La crisis sanitaria en Venezuela suma un capítulo crítico con la paralización del Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT), el cual está por cumplir nueve años de inactividad. Según Lucila Cárdenas de Velutini, directora de la ONTV, esta situación ha bloqueado el acceso a trasplantes para miles de ciudadanos que padecen enfermedades renales crónicas. Aunque la suspensión se anunció el 1 de junio de 2017 como una medida «temporal» para optimizar los hospitales y asegurar el suministro de medicamentos inmunosupresores, la realidad es que el programa nunca se reactivó, dejando a los pacientes en un limbo asistencial.
Actualmente, se estima que más de 7,000 venezolanos dependen de tratamientos de diálisis para sobrevivir. De este grupo, aproximadamente entre el 8 % y el 10 % serían candidatos ideales para un trasplante renal; sin embargo, las posibilidades de concretarlo son mínimas.
La situación es especialmente alarmante para los pacientes pediátricos, quienes en otros países suelen ser priorizados y operados en menos de un año. En Venezuela, la espera prolongada en diálisis está provocando que los niños desarrollen múltiples patologías asociadas que complican aún más su estado de salud general.
El mayor obstáculo actual es la ausencia de un sistema de donación de personas fallecidas. Esto limita las intervenciones únicamente a trasplantes de donantes vivos con parentesco directo (hasta el quinto grado de consanguinidad).
Esta restricción legal y operativa deja desamparado al 99 % de los pacientes, ya que la gran mayoría no cuenta con un familiar que sea compatible, que goce de buena salud o que esté en condiciones de donar, cerrando así la única puerta de supervivencia para miles de personas.
Lara / El Impulso
