Este 15 de enero Nicolás Maduro sorprendió al país durante su presentación de Memoria y Cuenta, al anunciar un incremento del «ingreso mínimo integral», término recién creado que parece ser clave dentro de la política salarial que aplicará el chavismo en los próximos años.
Previo a la aplicación de esta nueva fórmula, era más fácil explicar el ingreso del trabajador público venezolano. Había un salario mínimo obligatorio y un bono de alimentación que, con un sostén legal en leyes y decretos, conformaban el «salario integral».
Ahora la política salarial del chavismo hizo de los ingresos un complejo rompecabezas gracias a un sistema de bonos que se entregan a discreción, un cestaticket que paga un monto aunque en Gaceta Oficial se indique otro y un salario legal completamente estancado desde hace casi dos años.
Se suma a este enredo la indexación, ya que los ingresos se fijan en dólares, pero se pagan en su equivalente en bolívares según el tipo de cambio que publique el Banco Central de Venezuela (BCV) a fin de mes, excepto por el salario, que no está indexado.
Debido a este confuso esquema, en TalCual explicamos cómo está constituido el «ingreso mínimo integral» que acaba de incrementar Nicolás Maduro y qué implicaciones tiene.
Desde el 1° de mayo de 2023, la composición del ingreso de los trabajadores de la administración pública depende de estos tres elementos:
En su discurso, Maduro ya ni siquiera menciona el salario mínimo, pero los trabajadores del sector público reciben estos tres pagos cada mes.
Para los pensionados y jubilados corresponden el salario mínimo junto al Bono de Guerra Económica. Para estos dos grupos, no aplica el cestaticket de $40.
Voceros del chavismo, como el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, han presentado cifras sobre la cantidad de personas que figura en cada grupo:
*Muchos jubilados cuentan también con pensión, pero el Gobierno no separa estas cifras, por lo que hay personas que se cuentan dos veces, como pensionado y también como jubilado.
El Gobierno decidió denominar con el mismo nombre de «Bono de Guerra Económica» a tres bonos que, en la práctica, no son iguales, ya que se trata de tres montos distintos y se otorgan a tres grupos diferentes de beneficiarios.
Estos son los montos diferenciados para cada grupo:
* Según explicó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el bono para jubilados tiene una fórmula de cálculo: corresponde al 70% del ingreso mínimo integral de los trabajadores de la administración pública. Es decir, se paga $70 a los jubilados porque es el 70% de los $100 que reciben los trabajadores activos.
El Gobierno no ha aclarado públicamente los criterios específicos que toma en cuenta al momento de pagar el Bono de Guerra Económica. Una de las grandes lagunas es qué ocurre cuando el beneficiario es tanto pensionado como jubilado.
A pesar de la falta de información oficial, los beneficiarios que forman parte de ambos grupos denuncian que no reciben los dos bonos, sino únicamente el que corresponde a los jubilados.
Algo que debe quedar claro es que ingreso y salario no son sinónimos. Maduro anunció un ajuste de ingresos vía bono, pero omitió incluso la mención de la palabra «salario».
El salario mínimo permanece estancado desde marzo de 2022. En otras palabras, han pasado casi dos años desde la última vez que Maduro anunció un incremento salarial.
Por esta razón, el salario mínimo legal vigente en el país es de tan solo Bs 130, sin indexación, que actualmente equivale a $3,6 mensuales, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela.
La diferencia entre ingreso y salario es importante, debido a que las leyes laborales de Venezuela están sustentadas en un sistema salarial, por lo que todos los beneficios laborales se definen a raíz del salario. Esto incluye elementos como:
Debido a la ausencia de aumento salarial, todos estos beneficios son calculados con la base de esos Bs 130 de salario mínimo.
A modo de ejemplo, a continuación se presenta la tabla de remuneraciones de obreros de la administración pública:
El primer monto mínimo para obreros no calificados es de Bs 130 ($3,6). A lo máximo que pueden aspirar es al nivel cuatro del escalafón con un sueldo de Bs 171,42 ($4,7). La diferencia entre el primer y cuarto nivel es de apenas 1,1 dólares.
En este mismo caso, el mayor sueldo al que puede aspirar un funcionario en esta categoría es al nivel 10 en el cargo de supervisor, con una ganancia máxima de Bs 257,38 ($7,14). La diferencia entre el primer escalafón y el máximo para un obrero en la administración pública es de tan solo 3,5 dólares.
En el pasado, todo esquema salarial tenía un sustento en las leyes del país. Incluso aquellas decisiones que no eran especificadas en la ley, tenían un decreto que las respaldaba. De esta manera, se establecían las reglas de juego que debían respetar tanto empleadores como trabajadores.
Los aumentos salariales solían hacerse oficiales con un decreto en el cual se establecía un salario mínimo mensual obligatorio, el monto del cestaticket, una escala general de sueldos para funcionarios públicos y un tabulador general salarial para obreros de la administración pública. Este sostén normativo queda en el olvido con los pagos a través de bonos.
El último documento legal publicado para normar el salario mínimo fue el Decreto Nº 4.653, con fecha del 15 de marzo de 2022, que sigue vigente en la actualidad. Desde ese momento, el Gobierno dejó el salario de lado y se centró en los bonos.
Con el ajuste de bonos del 1° de mayo de 2023, el Gobierno publicó un decreto para normar el cestaticket y el Bono de Guerra Económica. Se trata del Decreto N° 4.805, que establece el monto de Bs 1.000 para el cestaticket y Bs 750 para el bono a trabajadores activos. Sin embargo, estos montos nunca fueron actualizados.
El mismo documento indica que el Ejecutivo ordenaría un ajuste mensual «en función del tipo de cambio», dejando en la ambigüedad la supuesta indexación prometida por el Ejecutivo. Desde ese entonces, en efecto, las remuneraciones han sido actualizadas mensualmente, pero no hay un documento que respalde los montos específicos que deben cobrar los trabajadores.
Caracas / TalCual