Durante aproximadamente una hora y media de la mañana de este lunes 20 de septiembre rindió declaraciones ante un juez de la Audiencia Nacional de España Hugo Armando “El Pollo” Carvajal, tal como lo había solicitado la semana pasada.
El exmilitar venezolano dio su testimonio ante el Juzgado Central de Instrucciones nº 6, a cargo del juez Manuel García Castellón, quien dictó secreto en las actuaciones procesales que se puedan derivar de las declaraciones de “El Pollo”.
Carvajal fue trasladado la mañana de este lunes desde la prisión de Estremera a la sede de la Audiencia Nacional, donde estuvo en una sesión asistido por su abogada, María Dolores Argüelles, un fiscal y el juez.
La abogada señaló que las declaraciones del exjefe de la Dirección Contrainteligencia Militar venezolana (Dgcim) fueron “interesantes”, pero se negó a ofrecer detalles, debido a la orden de secreto que pesa sobre el expediente.
Tampoco quiso hablar sobre lo que podría suceder a partir de ahora con la justicia española, y solo se limitó a explicar que todavía está pendientes por resolver, por parte del Tribunal Supremo, dos recursos para tratar de evitar que Carvajal sea enviado a Estados Unidos, país que lo solicita por la presunta comisión de los delitos de tráfico de drogas y de armas.
La comparecencia de Carvajal ante la Audiencia Nacional fue una petición que hizo él mismo con la intención de supuestamente ofrecer detalles sobre posibles nexos que presuntamente tendrían funcionarios y exfuncionarios españoles de los gobiernos de izquierda con las guerrillas de las FARC y el grupo terrorista ETA.
De manera extraoficial se conoció que, en esta oportunidad, Carvajal habría ofrecido entregar documentación de interés para que se investiguen presuntos vínculos. Legalmente, lo que podría suceder es que la justicia española decida procesar al exmilitar venezolano y esto retrasaría aún más el proceso de extradición.
Segundo revés
Este mismo lunes también se conoció que el Tribunal Supremo español desestimó la medida cautelarísima interpuesta por la defensa de Carvajal, que buscaba que se suspendiera la ejecución de la decisión tomada por el Consejo de Ministros de marzo de 2020, que acordó la entrega de “El Pollo” a las autoridades norteamericanas.
El Supremo indica en el escrito emitido ya anteriormente, en mayo de 2020, se había negado otra medida solicitada en contra de la misma decisión, y resalta que, en el momento de darse aquel primer fallo, “el recurrente” (Carvajal) se encontraba en paradero desconocido, lo cual dificultaba la ejecución del acto que la defensa pretendía impugnar.
Los magistrados de la Sección Quinta de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo español indican en su escrito que no llegan a comprender “la petición que se hace respecto de la suspensión de una resolución, la orden de entrega, cuando ya se había denegado la medida cautelar”, pero además le recuerdan a la defensa que “por pura lógica jurídica” cuando ya se ha negado una petición, reiterar la petición los obliga a invocar nuevos argumentos, tal como lo establece el artículo 132.2 de la Ley procesal española.
Hay que recordar que la semana pasada, el Ministerio del Interior informó que a Carvajal se le había negado la solicitud de protección internacional -asilo-, que había solicitado en junio de 2019, cuando estuvo detenido la primera vez en la cárcel de Estremera.
El Ministerio del Interior explicó que la solicitud estaba denegada desde septiembre de 2019 y que para el momento en que se decidió, la notificación había sido enviada al centro de Reclusión, pero que Carvajal ya no estaba detenido.
No obstante, la defensa todavía espera por un recurso que está también en el Tribunal Supremo, apelaron la decisión de no concederle el asilo y no descartan acudir ante el Tribunal Constitucional español o ante el Tribunal de Derechos Humanos de Europa, de ser necesario, para evitar que “El Pollo” sea enviado a Estados Unidos.
La abogada de la defensa aseguró que su cliente no tendría ningún inconveniente en presentarse ante la justicia norteamericana, siempre y cuando tuviera las garantías de un proceso justo.
España / RunRunes
