”.
En el resumen se menciona que el en 49% de los casos, los cuerpos de seguridad fueron responsables de estos hechos, “seguidos de instituciones del Estado, victimarios en 20%. En su mayoría, las víctimas contabilizadas son periodistas (58 personas, 46,8%), seguidos de particulares (31), medios de comunicación (15), páginas web (7), camarógrafos (5) y reporteros gráficos (4). Resaltan además las denuncias de persecución contra la ciudadanía y miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) por la divulgación de opiniones en contra de Nicolás Maduro, y por el trabajo de denuncia, defensa y protección en casos de violaciones a los derechos humanos”.
También recoge el informe que los días 30 y 31 de julio ”registramos 32 casos de violaciones a la libertad de expresión, en el contexto de las protestas en rechazo a los resultados de la elección presidencial, anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE)”.
El informe detalla que hubo al menos 77 hechos de intimidación, que incluyen diferentes tipos de impedimento de cobertura y desalojo de lugares públicos, así como la persecución física, grabación o fotografías a trabajadores de los medios. La mayoría de estos casos se dieron en el contexto electoral, reseñamos a continuación los más destacados por la gravedad o por los victimarios involucrados.
“Nicolás Maduro hostigó y amenazó en televisión nacional a los periodistas Mari Montes, Orlando Avendaño y a Emmanuel Rincón el 2 de julio, tras publicar algunos comentarios en la red social X a raíz de un accidente que sufrió Delcy Rodríguez. Maduro los acusó de ‘fascistas’, ‘nazis’ y de cometer ‘crímenes de odio”; mostró los mensajes que los comunicadores publicaron en X, antes Twitter. “Te acordarás de mí. Malas noticias vas a tener, le dijo específicamente al comunicador Emmanuel Rincón”.
El periodista Orlando Avendaño y otras tres personas fueron hostigadas nuevamente por Maduro el 15 de julio, en un acto de campaña transmitido en medios públicos y exigió al Fiscalía General “actuar” en contra de Avendaño por “delitos de odio, así esté en el exterior”.
Las agencias internacionales también fueron hostigadas según el reporte de las violaciones recogidas por Espacio Público. Detalla el informe que “durante un mitin electoral con partidarios del oficialismo, Nicolás Maduro, hostigó verbalmente a las agencias internacionales de noticias Reuters, EFE, Associated Press (AP) y AFP y aseguró que “mienten todos los días”.
El hostigamiento e intimidación por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a las periodistas Ariana Agreda en el estado Sucre, tomándole fotos a ella y sus hijos en su residencia; a Lorena Bornacelly, Mariana Duque y Luzfrandy Contreras, en el estado Táchira, en una panadería cuando realizaban su labor reporteril; y a Yanara Vivas en Mérida, en un centro de votación el día 28 de julio, está incluido en el reporte de la organización civil.
El impedimento de la cobertura electoral en los centros de votación, incluso con previa acreditación por parte del CNE, fue un denominador común el día 28 de julio en todo el país. Precisa el reporte que funcionarios impidieron al equipo de prensa de María Corina Machado ingresar al colegio Elena de Bueno para dar cobertura al momento en que la líder de Vente Venezuela ejercía su derecho al voto.
Las agresiones y ataques también están registrados en el reporte. Destaca Espacio Público que “el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó en su cuenta de X que el periodista Jesús Romero, del medio digital Código Urbe, fue herido de bala mientras cubría unas manifestaciones antigubernamentales en el sector San Jacinto de Maracay, estado Aragua (centro)”.
“Efectivos de la Guardia Nacional en Valera, Trujillo (oeste), dispararon hacia la casa de Alexander González, periodista del diario La Nación Web y Unión Radio. Al percatarse de que el periodista los estaba grabando, le gritaron y detonaron el arma”.
Las restricciones para la cobertura electoral por parte de medios internacionales daba ya sus primeros signos, según el reporte el 25 de julio la periodista italiana Barbara Schiavulli denunció “que las autoridades venezolanas le negaron la visa a ella y a un grupo de reporteros internacionales que se preparaban para cubrir la elección presidencial del 28 de julio. Explicó que el grupo planeaba partir hacia Venezuela el sábado, 27 de julio, tras haber recibido el visto bueno en abril, cuando solicitaron la acreditación y enviaron los detalles de las reservas de vuelo y hotel”.
Destaca el informe que posteriormente autoridades venezolanas de migración impidieron la entrada al país al periodista argentino Jorge Pizarro, reportero de Radio Rivadavia, lo retuvieron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, lo interrogaron 10 veces, no le permitieron tomar su medicación, tomar agua ni ir al baño durante seis horas y luego lo deportaron.
Mismo caso ocurrió con las periodistas Vanessa De La Torre y Carolina Trinidad, de Caracol Radio, que fueron declaradas inadmisibles y funcionarios del Aeropuerto Internacional de Maiquetía y expulsadas de Venezuela. El reportero del medio español Ok Diario, Cake Minuesa, fue interceptado cerca de su hotel y también deportado.
Precisa el informe de Espacio Público que “el inicio de la campaña electoral en Venezuela estuvo marcado por ataques a la disidencia y al derecho de la ciudadanía a expresarse y apoyar libremente al candidato o líder político de su preferencia, incluyendo el allanamiento a la residencia donde se alojó María Corina Machado en Palmira, estado Táchira”.
“Las detenciones y confiscaciones arbitrarias fueron las vulneraciones más comunes practicadas por funcionarios del Estado entre el 6 y 13 de julio, todas en contra de personas vinculadas con la campaña de Edmundo González y/o la logística de las visitas de María Corina Machado a las regiones del país; entre las víctimas mencionamos a Pedro Marín, Armando Pinto, Rafael Marín, Aldo Roso Vargas, Ricardo Albacete, Elisaul Rodríguez y Miere Eduardo Aguilar”.
Cuerpos de seguridad del Estado hostigaron y detuvieron entre el 3 y 4 de julio a ciudadanos que difundieron información y/o participaron en los actos de campaña del candidato presidencial, Edmundo González, y la líder de la oposición, María Corina Machado, en Caracas y el estado Barinas. Maribel Ortiz, Yordan Molina y otra persona sin identificar fueron apresadas por compartir un audio en WhatsApp sobre el acto de campaña de Machado y González. Además, funcionarios de la PNB intentaron detener a Oswaldo Méndez, jefe de operaciones del Comando Con Venezuela que conducía un vehículo con sonido en medio de una caravana.
El fotógrafo Víctor La Cruz y la ciudadana Milexis Peña (pareja) fueron apresados en la tarde del lunes por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en medio de una manifestación pacífica que se desarrollaba en la avenida Cuatricentenaria de Barinas, estado Barinas. Según informó la ONG Fundación de Derechos Humanos Los Llanos (Fundehullan), La Cruz y Peña están entre las 13 personas detenidas arbitrariamente por manifestar en contra de los resultados electorales anunciados a la medianoche del 29 de julio.
El partido La Causa R, denunció en su cuenta en X el arresto de Rafael Sivira, coordinador juvenil de Caracas, la madrugada del 30 de julio. Presuntos funcionarios de la División de Inteligencia de la Policía Nacional Bolivariana lo detuvieron en las inmediaciones de La Paz, en Caracas, y fue presuntamente presentado en la Fiscalía 62 por “cargos de terrorismo, asociación para delinquir, sin haber contado con la presencia de un abogado”. Se desconoce su centro de reclusión, lo que viola el debido proceso.
El 28 de julio, estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, sede Catia, en Caracas, protestaron para que los dejaran votar por el candidato de su preferencia y no con voto asistido. Además recibieron la amenaza de no entregarles sus títulos. Horas después fueron reportados como desaparecidos. El 30 de julio se conoció que dos de los 25 estudiantes están detenidos: Eudimar Labrador y Maick Delfín. La periodista Luna Perdomo reportó desde su cuenta en X que a ambos “se les acusa de traición a la patria y de instigación al odio”.
Efectivos policiales detuvieron al camarógrafo de VPItv, Paul León, golpearon y le robaron los equipos a la periodista Yuliana Palmar, de Trujillo Zona Roja, en Valera, estado Trujillo, el 30 de julio.
Fundehullan, organización defensora de derechos humanos, denunció la detención arbitraria de los hermanos José Manuel Robles y Miguel José Robles cerca de las 10:30 am del 30 de julio, presuntamente por funcionarios del Sebin. Se los llevaron presuntamente por la publicación de videos haciendo llamados al voto.
Efectivos de la Guardia Nacional detuvieron la tarde del lunes 29 de julio a Yousner Leomar Alvarado Medina, camarógrafo de Noticiero Digital, en las inmediaciones de los edificios Los Marqueses, ubicados en la avenida 23 de Enero de la ciudad de Barinas. Pasaba por el lugar cuando se desarrollaba una protesta y una patrulla se le atravesó, bajaron funcionarios y lo montaron en el vehículo. Permanece en el Destacamento N° 33 de la Guardia Nacional.
El informe recoge los cierres de emisoras y la censura a la que han estado expuestas los medios de comunicación antes, durante y después del proceso electoral del 28 de julio. Funcionarios de Conatel cerraron el 4 de julio la emisora Deportiva 98.3 FM que operaba en la ciudad de Valle de la Pascua, estado Guárico, presuntamente por no contar con los permisos correspondientes, un mecanismo censor utilizado con frecuencia por el organismo.
Precisa que el 28 de julio, “día electoral, individuos que se trasladaban en un carro de la Corporación Eléctrica Nacional, cortaron el servicio del edificio donde funciona Radio Fe y Alegría 92.1 FM, en Delta Amacuro (este), lo que les impidió continuar con su transmisión”. Y la emisora Amazonas 100.1 FM sacó del aire el programa radial Waka Noticias el 31 de julio, luego de que la administración de la radio le informara al coordinador del espacio que “la línea editorial ha cambiado frente a los recientes acontecimientos que se han venido registrando después de las elecciones”.
Un comunicado del director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Jorge Márquez, prohibió “la transmisión de noticias que infrinja elementos clasificados de violencia”, según una comunicación que envió la directora de este ente, Denis Cabeza, en el estado Bolívar. De no cumplir esta orden, multarán o retirarán las concesiones a las emisoras de radio, porque “el objetivo es promover la paz y tranquilidad de la nación”.
Responsables regionales de Conatel también instruyeron el 30 de julio a dueños de emisoras a que dejen de transmitir información sobre las protestas que ocurren en el país, según comunicaciones denunciadas por el SNTP. La organización gremial aseguró que las instrucciones escritas fueron enviadas a emisoras de los estados Bolívar, Monagas, Falcón, Zulia, Carabobo, Aragua, Amazonas, Nueva Esparta y Barinas, donde además se pausaron los programas informativos y de opinión.
Nicolás Maduro ordenó la conformación de una comisión especial para que “expertos” y la Asamblea Nacional “asuman el proceso de defensa de la opinión pública, ataques, veneno del odio y de la violencia en medios de comunicación y redes sociales”.
El bloqueo y restricciones a los portales web de las organizaciones de verificación y fact checking Cazadores de Fake News y EsPaja fueron reportados el 4 de julio por las principales operadoras de servicios de internet en el país, justo el mismo día de inicio de la campaña electoral presidencial y luego de que ambos portales documentaron contenidos de desinformación sobre los candidatos.
Posteriormente los portales web del Observatorio Venezolano de Fake News (OVFN) y del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) fueron bloqueados el 12 de julio por las principales operadoras de internet del país. Según informó en su cuenta de X el Observatorio de Internet VE sin Filtro, el sitio web del OVFN sufrió bloqueos de tipo DNS en Digitel y NetUno, de tipo http/https en Movistar y de tipo DNS + https en la operadora estatal Cantv. También registramos el bloqueo de nuestro sitio web.
Los portales informativos de los medios TalCual, El Estímulo, Analítica y Runrunes, así como los sitios de las ONG Medianálisis y Observatorio de Internet VE sin Filtro, fueron bloqueados el 22 de julio por las principales proveedoras de internet y ya suman 12 sitios web con restricciones para acceder desde que comenzó la campaña electoral. El Observatorio de Internet pudo registrar que los bloqueos se presentaban desde la estatal Cantv, Movistar, Digitel, NetUno, e Inter.
El mismo día fue bloqueado el portal de Proton VPN, tan solo horas después de anunciar que liberaba su servicio en Venezuela durante la elección presidencial del 28 de julio con el fin de que la ciudadanía pudiera acceder a información independiente y verificada en los portales bloqueados por órdenes de la Conatel.
El 28 de julio el diario El Periodiquito anunció en un comunicado que su cuenta de Instagram habría sido “atacada en un intento de hackeo”, por lo que el medio no podría seguir informando por esa vía. Aclararon que trabajan para recuperar el acceso e invitaron a su público a consultar sus noticias por una cuenta alternativa.
El observatorio de internet, VeSinFiltro, alertó sobre el bloqueo del sitio web donde la oposición publicó las actas de votación recolectadas. Las empresas prestadoras de servicio de conexión en el país mantienen a la ciudadanía sin acceso a esa información de interés público; mientras el Consejo Nacional Electoral no ha publicado (al 6 de agosto) los respaldos ni resultados completos de las elecciones presidenciales.
Al inicio del período de elecciones presidenciales de 2024, documentamos que cierta información exigida por el calendario electoral fue publicada de manera incompleta o a destiempo, lo que condiciona el ejercicio de los derechos por el desconocimiento en materia electoral. Las características de ciertas publicaciones hechas por órganos del Estado demuestran que la opacidad sigue siendo la regla. En algunos casos, aun cuando se publicaron informaciones, estas no necesariamente se hacen accesibles a la ciudadanía de forma oportuna, lo cual condiciona el ejercicio de los derechos por el desconocimiento informativo en materia electoral.
Por otra parte, la publicación extemporánea del Registro Electoral Preliminar muestra cómo menos del 2% de venezolanos migrantes pueden ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales. La publicación del Registro Electoral Definitivo muestra diferencias entre las cifras preliminares de votantes registrados; además, ciertos archivos sugieren en sus datos de creación que fueron publicados fuera del plazo establecido por el calendario electoral, cuestión que afecta el ejercicio del derecho a proteger derechos con datos clave que sirvan como base para exigir garantías para el ejercicio del sufragio, en particular de venezolanos migrantes.
Bolívar / Correo del Caroní
