Agosto comenzó con el anuncio del Plan Maestros Insurgentes. Desde el municipio Libertador, en Caracas, la alcaldesa Érika Farías explicó que el programa avalado por el Ministerio de Educación, a través de la Zona Educativa, pretende instruir a profesionales de diversas áreas como docentes en la Universidad Pedagógica de Caracas Luis Bigott, en una formación de 450 horas académicas, para enfrentar lo que los voceros de Nicolás Maduro definen como guerra económica. Todo antes de que comenzara el período escolar 2019-2020.
La mandataria aseguró que el programa responde a la necesidad de atender a la infancia venezolana luego de las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, al gobierno de Nicolás Maduro. “Nuestro presidente ha llamado a toda la población a asumir el principio de ayudarnos; y es fundamental todo el trabajo que podamos hacer los caraqueños para proteger, cuidar y acompañar a nuestros niños, niñas y adolescentes”, insistió Farías.
Para el gremio, el proyecto impulsado por el chavismo pone en riesgo la calidad del sistema educativo, comprometido ya desde hace un par de años, cuando la migración, causada principalmente por la caída del poder económico de las familias, comenzó a dejar las aulas sin docentes. Raquel Figueroa, coordinadora nacional de la Unidad Democrática del Sector Educativo (Udse), estima una merma de 50% en la plantilla de maestros y maestras que, según Istúriz, era de 543 mil 413.
Además, Figueroa considera que el Plan Maestros Insurgentes pretende afianzar el partidismo dentro de las escuelas y liceos del país. Insiste en que, aunque ningún vocero del presidente Maduro lo admite, es una política que evidencia la crisis que atraviesa la educación a nivel nacional: la cifra de docentes que salieron del sistema de enseñanza “el año pasado fue de 20% y este año de 30%”, dato que coincide con las estimaciones de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi).
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) atribuyen el abandono de estudiantes a la incapacidad de las familias de alimentar a niños y adolescentes y comprar uniformes y útiles escolares; sumada a las fallas constantes de los servicios básicos, como el agua, agudizada luego de los apagones masivos del mes de marzo, y la deficiencia del transporte público.
Bolivia Suárez, diputada de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Desarrollo Social, afirma que la formación de 450 horas insertará en los salones de clases a profesores que no cuentan con pedagogía ni con la preparación de los egresados de las escuelas de Educación de las universidades del país. “Este proyecto acabará con lo que queda del sistema educativo”, asegura.
Sin docentes no hay educación
Ya en 2016, el gremio docente comenzó a denunciar el abandono de las aulas de clase a la vez que iniciaba protestas en varios estados para exigir mejoras laborales, como la sinceración de los salarios, la reparación y el mantenimiento de la infraestructura de los planteles y la dotación de los insumos para cumplir con el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Ninguno de los ministros ha mencionado algo respecto a la migración de docentes; aun así, muchos sindicalistas aseguran que el Plan Maestros Insurgentes es una respuesta al déficit de profesionales dentro de los colegios. Ofelia Rivera, miembro del secretariado nacional del Movimiento Progresista de Venezuela (MPV), manifiesta que mientras no haya un cambio de gobierno, no habrá progresos para el sistema educativo venezolano: “La diáspora no es circunstancial, sino estructural”.
Para Karina Molina, profesora de ciencias sociales de educación media, el plan de formación de 450 horas implica una afectación total a la estructura completa. “El hecho fundamental en la educación son los docentes y si no hay gente preparada entonces el proceso de aprendizaje no sucede”, apuntó.
Molina prevé que la inserción de docentes que no cumplen con los requisitos para la profesión resultará en conflictos entre maestros y estudiantes, la pérdida de respeto por la institucionalidad, aumento en los índices de deserción escolar y la continua improvisación en la planificación, cosa que dificultará la enseñanza de todos los contenidos con la profundidad que se espera.
Rivera asegura que la intención del plan “no es la formación pedagógica, sino la transformación partidista del sistema educativo”. Durante el mes de julio, antes de que finalizara el período escolar, Rivera había advertido sobre la presencia de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en muchas instituciones y contó que algunas jornadas se suspendían porque convocatorias a asambleas de profesores y representantes se convertían en mítines políticos.
Además, de acuerdo con Rivera, se viola el artículo 104 de la Constitución, que establece que “la educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica. El Estado estimulará su actualización permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente”.
En medio de incertidumbre
El Ministerio de Educación es el encargado del programa, aun así, no se les comunicó a los docentes del país acerca de la formación de 450 horas académicas. Molina recuerda que, como sus compañeros, se enteró por medio de la prensa, por lo que muchos lo consideraban un rumor. Luego, a mediados del mes de agosto, la Zona Educativa comenzó a emitir mensajes de texto a quienes están adscritos al ministerio para pedir colaboración y aceptación de los maestros insurgentes dentro de las escuelas y los liceos para el nuevo año escolar.
No sólo los docentes han manifestado preocupación con respecto al período escolar que recién comienza; los padres y las madres también. Lila Vega, de la Asociación de Padres (Asopadres), expresó que el reto para el período 2019-2020 es que haya maestros. No rechaza del todo el plan del Gobierno, pero sí está en contra de un sistema político que ha generado una crisis en el sector educativo.
Vega considera fundamental el trabajo en equipo de maestros y representantes frente a una decisión que escapa de sus manos. Insiste en que todos deben participar en discusiones y asambleas para la cocreación de proyectos y soluciones a los problemas. La diputada Bolivia Suárez coincide y dice que las protestas del gremio deben involucrar incluso a los estudiantes: “La idea es que participe toda la sociedad civil, porque es un asunto de todo el país”.
Condiciones económicas
A seis días del comienzo del año escolar, durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del martes 10 de septiembre, el diputado Romny Flores alegó que un maestro de categoría seis, que cuenta con estudios de postgrado o doctorado, recibe un ingreso mensual menor a cuatro dólares, frente a una canasta básica familiar que, hasta el mes de julio, requería 41 salarios mínimos para su compra. La hiperinflación, estimada en 1.000.000% para fin de año por el Banco Mundial, pulveriza la capacidad de compra de las familias venezolanas.
Además, Amelia Belisario, también diputada, reclamó que la seguridad social del sector educativo es de 200 bolívares, monto que equivale a cinco boletos del Metro de Caracas, y el seguro funerario es de 150.
El viernes 6 de septiembre comenzó la consignación del Bono Especial Complementario asignado por Nicolás Maduro y que sería entregado a través del carnet de la patria. El monto de Bs 250 mil, según el mandatario, serviría “para que todos los niños de la patria dispongan de útiles y uniformes para este nuevo año escolar 2019”. Sin embargo, Belisario dijo, durante la sesión: “Con un salario mínimo sólo se compra un par de medias o una caja de lápices. Se requieren 18 salarios mínimos para poder comprar únicamente los útiles escolares de un niño”.
La Constitución de 1999, que derogó la de 1961, en su artículo 102 fija la educación como un derecho humano y la establece como un área de máximo interés para el Estado; pero el gremio rechaza las políticas impulsadas por el chavismo por atentar contra la profesión docente y la calidad del sistema educativo.
La profesora Ofelia Rivera indica que el objetivo de la educación es construir ciudadanía y tejido social. Con una infraestructura deteriorada, aulas con menos docentes cada día y con tantas dificultades que impidan a los estudiantes preferir estar en clase que buscando comida, Rivera teme que lo que se forme durante estos años no sean ciudadanos. Enfatiza que sin educación no hay democracia.
Caracas / María Jesús Vallejo
