Las autoridades colombianas desmantelaron una red que vendía documentos de identidad falsos a migrantes dominicanos y venezolanos en una operación en la que fueron detenidas 31 personas, entre ellas tres funcionarios de la Cancillería y tres de la Registraduría, informó este jueves la Fiscalía.
El grupo criminal ofrecía sus «servicios» en la ciudad caribeña de Barranquilla y por su operación, la Registraduría, que lleva el registro civil en el país, ha tenido que anular al menos 344 cédulas falsas que al parecer fueron vendidas, principalmente, a migrantes dominicanos y venezolanos, mientras que la Fiscalía constató la expedición irregular de 304 pasaportes.
«Según la investigación, la red cobraba entre 2.000 y 4.500 dólares americanos por suministrar documentos falsos a migrantes, quienes con esas aparentes identidades colombianas viajaban a México o Guatemala para cruzar, por vía terrestre, a Estados Unidos. Algunos de ellos se dirigían a países europeos para quedarse allí o buscar por esa ruta ingresar a Norteamérica», agregó la Fiscalía en un comunicado.
La institución también manifestó que el grupo criminal al parecer está activo desde 2021 y es liderado por un dominicano y una colombiana que «tenía a su disposición un número considerable de captadores, colaboradores, tramitadores y algunos familiares».
En ese sentido, había 11 personas que buscaban a los migrantes para ofrecerles y tramitar los documentos adulterados, mientras que tres empleados y seis exfuncionarios de la Registraduría «estarían a cargo de ubicar registros civiles de personas no ceduladas para suplantarlas».
Luego, tres empleados y cinco extrabajadores de la Cancillería se encargaban de «formalizar en pasaportes las falsas identidades».
«Con esa documentación fraudulenta, que les daba apariencia de ciudadanos colombianos, los migrantes viajaban con facilidad por distintos países», precisó la Fiscalía.
Estas personas fueron detenidas en operaciones realizadas en los departamentos de Atlántico, Amazonas, Bolívar, Caquetá, Casanare, Córdoba, Cesar, La Guajira y Sucre. La Fiscalía pedirá a un juez medida de aseguramiento preventiva contra ellos.
Los capturados serán imputados por los delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito.
Bogotá / EFE
