En el municipio Independencia, estado Anzoátegui, se ubica Macapaima, una comunidad constituida por 315 personas (115 familias) entre indígenas kariñas y criollos. Su principal medio de sustento es la pesca y la agricultura, afectada desde hace más de 20 años producto de la contaminación ambiental.
La comunidad denunció que la contaminación se debe a unas gabarras de la empresa ACBL de Venezuela, C.A., que estiman fueron abandonadas en el río Orinoco desde 1998. El óxido de estas 38 embarcaciones en total generó una contaminación en las aguas, afectando no solo la pesca en la zona, a un kilómetro de Macapaima sino también la agricultura.
“Tengo 60 años viviendo acá. Cuando llegué todo esto era monte (…) Esta situación de contaminación lo veo muy mal porque nuestros hijos van a agarrar un pescado contaminado o vamos a beber esa agua contaminada. No puede ser porque nos enfermamos todos. Antes nuestros hijos sembraban los conucos, pero cuando trajeron esas gabarras no se pudo sembrar más porque tapaban el terreno. Ahí se daba la patilla, la auyama, después no se dio más nada allí”, dijo Carmen Martínez, indígena kariña de Macapaima.
El caso pasó hasta la Fiscalía Tercera con Competencia Ambiental de Ciudad Bolívar. El Ministerio Público hizo las debidas investigaciones. Incluso, en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de Palital, sector ubicado a unos 11.5 kilómetros de Macapaima, se realizaron pruebas a habitantes que presentaron lesiones en la piel, como escabiosis, y cuyas pruebas concluyeron que eran producto de la contaminación de las aguas. Entre otras patologías, también hubo diagnósticos de diarrea.
La Universidad de Oriente (UDO) analizó al menos cinco muestras diferentes de las aguas donde están las gabarras. En la conclusión del informe se indica la presencia de metales pesados, bajo consumo de oxígeno y sólidos en suspensión, así como la acidez del agua.
El caso pasó hasta el Tribunal Quinto de Control, bajo el expediente FP12-2023-5266. Igualmente, la Comisión de Ambiente del Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB), presidida por el diputado Francisco Farías, hizo sus investigaciones y denuncias.
El pasado 13 de marzo, los abogados que representan a la comunidad, por intermedio de Yetzeli Martínez, gobernadora de la Asociación Indígena Kariña Macapaima, solicitaron unas medidas de carácter ambiental. La causa la lleva el Tribunal Quinto de Control. El 16 de marzo se decretan medidas precautelativas en la que se ordenó la destrucción y neutralización de los agentes contaminantes y el respectivo saneamiento, así como el retiro o retención de vehículos u objetos de lo abandonado.
La notificación -afirman- pasó por ACBL, así como el Instituto Nacional para los Espacios Acuáticos (INEA) y el Ministerio de Ecosocialismo (Minec).
Sin embargo, la representante de la comunidad denunció que la empresa ACBL impide el remolque de las 38 gabarras, trabajo que se asignó a Corpoez (Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora), encargada de trabajar con productos tóxicos, que a su vez hizo un proceso de licitación para contratar a una compañía recicladora, Tridente Service, y hacer el saneamiento. Hasta ahora solamente han podido comenzar con el remolque de tres de estas embarcaciones.
“La empresa ACBL dejó unas gabarras abandonadas que por más de 20 años ha causado contaminación ambiental a la comunidad (…) íbamos a ACBL a pedir que retiraran las gabarras porque destruían nuestros espacios de siembra y lo que hacían era insultarnos (…) tomamos la decisión de ir a la Fiscalía de Ambiente y nos ayudaron. Empezamos una demanda contra ACBL y se ganó, eso pasó a Corpoez para que hiciera un saneamiento con Tridente Service, pero la empresa ACBL sigue insistiendo que es mentira que hay una contaminación, impidiendo que se realice el saneamiento”, declaró Yetzeli Martínez.
“Aquí tenemos personas enfermas que les han dado sarna, han sufrido malestares estomacales. Mira, hay tantas cosas que han surgido a raíz de esa contaminación que se ha generado allí, que todavía siguen pensando que eso no está causando mal a la comunidad indígena. Entonces, porque somos indígenas, ellos piensan que nosotros no valemos”, agregó.
Martínez considera que con el saneamiento pueden obtener otros beneficios para la comunidad, además de la generación de empleo, sino también concretar proyectos para que cuenten con transporte, por ejemplo. Los niños para ir a la escuela deben caminar hasta Palital. Para las compras de alimentos y enseres viajan dos veces por semana a Ciudad Guayana.
Para el agua cuentan con un pozo profundo. Sin embargo, cuando se daña la bomba de agua, deben recurrir al agua del río o de la lluvia.
“Esa es la única forma, porque las instituciones están lejos, también nos prestan el apoyo, pero el apoyo es cuando vienen a solucionar la cuestión de la bomba. Mientras tanto uno tiene que estar en el río o agarrando las aguas de lluvia para subsistir”, acotó Martínez.
Lejos de entender el problema ambiental a profundidad, del que están conscientes y están de acuerdo con el saneamiento, una parte de la comunidad indígena se enfrenta a la gestión de Yetzeli Martínez en calidad de gobernadora de Macapaima. Su argumento es que fue revocada y las decisiones las deberían tomar una mesa constituida por otras siete personas. Sin embargo, el tema de la contaminación es un hecho y la orden de saneamiento viene de un tribunal.
Sobre ACBL de Venezuela, C.A., es una empresa asentada en Ciudad Guayana que ofrece servicios de transporte de mercancías por medio de gabarras. Vía telefónica se contactó con esta compañía para conocer su versión. No obstante, la respuesta fue que la directiva no se encontraba en la zona y, por tanto, no estaban autorizados para emitir declaraciones u alguna otra información.
Bolívar / Correo del Caroní
