El Papa Francisco ha enviado otro mensaje a los cardenales y obispos con sede en el Vaticano sobre su intención de responsabilizarlos por conducta criminal indebida: eliminó los obstáculos procesales que los habían librado de ser procesados por el tribunal penal del Vaticano.
Una nueva ley publicada el viernes dejó en claro que los fiscales de la ciudad-estado del Vaticano tienen jurisdicción sobre los cardenales y obispos y solo necesitan el consentimiento del Papa para proceder con las investigaciones en su contra.
La ley derogó un reglamento, confirmado tan recientemente como el año pasado, que decía que solo el tribunal de apelaciones más alto, que está compuesto por tres jueces cardenales, podría evaluar las acciones de los cardenales y obispos acusados de delitos penales.
La reforma es la última señal de que después de ocho años de predicar sobre el fin de la corrupción y otras actividades delictivas en la Santa Sede, Francisco está tomando medidas concretas para responsabilizar a sus propios cardenales y obispos.
El jueves, aprobó una ley diferente que obliga a los superiores del Vaticano a declarar que sus finanzas están limpias y estableció un límite de 40 euros ($ 48) a los obsequios personales relacionados con el trabajo que recibiera cualquier empleado del Vaticano.
El límite de obsequios se consideró una forma de reducir la práctica desenfrenada de dar obsequios económicos a los clérigos de la Santa Sede y la posibilidad de que ese dinero pudiera engrasar los favores.
La reforma del viernes sigue a la decisión de Francisco el año pasado de despojar a un alto funcionario del Vaticano, el cardenal Angelo Becciu, de sus derechos y privilegios como cardenal en una medida que se considera que sienta las bases para que Becciu posiblemente sea juzgado.
Sin embargo, las acusaciones en su contra no son claras y Becciu no ha sido acusado de ningún delito.
Becciu ha dicho que Francisco citó una donación de 100 mil euros que hizo con fondos de la Santa Sede que tenía autoridad para desembolsar, a una organización benéfica dirigida por su hermano. El funcionario ha negado haber actuado mal, señalando que el dinero estaba destinado a la caridad, no a su hermano, y el dinero nunca salió de la cuenta bancaria diocesana.
Becciu también estuvo involucrado inicialmente en una empresa inmobiliaria en Londres que ahora es objeto de una investigación por corrupción del Vaticano, pero las transacciones clave bajo escrutinio ocurrieron después de que fue ascendido a la oficina de santificación del Vaticano.
La nueva ley procesal del viernes presumiblemente haría innecesario cualquier movimiento para despojar a cualquier otro cardenal de sus privilegios antes de que se dicte una acusación.
En una introducción a la ley, Francisco detalló que era necesario mantener a todos iguales ante la ley, como se reconoce internacionalmente.
"La comprensión de tales valores y principios, que han ido madurando progresivamente en la comunidad eclesial, requiere hoy que el código del Vaticano se ajuste más adecuadamente a las normas internacionales", escribió.
Dentro del sistema de derecho canónico interno de la iglesia para los crímenes de los cardenales y obispos son juzgados solo por el Papa. Ese privilegio se extendió también al código penal del tribunal de la ciudad-estado en formas que llevaron a algunas anomalías en los últimos años.
En un caso famoso, los fiscales decidieron ni siquiera investigar al cardenal cuyo apartamento en el Vaticano fue renovado con medio millón de dólares en donaciones destinadas al hospital infantil del Papa.
El presidente del hospital que desvió los fondos fue condenado por el tribunal del Vaticano, pero el cardenal ni siquiera fue llamado a testificar, y mucho menos sometido a investigación.
Roma / AP
