Un nuevo informe, esta vez con perspectiva de género, da cuenta de cómo las mujeres son víctimas directas e indirectas de la represión en Venezuela. En su análisis, el libro violeta refiere el caso de las madres de los presos políticos, condenadas a ejercer un acompañamiento en condiciones dramáticas y muchas veces en detrimento del resto del grupo familiar.
El informe “La violencia en femenino. El libro violeta de la represión en Venezuela”, fue elaborado por organizaciones feministas del grupo Derechos Humanos Venezuela en Movimiento. Destaca los hechos de violencia, represión, cierre del espacio cívico y persecución, perpetrados contra la población venezolana entre el 29 de julio y mediados de noviembre de 2024.
Las organizaciones participantes están conscientes del contexto de creciente represión en Venezuela. Esta es la razòn por la cual el informe no atribuye ni identifica ningún dato, a excepción de aquellos extraídos de informes de organismos internacionales.
Madres de presos políticos, mujeres detenidas en el contexto de las protestas postelectorales, activistas, entre otras son víctimas, aunque muchas veces no son reconocidas como tales. A continuación el informe:
Según HumVenezuela, para 2024, casi 13% de los NNA no asisten regularmente a la escuela. La situación afecta especialmente a niñas y adolescentes, quienes son más propensas a abandonar sus estudios para asumir tareas de cuidado, exponiéndose a riesgos como el embarazo precoz, cuya tasa en Venezuela casi duplica el promedio regional, ubicándose en 97,7 por cada 1.000 niñas y mujeres de entre 15 y 19 años.
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2023 refleja que la participación económica femenina es baja (37.3%). Mientras que estudios de Equilibrium CenDe destacan que el 75% de las mujeres tienen ingresos menores a USD 200. Solo 3% puede cubrir la canasta básica.
Entre enero y septiembre de 2024, una organización documentó 127 femicidios consumados y 51 frustrados. En el mismo periodo, se registraron 68 acciones femicidas contra venezolanas en el exterior, reflejo de la vulnerabilidad exacerbada a la que se exponen las mujeres venezolanas en el contexto de movilidad humana.
Las mujeres LBTIQ+ continúan enfrentando discriminación institucionalizada, exclusión social y vulnerabilidad extrema. Persisten actos de violencia y discursos de odio, con 29 incidentes documentados entre 2023 y 2024.
Otro grupo en especial situación de vulnerabilidad son las mujeres reclusas. El Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), único centro exclusivo para mujeres, sufre un hacinamiento del 185,71%. Las presas políticas allí recluidas padecen castigos adicionales, incluyendo aislamiento y restricciones en visitas y atención médica, evidenciando una discriminación particular.
En 2024 las inhabilitaciones por vía administrativa, práctica condenada por mecanismos internacionales, tienen en María Corina Machado su caso más notable. A la ganadora de las primarias de la Plataforma Unitaria no le fue permitido inscribirse como candidata. La candidatura de Corina Yoris, designada por Machado para representarla, no fue aceptada por el sistema de inscripción. Esto resultó en una total ausencia de candidatas mujeres en el tarjetón electoral.
El aumento de la violencia política de género se ha puesto de manifiesto tras las elecciones. De las 1848 personas detenidas reportadas en el contexto de las protestas poselectorales, al menos 246 son mujeres, incluyendo a 28 niñas.
Las mujeres y niñas detenidas son especialmente vulnerables a ser víctimas de violencia de género, especialmente violencia sexual. En este sentido, la Misión de Determinación de los Hechos investigó 11 casos, que incluyeron amenazas de violación y otros actos de violencia sexual. La mayoría de los cuales fueron perpetrados por funcionarios de la GNB, la PNB y la DGCIM.
Entre el 7 y 8 de noviembre de 2024, familiares de los presos políticos realizaron una vigilia a las afueras de la cárcel de Tocorón. “Te amo hijo, no te abandonaré nunca” se escucha decir a una de las madres. Pese al riesgo que supone para estas mujeres la búsqueda de justicia, ellas siguen siendo protagonistas de las acciones de exigibilidad, ejerciendo, incluso en las peores condiciones y en detrimento de otras personas a su cargo y de sí mismas, el rol de cuidadoras. Pese a este sacrificio, no son reconocidas como víctimas, y su sufrimiento queda invisibilizado.
Normativas legales como la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro intensifican el cierre del espacio cívico, limitando la capacidad de las organizaciones de mujeres para ampliar su impacto.
Lideresas entrevistadas aseguran que su seguridad y la de sus familiares está amenazada y enfrentan el dilema de resguardarse o continuar con su labor. Su salud mental se ha afectado. “Comencé a tomar ansiolíticos - no hay virtud en el sufrimiento”, dijo una de ellas.
Estas mujeres están expuestas a campañas de desprestigio, ataques en redes sociales y amenazas. Por ello han disminuido las actividades presenciales y evalúan constantemente las estrategias para minimizar riesgos, adoptando incluso la autocensura como medida de protección.
Enfrentan además dificultades para garantizar la sostenibilidad de sus iniciativas, pues las opciones de financiamiento local son casi inexistentes y las internacionales son limitadas. A pesar de este panorama, siguen luchando para mantener las organizaciones activas. “En total, cerca de 200 mujeres se verían impactadas si dejamos de trabajar - ¿cómo hacemos para dejarlas solas? No podemos”, aseguró una de las entrevistadas.
Que dejen o modifiquen su activismo político es una solicitud recurrente que le hace su entorno cercano a las lideresas políticas. Una encuesta realizada a 11 de ellas arrojó que 50% de las encuestadas ha sido blanco de ataques sexistas. Mientras que 91% ha sido testigo de ataques y hostigamientos a otras mujeres lideresas. Reducir su visibilidad pública ha sido una de las estrategias empleadas para minimizar los riesgos. A pesar de estos desafíos, 55% ha fortalecido sus relaciones de confianza con otras mujeres políticas y 91% está dispuesta a colaborar con otras lideresas.
Las organizaciones de mujeres y lideresas políticas han sido blanco específico de represión y sienten en primera línea los efectos del cierre del espacio cívico, lo que limita su capacidad para articular respuestas. A pesar de ello, continúan desempeñando un papel clave de salvaguarda del espacio cívico, construyendo espacios de solidaridad frente a un entorno hostil.
El reconocimiento del papel central de las mujeres en la lucha por la justicia y los derechos humanos es indispensable para avanzar hacia una comprensión integral de la crisis venezolana. La resiliencia y resistencia de las mujeres es un eje crucial para la reconstrucción del tejido social y la búsqueda de una sociedad más justa e inclusiva.
Carabobo / El Carabobeño
