Varias decenas de familiares de los considerados presos políticos se apostaron este jueves frente al edificio donde funciona el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el este de Caracas, para solicitar a Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU ayuda para liberar a los más de seis centenares prisioneros civiles y militares.
“Señora (Michelle) Bachelet, en sus manos está la libertad de los presos políticos”, dijo a la prensa Mónica Santamaría, hermana de un detenido, al pedir a la expresidenta chilena que “oiga más allá de lo que está planificado por los medios oficiales, oiga realmente el sentir del pueblo”.
Simultáneamente varias decenas de ex trabajadores petroleros reclamaron en el centro de la ciudad que Bachelet intermedie para que el gobierno les pague viejas deudas laborales golpeando cacerolas y envases plásticos contra el asfalto.
Entre carteles en los que se leía “Bienvenida Bachelet SOS” los manifestantes bloquearon el paso de los vehículos mientras varias decenas de policías y guardias nacionales con escudos tomaban los alrededores para evitar que la protesta avanzara hacia la sede de la Cancillería, donde Bachelet tiene previsto reunirse con representantes de algunos organismos.
Tras permanecer detenida cuatro meses en una de las sedes capitalinas de la policía política acusada de traición a la patria y rebelión, la administradora Lisbeth Añez, quien en sus tiempos libres solía llevar alimentos y medicinas a los presos, decidió dedicarse a la lucha por los derechos humanos en Venezuela.
Este jueves la activista, de 52 años, participará con otras víctimas en una reunión con Bachelet para denunciar los casos de los presos políticos, uno de los temas más álgidos que deberá abordar la funcionaria en su visita.
Estos prisioneros, que se estiman en unos 693, se han convertido en los últimos años en una de las banderas de los activistas y la oposición que acusan al gobierno de Nicolás Maduro de violaciones a los derechos humanos, señalamientos que las autoridades han rechazado alegando que los opositores fueron apresados por delitos comunes.
Días antes de la visita de Bachelet fueron excarcelados al menos 21 presos políticos, entre ellos el diputado opositor Gilber Caro, acción que algunos activistas asumieron como un "gesto" del gobierno previo al arribo de la Alta Comisionada.
"Espero que ella se reivindique con nosotros", afirmó Añez al asegurar que espera que Bachelet escuche los testimonios de las víctimas y "se lleve su informe con la verdad".
La expresidenta chilena arribó la víspera a Caracas para cumplir una visita de tres días en la que se reunirá con Maduro, el líder opositor Juan Guaidó, el jefe del Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal general, representantes diplomáticos y miembros de organizaciones humanitarias.
"Espero escuchar todas las voces y trabajar con todos los actores para promover y proteger todos los derechos humanos de todos los venezolanos", expresó Bachelet en su cuenta de Twitter luego de llegar al país.
Durante la noche del miércoles la Alta Comisionada sostuvo una reunión de dos horas con el canciller Jorge Arreaza. Al final del encuentro, Arreaza indicó en un comunicado de prensa que examinó con Bachelet los "desafíos" que tiene Venezuela en materia de derechos humanos y denunció que las sanciones económicas de Washington dificultan el avance del modelo de protección social.
Asimismo, el canciller dijo que espera que la oficina de la Alta Comisionada "de manera constructiva sugiera, recomiende y oriente los mecanismos para mejorar, garantizar y preservar los derechos humanos".
"Bachelet tiene la oportunidad y la obligación de mostrarle al mundo la realidad de Venezuela sin maquillaje", afirmó el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en una entrevista con el diario chileno La Tercera.
Vivanco sostuvo que si la expresidenta chilena "no mide bien lo que dice y hace" podría terminar validando al gobierno de Maduro, al que señaló de mantener un "Estado represor".
La visita de Bachelet se da a pocas semanas de la presentación de un informe final sobre Venezuela. En marzo la funcionaria expresó su preocupación por la "magnitud" y "gravedad" de la repercusión de la crisis económica y social sobre los derechos humanos.
Caracas / AP
