La deuda de los tribunales de ejecución con dos presos políticos –un civil y un militar– se mantiene, al no emitir las boletas de excarcelación correspondientes pese a que ya se ha excedido el cumplimiento de la condena impuesta por la justicia por más de un año.
Al estudiante de comercio internacional Wilder Anderson Vásquez Velásquez, uno de los condenados por el caso de los drones, como se conoció al supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018, ya se le venció su condena desde hace un año y cuatro meses.
El joven fue condenado a cinco años de prisión por la jueza Hennit Carolina López por el delito de «encubrimiento en el delito de terrorismo». Fue apresado el 11 de agosto de 2018 por funcionarios del Sebin y fue trasladado al Helicoide. El entonces ministro de Comunicación Jorge Rodríguez presentó a Wilder Vásquez bajo el alias de «Capo», y lo acusó de mantener bajo resguardo a Henryberth Rivas, uno de los supuestos artífices de la operación.
En el caso de Vásquez, le correspondía al Tribunal 8° de Ejecución expedir la boleta de excarcelación, pero hasta la fecha no se ha concretado. Su abogado no tuvo acceso al expediente, no se recibieron copias de documentos y tampoco se le permitió conocer sobre la boleta que, presuntamente, se había enviado a la presidenta del circuito. También se presionó con un recurso de amparo que fue declarado inadmisible.
El 4 de abril de 2024, Wilder Vásquez formó parte del grupo trasladado a la cárcel de máxima seguridad de El Rodeo I, a pesar de que su condena ya se había cumplido en su totalidad. Ha sido víctima de aislamiento y en diciembre le suspendieron las visitas por 15 días junto a otros presos políticos. Sigue en espera de que la jueza Yesenia Azuaje emita la boleta o ejecute la orden de excarcelación, si esta se hubiese librado.
El teniente coronel Pedro Garrido también espera la ejecución de su excarcelación desde hace un año y 40 días. Desde el 11 de enero de 2024 el Tribunal Décimo Séptimo en Funciones de Ejecución debía ordenar su excarcelación.
Garrido fue acusado por la «operación Europa 2020», como se denominó a una supuesta conspiración para develar secretos militares y de sitios estratégicos. Fue apresado el 8 de enero de 2020, en el estado Táchira, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), aunque en actas se fija el 11 de enero.
El Tribunal Décimo Cuarto de Juicio del Área Metropolitana de Caracas condenó al teniente coronel a cuatro años de prisión por «instigación a la rebelión y desobediencia». Actualmente está recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) Los Teques, mejor conocido como la cárcel de Ramo Verde.
El Foro Penal y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia han denunciado que fue víctima, junto al capitán Eduardo Henríquez, de graves torturas como golpes, descargas eléctricas, colgamientos, asfixias con bolsas plásticas e incluso simulacros de ejecución. Ninguna de estas denuncias ha sido procesada.
La abogada Martha Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, incluye dentro de los presos políticos pendientes de excarcelación a los policías metropolitanos Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina, condenados a 30 años de prisión por los sucesos del 11 de abril de 2002.
Por cómputo de pena, como han reclamado sus familiares, a los policías ya les corresponde salir en libertad. Los jueces del caso se han negado a hacer las revisiones, mientras Rovaín, Bolívar y Molina permanecen detenidos en el Centro Penitenciario de Oriente, la llamada cárcel Fénix, en el estado Lara.
Martha Tineo dice que «esto no hace más que parte de la absoluta arbitrariedad y la manipulación del sistema de justicia para reprimir, castigar y encarcelar a la disidencia real o percibida en Venezuela».
Recuerda que, así como la prisión depende de decisiones políticas, las excarcelaciones pasan por una consideración similar «más allá del proceso judicial, porque efectivamente el debido proceso no se respeta en ninguna de sus fases. Estas son las consecuencias, incluso si hay un proceso judicial, a una persona la condenan, cumple la pena. Sin embargo, no ocurre la decisión política de excarcelarla y vemos este tipo de arbitrariedades».
