Los 279 educadores pertenecientes a la nómina del municipio Juan Antonio Sotillo se concentraron, la mañana de este lunes, en el patio de la alcaldía para solicitar mejoras salarios.
La docente Eloina Caramauca considera injusto que con una maestría en Orientación de la Conducta y 15 años de servicio esté devengando un sueldo quincenal de 354 mil bolívares.
“Mientras que los técnicos cobran entre Bs 220 mil y 242 mil bolívares, contratados Bs 150 mil y los licenciados 220 mil bolívares”.
Además, indicó que no les cancelan a tiempo, y en algunas ocasiones se demoran hasta dos quincenas en pagar.
“Tampoco tenemos seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), ni seguro funerario y para colmo de males, desde hace más de 10 años no recibimos el fideicomiso”.
Ilda Díaz denunció que desde septiembre no le depositan la suplencia que realiza luego de que una de sus compañeras fue cambiada de institución.
“Voy a mi trabajo porque no tengo que pagar pasaje, pero vivo en una constante incertidumbre. Uno necesita su plata”.
A la manifestación se unió la jubilada Iris Vallejo, quien durante 28 años laboró en la alcaldía porteña.
“Lo que gano no me alcanza para comprar medicinas y alimentos. Soy hipertensa y tengo problemas cardiovasculares. Debemos cobrar mínimo Bs 10 millones para sobrellevar la situación. Con mi estómago y mis remedios nadie se va a meter, sea de la ideología que sea”, expresó.
Pasar al Ministerio
La profesora Lusmelis Salazar comentó que durante una reunión que sostuvieron el pasado 7 de abril con la alcaldesa Herminia García y otros representantes de la municipalidad, como solución les manifestaron que estaban trabajando para pasarlos a la nómica del Ministerio del Poder Popular para la Educación.
“Nos parece buena la idea, pero antes de que el ministerio nos absorba, necesitamos que la alcaldía cancele su deuda”.
Similar petición realizó Paola Rodríguez, quien solicitó una pronta y definitiva respuesta a sus reclamos.
“Nos tienen de aquí para allá, luego nos dijeron que en la primera semana de abril pasaríamos a depender del nivel central, pero mientras tanto seguimos sin dinero. No tenemos cómo movilizarnos y menos qué comer”.
El docente Pedro Salazar solicitó a los representantes del ayuntamiento que aclaren cuál es su posición oficial y definitiva.
“También tienen que tomar en cuenta la posición de las personas que iban a ser jubiladas en diciembre, pues no lo hicieron porque tenían que esperan el cambio al ministerio y aún nada”.
Elisa Gómez / Puerto La Cruz
