Políticos y expertos, incluyendo al chavismo disidente, no han dejado de estar de acuerdo en una cosa: una salida a la crisis política del país sería la realización de unos comicios presidenciales o generales que permitan un cambio de Gobierno, lo cual debe pasar por la necesaria escogencia de un Consejo Nacional Electoral (CNE) que garantice un proceso libre, democrático y transparente.
La Asamblea Nacional (AN), como poder legítimamente establecido de acuerdo con la Constitución de la República, tiene la potestad, y así decidió hacerlo desde el 29 de octubre, de llevar a cabo el proceso para la renovación del ente comicial al declararse en sesión permanente para nombrar el Comité de Postulaciones que será el encargado de convocar, recibir, evaluar, seleccionar y presentar ante la plenaria del parlamento a los candidatos calificados para integrar el directorio del CNE cuando llegue el momento.
Tras la incorporación de la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y sus aliados, la directiva encabezada por Juan Guaidó puja, presiona y apuesta por un acuerdo de nombramiento del mencionado comité y luego de los rectores, pero dada la inasistencia del chavismo en la primera sesión para discutir el tema (30 de octubre) y el anuncio del gobernante Nicolás Maduro de que presentarían una propuesta de cara a las elecciones parlamentarias que corresponderían celebrar en diciembre de 2020, más la preferencia de otros porque sea el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el que elija de nuevo al CNE, algunos diputados como Alfonzo Marquina (PJ) y Carlos Berrizbeitia (Concertación por Venezuela) no esperan mucho de este proceso y ni que el ansiado acuerdo llegue.
“El Comité de Postulaciones tiene que estar integrado tanto por diputados de la oposición como del Psuv, son 11, más 10 personas sin militancia política, postuladas por los otros sectores de la sociedad y esto no puede ser alterado. Veremos si el oficialismo tiene palabra y permite que fluya la conformación de esta instancia”, advirtió Berrizbeitia en alusión a la Ley Orgánica del Poder Electoral.
Al respecto, el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) llamó la atención sobre el nombramiento de un nuevo directorio comicial que a su juicio resulta un desafío de primer orden en una coyuntura como la actual, definida por una escalada en el conflicto político, para lo cual la negociación que derive en un acuerdo político nacional incluyente es necesaria y urgente.
Maduro adelanta un diálogo con una representación minoritaria de la oposición, encabezada por parlamentarios como Timoteo Zambrano y José Antonio España, y del cual, aseguró, salió el acuerdo para la conformación de un nuevo CNE, pero por sí solos no tienen la capacidad de designarlo. Mientras que un nombramiento por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ni siquiera ha sido asomado, por lo que resta la carta del TSJ, el mismo que en 2014 y 2016 declaró la omisión legislativa para seleccionar a los rectores. En 2014 el Poder Judicial escogió a Luis Emilio Rondón (vinculado con la oposición) y ratificó a Tibisay Lucena y a Sandra Oblitas (por lo que el período de siete años de estas se vence en el 2021) y en 2016 dio la “estocada” con la imposición de Socorro Hernández (expresidenta de la estatal Cantv) y la exdiputada roja Tania D’Amelio.
“En el primer caso, oposición y oficialismo no lograron consenso en el hemiciclo. En el segundo, los magistrados igualmente ratificaron la medida impuesta desde enero de 2016, de desacato del Poder Legislativo a la Sala Electoral. Antes de esta conformación actual, el Poder Judicial ya había designado rectores electorales, aunque entonces con carácter provisional, en 2003, ante la imposibilidad de que los diputados lograran un acuerdo, y en 2005, en una llamada reestructuración tras dos faltas absolutas. Resultado de esta manera de proceder fue la composición de un CNE abiertamente parcializado hacia el Gobierno”, reprochó el director del OEV, Luis Lander.
El otro detalle es que Maduro sigue hablando sólo de parlamentarias: nada de presidenciales ni de generales. No obstante, sí aseguró que participarían todos los candidatos y partidos políticos. Vale acotar que a través de sucesivas sentencias del TSJ y disposiciones del CNE, los principales partidos políticos de oposición tales como Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y la Mesa de la Unidad resultaron inhabilitados para medirse en los últimos procesos electorales. Así mismo, figuras como Henrique Capriles Radonski están impedidas de participar en comicios por sanciones de la Contraloría General de la República.
“Maduro no habla de presidenciales porque sabe que si va en condiciones transparentes va a perder, pero es que la crisis del país no se resolverá con parlamentarias que son en diciembre de 2020, no ahora. Deben hacerse elecciones generales con todas las garantías y con observación de la comunidad internacional porque las del 20 de mayo de 2018 no fueron legales. Mientras, el país se deteriora a gran velocidad, con salarios de miseria, universidades y hospitales por el piso y la diáspora en crecimiento constante”, apuntó Berrizbeitia.
Junto a los legisladores Delsa Solórzano y Simón Calzadilla, entre otros, Berrizbeitia integra la fracción Concertación por Venezuela. Afirmó que de celebrarse sólo elecciones de la AN en el país, adelantadas o no, dicho movimiento se abstendría de participar o apoyar a candidatura alguna “porque no es la opción que quieren los venezolanos”.
Cese de la usurpación
El diputado Marquina es tajante: primero debe ocurrir el cese de la usurpación antes de que se convoque cualquier proceso electoral. Antes, subrayó, no tiene sentido acudir a las urnas, aunque aclaró que esa condición no excluye el proceso iniciado por la AN, dado que es una obligación constitucional designar a un nuevo Poder Electoral.
Con el cese de la usurpación, el parlamentario aurinegro se refiere al abandono de la jefatura del Ejecutivo por parte de Maduro para facilitar nuevos comicios. Vale acotar que ese requisito forma parte de la especie de mantra que Guaidó posicionó con su nombramiento, en enero de este año, como presidente encargado de la República por parte de la AN. Lo completan un “Gobierno de transición y elecciones libres”.
“Una vez que cese la usurpación se tendría listo el proceso con el CNE. El nombramiento no tiene nada que ver con la celebración de ninguna elección en estos momentos, ni parlamentarias, ni presidenciales. Llamar a votaciones en las actuales circunstancias y con Maduro en el poder sería un nuevo fraude. Un proceso electoral debe tener garantías de transparencia, que se respete la voluntad del pueblo que fue lo que no vimos el 20 de mayo de 2018”, dijo.
Marquina acusó al Psuv de jugar a profundizar la crisis, al advertir que el TSJ actuará de nuevo para nombrar a los rectores si en la AN no se produce un acuerdo, lo cual sería propiciado por la bancada roja.
“Nosotros estamos listos para dar el debate (…) Si no se hace aquí, se hará en el Tribunal Supremo de Justicia (…) De cualquier manera nosotros queremos que haya transparencia en el proceso electoral”, indicó el diputado Francisco Torrealba un día antes de que el Psuv se ausentara del hemiciclo.
Guaidó ha sido criticado las últimas semanas por dar muestras de estar dispuesto a ir a comicios con Maduro en Miraflores, por lo que se ha visto obligado a realizar aclaratorias.
“El origen de la crisis en Venezuela no son las parlamentarias, por eso no vamos a participar en parlamentarias ni nada que no permita una solución”, sostuvo en respuesta.
Desde el exilio, figuras como el exalcalde metropolitano Antonio Ledezma y el diputado Richard Blanco emplazaron a Guaidó a mantener los tres pasos para el cambio político en el país o que de lo contrario llamarán a la abstención si se convoca al pueblo a las urnas. “No avalaré ni apoyaré ningún proceso electoral con la narco tiranía usurpando el poder. ¿Estamos claros? Esta es nuestra coherente posición desde que desaparecieron los procesos competitivos en Venezuela. Espero que Juan Guaidó ratifique la ruta de cese de usurpación antes que todo”, escribió Ledezma en su cuenta en la red social Twitter.
Mientras, Maduro pregona que un acuerdo definitivo, con la venia del grupo “guaidosista” estaría a punto de producirse. “Se han empezado a implementar los acuerdos. Uno de los acuerdos es nombrar un CNE para las elecciones parlamentarias de 2020. Invitamos a que participen todos los sectores y partidos, que sean las elecciones de la reunificación nacional”, manifestó recientemente en cadena nacional de radio y televisión.
Por otro lado, algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) y voceros de la sociedad civil advirtieron que pondrán la lupa en todo el proceso que se gesta dentro de la AN para denunciar cualquier irregularidad y velar porque se respete tanto la Carta Magna como la normativa electoral. Al respecto, el abogado constitucionalista y presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, José Vicente Haro, indicó que estarán atentos a los nombres que se vean reflejados en el Comité de Postulaciones Electorales para evitar “coleados” con colores partidistas.
Caracas / Deisy Martínez
